Mendoza y el cannabis medicinal como política de Estado desde la UCR
Desde el comité nacional de la Unión Cívica Radical, emitieron este viernes un extenso comunicado en donde reivindican el uso de la planta para mejorar la salud. Destacan que con la regulación, como sucedió en Mendoza, Corrientes y Jujuy, Argentina avanzará hasta en temas de empleo.
Marzo empezó para Mendoza con una noticia definitivamente progresista. La ley 9.298 para el desarrollo legal del cultivo de cannabis para uso medicinal había entrado en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial.
La normativa, creada por el diputado renovador José María Videla y respalda por el gobernador Rodolfo Suarez desde el inicio, determina que cualquier mendocino que lo desee, puede emprender la actividad de manera particular.
Hoy, la Mesa Directiva del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical emitió un extenso comunicado en donde, justamente, destaca la importancia del cannabis medicinal como política de Estado. Y también, menciona a Mendoza, Corrientes y Jujuy como los provincias que, bajo gobiernos radicales, avanzaron en esta legalización.
Aquí, el escrito completo de la UCR:
"La historia de nuestro partido está marcada por la lucha por la generación de empleo digno y la diversificación de la producción nacional en pos de fortalecer las distintas regiones de nuestro país, poniendo en alto el federalismo y el rol de lo público.
Entendemos que el empleo, la educación y la salud son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad igualitaria, para mejorar la calidad de vida de las personas y construir un sistema democrático fuerte.
En los últimos años y a raíz de la lucha de distintas organizaciones de la sociedad civil, pero sobre todo de madres de niños y niñas con distintas patologías crónicas, nos fuimos introduciendo en la agenda del uso de la marihuana con fines medicinales.
En muchos casos, son las propias personas (madres, padres, familiares de pacientes) las que a través del autocultivo han encontrado la forma de abastecerse y poder acceder a estos tratamientos que, sin dudas, han mejorado la calidad de vida de pacientes con diferentes patologías crónicas. Esto es parte de la realidad y creemos que el rol y la presencia del Estado son fundamentales para incentivar, a través del desarrollo científico-tecnológico, la producción de cannabis para uso medicinal.
Si bien la Argentina avanzó tímidamente en la regulación legal de este fenómeno científico, aquellas personas que necesitan recurrir al tratamiento médico con derivados medicinales de cannabis siguen viéndose obligadas a recurrir al mercado negro, con el riesgo asociado que ello implica.
Tratándose de productos de procedencia desconocida, no se sabe qué composición química tienen, su calidad es por supuesto dudosa y su grado médico está lejos de poder ser verificado, ya que los productos no cumplen con ninguna de las condiciones que exige el sistema regulatorio.
La provincia de Jujuy, bajo un gobierno radical, tomó esta agenda como política pública, teniendo en cuenta la necesidad de superar esta contradicción que restringe el acceso a mejores condiciones de salud para la población y aprovechando la potencialidad de la región en cuanto a la posibilidad de consolidar un polo de desarrollo productivo, científico y tecnológico.
Jujuy avanzó en la creación de la primera empresa estatal de la Argentina (Cannava S.E.) que cultiva cannabis y elabora el producto para uso medicinal, en el marco del "Programa provincial de promoción del cultivo y producción de cannabis y sus derivados con fines científicos, medicinales y terapéuticos".
De esta manera, se dio lugar a un abordaje estatal, en constante evolución, que puso de manifiesto la posibilidad de abarcar todo el proceso productivo en el territorio local, desde la semilla hasta la elaboración farmacéutica final, apuntando a la diversificación de la matriz productiva jujeña y generando conocimiento y nuevos puestos de trabajo.
Así, la provincia ha instalado un complejo de biotecnología para la producción de ingredientes farmacéuticos activos derivados de cannabis, que permitirá contar con productos seguros, de calidad y grado medico, que sean asequibles económicamente para los pacientes que requieran de este tipo de tratamientos.
También, se destaca el avance en la misma materia, de provincias como Corrientes y Mendoza que han avanzado tanto desde lo legislativo como poniendo en valor el rol del Estado para la producción de cannabis con fines medicinales. Por otro lado, en la Provincia de Buenos Aires, a raíz del impulso de intendentes y legisladores del radicalismo, el tema ha cobrado relevancia y hoy es parte de la agenda pública.
Es por todo ello que desde la Unión Cívica Radical nos expresamos en favor de este tipo de políticas de Estado y las tomamos como parte de nuestra plataforma, porque a raíz de experiencias como la que se está desarrollando en Jujuy, es que estamos convencidos que sacaremos adelante la Argentina.
Actualmente, el Gobierno nacional está proponiendo una nueva ley que regule la producción de cannabis medicinal y Cáñamo industrial. Es muy importante que discutamos las potestades que deben tener las provincias para diseñar y ejecutar sus programas provinciales, sólo así se va a poder garantizar una visión federal en el desarrollo de estas industrias. Las provincias se hacen cargo de sus sistemas de salud y vienen sosteniendo las cada vez más endebles economías regionales.
Aprovechemos este horizonte de desarrollo como una herramienta para aportar a que superemos las asimetrías estructurales de nuestro país. Las provincias deben tener todas las herramientas para definir cómo se van a implementar las políticas públicas de desarrollo del cannabis medicinal y el Cáñamo industrial dentro de sus territorios, en línea con las definiciones normativas que establezca la nueva ley nacional que deberá debatirse en el Congreso.
Nuestro propósito, es y seguirá siendo el de apostar a mejorar la calidad de vida de las personas, generando fuentes genuinas de empleo desde la formación, la innovación, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de nuestras regiones económico-productivas y siempre entendiendo que el rol de lo público es central a la hora de delinear un plan estratégico que haga que nuestra economía comience a crecer y podamos construir un país con más oportunidades para todos.