Cómo espía Venezuela a sus ciudadanos vía telefónica
El informe de Telefónica Venezuela constató el uso indiscriminado de la intervención de comunicaciones en el país por parte de organismos de seguridad y del Estado; pues Telefónica confirmó que se habrían hecho por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.
La empresa española Telefónica, casa matriz de Movistar Venezuela, reveló en un reciente informe de transparencia que hasta el 2021 intervino más de 20 % de las líneas telefónicas y/o de internet de sus clientes en el país y recibió 30 solicitudes de bloqueo de páginas web.
El informe constató el uso indiscriminado de la intervención de comunicaciones en el país por parte de organismos de seguridad y del Estado; pues Telefónica confirmó que se habrían hecho por órdenes del gobierno de Nicolás Maduro.
La cifra excede notablemente a las de operaciones en otros países en los que opera la multinacional española, donde las tasas de intervención no se acercan al 1 % de las líneas de sus clientes.
En concreto, Movistar Venezuela interceptó en 2021 un total de 1.584.547 líneas de clientes en Venezuela. Solo en el último año el gobierno de Maduro solicitó 861.004 intercepciones de líneas en el país, cuatro veces más que los "pinchazos" registrados en 2016.
El Observatorio de Internet Ve Sin Filtro señala que las intervenciones suponen prácticas que van desde intercepciones de llamadas y monitoreo de mensajes de texto (SMS) hasta dar la ubicación de personas por sus teléfonos celulares o el monitoreo de su tráfico en internet.
Además de las intercepciones, un total de 997.679 líneas de Movistar Venezuela han sido afectadas por solicitudes de metadatos, que según Telefónica tienen como objetivo obtener datos históricos referidos a:
- - Nombre y dirección del usuario registrado.
- - Datos para identificar el origen y destino de una comunicación. Esto incluye número de teléfono y nombres de usuario para servicios de internet.
- - Fecha, hora y duración de una comunicación.
- - Tipo de comunicación e identidad de los equipos de comunicación (como números IMSI e IMEI).
- - Localización del dispositivo del usuario.
Cabe alertar que, para Movistar Venezuela, las solicitudes de intercepciones provienen de organismos como el Ministerio Público, cuerpos como el Cicpc e incluso organismos policiales y militares "habilitados para ejercer atribuciones en materia de investigación penal". Aunque no menciona, en ningún momento, hechos u órdenes provenientes de tribunales o autorizadas por algún juez.
"En la legislación venezolana citada por Movistar, las solicitudes de interceptación deben ser aprobadas por un juez para que sean válidas, con excepciones particulares como el caso de urgencias y flagrancias, en las que el CICPC puede hacer el pedido, pero hasta en estos casos, debe ser notificado el Ministerio Público y constar en el expediente", señala Ve Sin Filtro.
Algunas faltas de garantías de la libertad de expresión en internet surgen en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. De acuerdo con la CIDH, estas normativas son aplicadas para bloquear o suspender temporalmente los servicios.
Bloqueos
El informe de Telefónica también alude a las prácticas cada vez más frecuentes de bloqueos de sitios web. En 2021, según el documento, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) le solicitó a Movistar bloquear hasta 30 URL.
Para justificar los bloqueos y restricciones de contenido, la multinacional española se basa en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 27 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos (Ley Resorteme).
Sin embargo, es necesario que exista una orden judicial y vías que garanticen el debido proceso para aplicar esta medida de censura, que incluye censura previa, vetada en la Constitución Nacional y en la jurisprudencia internacional.
Por otra parte, limitar el derecho a la libertad de expresión en internet con normativas que fueron creadas inicialmente para regular entornos de comunicación analógicos, suele violentar el ejercicio del derecho pues deja a un lado la naturaleza propia de la web. El Estado venezolano tiene la responsabilidad de establecer normativas que se adapten a los principios de neutralidad, accesibilidad, pluralismo y no discriminación y aplicar medidas menos restrictivas para limitar el derecho, como puede ser la rectificación o réplica.
Entre 2016 y 2021 Movistar recibió 1389 solicitudes de bloqueos de URL por parte de Conatel, de los cuales un 2 % eran sitios de juegos y apuestas por internet. El resto no se aclara de qué carácter son.
Solo en 2021 Ve Sin Filtro documentó que al menos 68 dominios de sitios web estuvieron bloqueados y Movistar fue el segundo ISP con más eventos de bloqueos documentados.
45 de esos 68 dominios bloqueados pertenecen a medios de comunicación independientes y críticos hacia el gobierno de Maduro y tres a organizaciones defensoras de derechos humanos, que a menudo son estigmatizadas y atacadas por voceros oficiales.
El informe de Telefónica sobre Venezuela
En el capítulo correspondiente a la Argentina. Telefónica dio cuenta de una notable disminución de intervenciones del Estado en líneas particulares, a raíz de la sanción de legislación específica.
Los datos del informe de Telefónica sobre Argentina son los siguientes:
