La OEA se suma al reclamo de la CIDH ante el régimen de Maduro por la detención del gendarme Nahuel Gallo
Lo hizo a través de la Resolución 1/125; determinó que se trata de una causa de "gravedad" y que sus derechos "enfrentan un riesgo de daño irreparable"
En un caso que ha escalado en la esfera internacional, la Organización de los Estados Americanos (OEA) se unió al reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir explicaciones al gobierno de Nicolás Maduro por la detención del gendarme argentino Nahuel Gallo. A través de la Resolución 1/2025, la CIDH calificó el caso como una situación de "gravedad" y advirtió que los derechos del detenido enfrentan "un riesgo de daño irreparable".
En tanto, el secretario General de la OEA, Luis Almagro, compartió un mensaje donde consideró que se trata de una "detención arbitraria" y que viola "las normas internacionales y de los principios fundamentales de humanidad y justicia que todos los Estados deben respetar".
"La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) repudia y condena la detención arbitraria por parte del régimen de Venezuela del agente de la Gendarmería Nacional Argentina, Nahuel Gallo", indica el mensaje difundido en las redes sociales del organismo.
Asimismo, afirman que "el caso del gendarme Gallo constituye un crimen de lesa humanidad según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional".
Más temprano, la CIDH solicitó al régimen chavista que garantice la seguridad de Gallo, permita su comunicación con familiares y abogados, y detalle las circunstancias de su detención. Según la resolución, emitida el 1 de enero de 2025, estas acciones son esenciales para proteger la integridad del detenido y asegurar el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos.
Las denuncias contra Venezuela
El caso tomó relevancia luego de que el gobierno argentino, liderado por Javier Milei, presentara una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI). La CIDH también enfatizó que la detención de Gallo, acusado en Venezuela de espionaje y terrorismo, no cumple con las garantías básicas del debido proceso judicial.
La CIDH otorgó un plazo de 15 días al régimen venezolano para responder a los requerimientos. Entre las medidas urgentes solicitadas, destacan:
- -Informar si Gallo se encuentra bajo custodia estatal y las circunstancias de su arresto.
- -Precisar las razones por las cuales no ha sido presentado ante un tribunal competente.
- -Permitir el acceso pleno de la familia y los abogados al detenido y a su expediente penal.
- -Adoptar medidas inmediatas para salvaguardar sus derechos fundamentales.
La resolución también subraya que el paradero de Gallo sigue siendo desconocido, lo que incrementa la preocupación internacional sobre su situación jurídica y física.
Contexto de represión en Venezuela
La CIDH recordó en su informe anual de 2023 la persistencia de una política de represión en Venezuela, caracterizada por detenciones arbitrarias, persecución política y violencia institucional. Según el organismo, el caso de Gallo se enmarca en esta estrategia, dirigida especialmente contra quienes son percibidos como opositores al régimen de Maduro.
Además, la CIDH lamentó la falta de respuesta del chavismo a los requerimientos previos, lo que ha impedido esclarecer las circunstancias del caso. "La ausencia de información oficial agrava la situación de vulnerabilidad del detenido", advirtió el organismo.
La detención de Gallo ha provocado una creciente presión sobre el gobierno venezolano, con denuncias de violaciones a los derechos humanos y críticas desde múltiples frentes. Mientras tanto, la familia del gendarme insiste en que su viaje a Venezuela tenía fines personales: visitar a su esposa y su hijo de dos años.
El caso, que ha captado la atención de la comunidad internacional, plantea interrogantes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y la capacidad de los organismos internacionales para intervenir de manera efectiva en situaciones de este tipo.
Con este último pronunciamiento, tanto la CIDH como la OEA han dejado en claro que continuarán monitoreando de cerca el caso de Nahuel Gallo, mientras esperan respuestas concretas del régimen de Nicolás Maduro.
El documento que se conoció este viernes fue aprobado el 1 de enero de 2025 por la presidenta Roberta Clarke; el primer vicepresidente, Carlos Bernal Pulido; el segundo vicepresidente, José Luis Caballero Ochoa; y los integrantes de la CIDH Edgar Stuardo Ralón Orellana, Arif Bulkan y Gloria Monique de Mee
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