Qué dijeron sobre la minería en Mendoza el arzobispo Colombo y el ministro Cabandié

Una de las claves del éxito, desde mi punto de vista, de las agrupaciones antimineras es el trabajo que hacen para desinformar respecto a la actividad y mezclar situaciones. De hecho, de las miles de personas que marcharon en diciembre contra la reforma de la 7722 era común que no supieran de qué se trataba el proyecto de la Ley 9209, que la reemplazaba, y repetían lo que escuchaban de la voz de sus referentes.

La repetición del discurso del miedo es una de las formas para actuar y tiene efecto multiplicador, porque hay muchos que lo repiten sin saber que hablar de cosas que están erradas desde el punto de vista técnico. Esas acciones las volví a ver esta semana durante una conferencia vía Zoom que se denominó "Nuestra casa común: crisis socio ambiental y acciones en defensa del agua y de la tierra", donde se encontraron dos personas públicas que se manifiestan en contra de la minería, el arzobispo de Mendoza y el ministro de Ambiente.

Marcelo Colombo y Juan Cabandié estuvieron en ese encuentro virtual y el primero de ellos ocupó sus minutos de exposición en destacar el trabajo realizado por la Iglesia en diciembre para oponerse al desarrollo de la actividad minera. 

Lo llamativo es que en su exposición habló de un conflicto que no me parecía conocido, porque para el resto de los expositores y la audiencia, lo que se discutió en Mendoza en diciembre era un cambio en el régimen del uso del agua en la provincia. Para cualquiera podría pasar por un error, pero no para Colombo quien -además de cura- es abogado, por lo que no podría alegar desconocimiento y lleva a entender que sabía muy bien lo que decía.

De acuerdo a su exposición lo que ocurrió en diciembre en Mendoza fue una "revisión de la legislación del uso del agua en el tema de la minería y la derogación de la Ley 7722", algo que está bastante lejos de lo que realmente sucedió. Yo, ustedes y el mismo Colombo saben que el uso del agua en Mendoza no se rige por la ley antiminera, sino por la Ley General de Aguas, la cual es más difícil de modificar que la mismísima Constitución y nadie ha propuesto su cambio.

No se trató de un tema aislado, fue toda su exposición, y repitió ese concepto en reiteradas oportunidades.Si somos estrictos mintió, porque en diciembre nunca estuvo cerca de discutirse el uso del agua, el cual -entre muchas otras cosas- establece que sólo el 1% del recurso hídrico se podrá utilizar para la industria (y no sólo para la minería, para todas). Eso estuvo, está y estará vigente sin ningún cambio.

La idea, según debo entender, va de la mano con las acciones que se hacen como parte de la militancia en contra de la actividad minera, mezclando temas y difundiendo una cuestión diferente a la que ocurrió realmente. Eso pasó en diciembre, cuando muchas personas defendieron la 7722 como la ley del agua, desconociendo el contenido de la 9209.

Pero Colombo no fue el único relator de la jornada, sino que también estuvo el ministro Cabandié, quien también aportó lo suyo. Ya había disparado en contra de la minería y contra el fracking, pero ahora también cuestionó a las autoridades que avanzaron con la reforme utilizando argumentos que -por lo menos- son cuestionables.

"El gran problema (en Mendoza) es que un conjunto de personas hayan pensado la posibilidad minera en una provincia con estrés hídrico producto de la reducción del volumen de los glaciares", dijo el ministro en parte de su exposición. 

Sin embargo, lo más llamativo es que -según aseguró- en diciembre del año pasado, cuando se generaron las manifestaciones, "el agua de la industria vitivinícola competía contra las familias, había escasez de agua". 

Volviendo al tema del uso del agua, es real que la agricultura es la industria que más recurso hídrico utiliza en Mendoza, pero no ha puesto en riesgo el consumo humano, que también está considerado en las normativas vigentes.

Entonces, cuando nos encontramos con estas imprecisiones que parecen ser deliberadas, es que podemos notar que el trabajo de los antimineros apunta en gran parte a confundir y desinformar, porque así es más fácil generar el miedo que movilizar a miles de personas.

No es casual tampoco que aún con la 9209 derogada se mantengan los discursos, porque ante la idea de Alberto Fernández de impulsar la actividad como un motor de crecimiento y generador de divisas, los grupos antimineros irán contra los desarrollos que se proponga y el ejemplo de Mendoza o Chubut serán banderas de lucha.