Qué es el Grupo de Lima y por qué Argentina decidió no apoyar su declaración sobre Venezuela

Doce países americanos (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú) conforman el llamado Grupo de Lima. Fue impulsado con fuerza durante la presidencia de Mauricio Macri y la actual gestión de Alberto Fernández, toma distancia de sus posiciones y decisiones.

Este bloque se formó el 8 de agosto de 2017 en la capital peruana, Lima, para encontrar salidas a la crisis en Venezuela. Entre otras cosas, exige la liberación de los presos políticos en el país sudamericano y critica la ruptura del orden democrático.

Argentina decidió no suscribir una declaración emitida este martes por el Grupo de Lima en la que se expresa un respaldo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, opositor al Gobierno de Nicolás Maduro.

"El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha. Argentina no suscribe esta declaración. No condice con la posición de nuestro país", dijo el Ministerio de Exteriores argentino en un comunicado.

El siguiente es, textualmente, el documento de la Cancillería que conduce Felipe Solá

El Grupo de Lima emitió una declaración en el día de la fecha. Argentina no suscribe esta declaración. No se condice con la posición de nuestro país. Así se lo transmitió esta Cancillería a los países miembros, al tiempo que manifestamos nuestra preocupación sobre las posibles implicancias del pronunciamiento y apelamos a la reflexión.

En primer término la referida declaración expresa su apoyo a un supuesto mandatario al que la Argentina no reconoce y quien nunca tuvo el ejercicio efectivo del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela.

La Argentina no comparte las referencias sobre el supuesto vínculo de la crisis en Venezuela con la seguridad y estabilidad de la región y su impacto global.

En este contexto, preocupa el llamado del Grupo de Lima a una convergencia con actores internacionales para una respuesta común hacia la "restauración de la democracia y el Estado de Derecho". Este llamado a una intervención extrarregional, que surge de modo casi abierto del comunicado del día de hoy, no se corresponde con la gravedad de los problemas ni con el tipo de desafíos que enfrenta Venezuela. Mucho menos puede admitirse una vía de acción que pueda generar un precedente de consecuencias impredecibles para América Latina y el Caribe.

Respecto de Venezuela, la Argentina comparte con la comunidad internacional la profunda preocupación por la situación de violaciones a los derechos humanos y exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En tal sentido reitera su apoyo al valioso trabajo que viene realizando la Alta Comisionada Michelle Bachelet dentro de Venezuela desde 2019, mediante el registro de testimonios y denuncias, y cuya actualización fue presentada este año en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Argentina confía en la efectividad de los mecanismos de protección desplegados en ese marco.

Como país receptor de un importante flujo de migrantes venezolanos, Argentina entiende el impacto regional en materia migratoria. En este sentido, reafirma nuestro compromiso con una eficiente respuesta a la crisis migratoria y humanitaria venezolana desde un enfoque de derechos humanos. Argentina ha sido y continuará siendo un país receptor de inmigrantes, manteniendo incólume la igualdad de derechos civiles, sociales y económicos entre nacionales y extranjeros.

Argentina confía en la gran vocación democrática del pueblo venezolano. Creemos que sólo por la vía electoral puede establecerse de manera pacífica y racional una ruta consensuada e inclusiva para resolver las diferencias políticas en Venezuela, respetando su Constitución.

Argentina reitera nuevamente que el rol de la comunidad internacional, en una coyuntura especialmente agravada por la pandemia del COVID-19 y por las sanciones unilaterales y los bloqueos físicos y financieros que repercuten sobre los sectores más necesitados, debe ser el de colaborar en la facilitación del diálogo entre las partes. Solo así será posible hallar una salida política que, en el marco de los mecanismos institucionales y constitucionales vigentes, liderada por los propios venezolanos, lleve en el más breve plazo posible a la plena vigencia de la democracia y los derechos humanos, a la recuperación de la economía venezolana y al bienestar de su gente.

Argentina mantendrá siempre su compromiso con la defensa de los derechos humanos y sostendrá los principios de no injerencia, paz y resolución política y democrática de la crisis venezolana.