La foto que habla: Guaidó y los senadores de Mendoza

Cuando la razón está del lado de quien recibió el respaldo dentro del Estado de Derecho, no hay fuerza que lo pueda frenar en el desempeño de su función. Ni la brutalidad de una autocracia, ni debería suceder con la prepotencia de grupos que se autoarrogan una soberanía de la que, justamente, carecen. 

Vimos cómo en Venezuela el presidente encargado, Juan Guaidó, logró sortear todos los escollos físicos, con capacidad letal, con tal de cumplir con el mandato popular obtenido en las urnas: ser asambleísta (diputado) y parlamentar dentro de la Asamblea Nacional (el Congreso en Venezuela). Saltó por sobre los cascos de los uniformados y evitó sus armas. Entró al lugar en donde el voto ciudadano lo colocó y defendió su rol, a muerte. No se dejó condicionar. Y nada logró condicionarlo.

Aquí "el qué dirán" o la ausencia de conciencia cívica, aunque tal vez el miedo a diversas cosas (a perder popularidad, a que les pasen facturas por otras cuestiones pendientes) o bien la simple ignorancia, hizo que los legisladores que intentaban tratar, en su momento, la reforma de la ley 7722 se dejaran amedrentar, condicionar; fueron privados ilegítimamente de la libertad y no, no hicieron demasiado por defender el rol que hacía pocos días -para muchos de ellos- había decidido la sociedad mediante el voto universal y masivo en las urnas, en elecciones libres, cuyos resultados nadie cuestionó.

Afuera de la Legislatura, un grupo que protestaba con legitimidad se excedió en sus funciones, violando la Constitución. "El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes". Ninguna asamblea regional, local o barrial supera a la "gran asamblea" de los que fueron votados en las urnas en un proceso amplio y con resultados clarísimos. Ninguna consigna o ideales de sector debería tener más peso que la mismísima Constitución.

Pero la culpa no es del chancho, sino de quien le da de comer.

Los legisladores tienen un poder que deben defender con todos los elementos y no pueden tomar decisiones bajo presión social, porque esas decisiones carecerían de validez legal.

Tampoco deberían superponer sus egos o beneficios personalísimos por encima del interés general, que es la vigencia plena de las instituciones republicanas.

En Mendoza eso no pasó. Simplemente, se dejó actuar. Cedieron a la presión de un grupo de personas que, por más de que hayan sido mil, 10 mil o 100 mil (o 200, como en aquella jornada), jamás equipararon a la cifra de 1.111.175 personas que eligieron a sus representantes en las urnas, no en las redes sociales.

El tema es complejo y merece análisis y discusiones, pero jamás una suspensión de las garantías constitucionales por miedo a la horda. En todo caso, las opiniones de los manifestantes merecen respeto y consideración y, de hecho, tuvieron sus voceros dentro de la Legislatura, inclusive: no estaban silenciados. Pero no se legisla afuera sino adentro; nada indica que sea legal ni legítimo que un grupo se autoadjudique un mandato popular solo por contar con mucha presencia y likes en las redes sociales.

En este punto, Mendoza merece un llamado de atención. Su tan mentada institucionalidad está herida y tiene a sus responsables: los miembros de las instituciones que prefirieron ceder, impasibles, con bronca, pánico o exceso de confianza ante un reclamo importante, pero que no se canalizó por los carriles del sistema democrático vigente, sino por otro, al que sus integrantes llaman también "democracia", pero construida a la medida de sus ilusiones, ideales, intereses, creencias o lo que sea que los movilice.

Si esto sucede, estaríamos viviendo en la anomia, en un sistema tribal en donde ganará el que grite o amenace con el caos con más fuerzas o vehemencia.

Allí está Guaidó, rompiendo el cerco y defendiendo el mandato popular de las urnas, les guste a los que ostentan las armas o no, obtenga o no muchos likes en las redes.