Los inclusivos motivos de Gullé en el decreto de cupo trans para la Justicia

Desde el próximo 2 de agosto, todas aquellas personas travestis, transexuales y transgénero que vivan en Mendoza se podrán anotar en un registro de aspirantes para aplicar a un posible trabajo dentro del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la provincia.

Así lo dispuso el decreto n° 274/21 firmado esta semana por Alejandro Gullé, el procurador de Mendoza, que justamente dispone que "las personas travestis, transexuales y transgénero integren la Planta de Personal del Ministerio Público Fiscal en un porcentaje no inferior al uno por ciento, en relación al ingreso que se produzca anualmente y previa acreditación de la idoneidad para el cargo".

De esta manera, para hacer efectiva la disposición que lleva su firma, desde el primer lunes hábil del mes que viene, todos los interesados e interesadas podrán inscribirse, completando una serie de datos y requisitos, en la página web del MPF.

También, el documento solicita "al Poder Ejecutivo de la Provincia la habilitación de partidas presupuestarias e incorporación a la Ley de Presupuesto, de los cargos necesarios para el logro de los fines propuestos en la resolución".

Hasta allí, la explicación técnica pero, para conocer en la práctica qué implicará y, principalmente, saber qué motivó al jefe de fiscales a dictar esta resolución, Memo dialogó con él.

"No sé si Mendoza es la primera provincia en sacar una disposición de esta naturaleza, pero seguramente estamos entre las primeras. La realidad es que acá nos la hemos pasado muchos años predicando por diversidad sexual, la igualdad y el respeto por la identidad de género pero en rigor de la verdad no se ha materializado hasta ahora en hechos concretos", comenzó sincerándose Alejandro Gullé.

Si bien hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas, que recientemente a nivel nacional se aprobó la ley de Cupo Trans que está camino a ser promulgada, en Mendoza la deuda pendiente en esta materia era grande.

"Desde la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pidió que tanto la orientación, como la identidad y la expresión de género sean categorías protegidas por la propia convención y que tengan reconocimiento por parte de los Estados, hubo un cambio. Es vital garantizar realmente el goce de los derechos humanos de este colectivo de personas. Si no, nos quedamos en palabras nada más", siguió reflexionando.

Por lo expuesto, y considerando que históricamente las travestis, los transexuales y los transgénero no han tenido condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y, por ende, no han gozado de una verdadera inclusión, Gullé enfatizó en la necesidad que existe respecto a tomar medidas de esta naturaleza.

El estatuto del empleado público, sigue esperando la inclusión

Así, como parte de la resolución, también se señala la necesidad de que dentro del estatuto del empleado público se incluya una medida similar a la del MPF: "Hay que empezar a legislar de otra manera. Mientras, como no está en el estatuto, cada dependencia deberá sacar su resolución y hacerse cargo. En aras de construir una sociedad más igualitaria, cada quién deberá darles acceso a personas que han pasado una vida muy difícil".

Seguidamente, el procurador compartió que según su análisis y también por datos que se conocen, muchas veces los estudios de ese colectivo de la comunidad quedan relegados por hechos de discriminación. Y, por ende, en vez de poder terminar el secundario como cualquier estudiante, deben salir a trabajar (muchas veces en la prostitución) para mantenerse y sobrevivir.

"Esas dificultades que han tenido para avanzar en sus estudios, nosotros desde el Estado tenemos que repararlas. Y la manera es con una actitud positiva y con hechos concretos que les den la posibilidad de ingresar en la función pública, acreditando idoneidad para el cargo que van a ocupar", remarcó Gullé.

Y agregó: "Tampoco podemos olvidarnos que seguramente no van a tener el mismo nivel de capacitación que tiene el resto que sí tuvo todas las posibilidades plenas de estudio. Por eso, cada aspirante tendrá un ciclo de capacitación y formación laboral que va a estar a cargo de la Dirección de Perfeccionamiento y Modernización del Ministerio Público Fiscal, que junto con la Dirección de Enlace va a colaborar y trabajar en esta área".

Para cerrar, quien es abogado de formación, ahondó en que el problema de poner demasiados requisitos es que al colectivo que no tuvo las mismas posibilidades que el resto de la sociedad, se le hace más complejo ingresar.

"Por eso, primero tendremos que hacer una acreditación de la idoneidad y que se determine que la persona tiene capacidad. Luego, las perfeccionamos, capacitamos y vemos cuál es el área en la que se puede desempeñar mejor. La cuestión es integrarlas, que puedan trabajar, tener obra social, no ser discriminadas y tener una vida normal como cualquier otro ciudadano", concluyó Alejandro Gullé.