El CIDH denunció que Venezuela le negó información sobre Gallo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución revelando que el gendarme argentino Nahuel Gallo cuenta con 2 abogados cuyos intentos de obtener información sobre su situación han sido bloqueados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Según el documento, el 17 de diciembre de 2024, los abogados de Gallo acudieron a la Fiscalía General en Caracas para conocer su paradero. Sin embargo, las autoridades venezolanas rechazaron recibir la denuncia por desaparición y se negaron a proporcionar detalles sobre su estado.
El Ministerio de Seguridad argentino, hasta ahora, no había informado sobre la participación de estos representantes legales en las gestiones con las autoridades venezolanas.
En el informe, la CIDH detalla que los abogados se presentaron 11 días después de la detención de Gallo ante la fiscalía a cargo de Tarek William Saab, cuando todavía no se había confirmado oficialmente su captura ni las acusaciones por supuesta "vinculación a acciones terroristas". Paralelamente, la suegra de Gallo intentó obtener información directamente en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en Caracas, donde se le informó que el detenido no se encontraba en ese lugar.
En medio de estas denuncias, el gobierno de Javier Milei trabaja para garantizar la defensa de Gallo, mientras que la Justicia federal y organismos internacionales buscan esclarecer su paradero. Ante la gravedad del caso, la CIDH emitió medidas cautelares considerando que Gallo enfrenta un riesgo inminente de daño irreparable bajo custodia del régimen chavista.
La denuncia argentina fue presentada tras la detención del gendarme el 8 de diciembre. Días atrás, el gobierno de Nicolás Maduro difundió un video en el que presuntamente se observa a Gallo en su lugar de reclusión, aunque las condiciones de su detención y su estado de salud siguen siendo inciertos.
La CIDH destacó que el caso de Gallo ejemplifica una situación de vulnerabilidad extrema que requiere la atención inmediata de la comunidad internacional para prevenir una posible violación de derechos humanos.
La familia de Gallo, acompañada por figuras políticas como Patricia Bullrich, sigue reclamando respuestas, mientras la presión sobre el régimen de Maduro crece en el ámbito diplomático y judicial.
TN
