Entre la falta de dólares y la abundancia de deudas, el Presupuesto parece de otro país

El debate por el Presupuesto adoleció de muchos errores que consisten en dibujar una realidad para "cerrar" un cálculo, pero, en realidad, están alejados de las proyecciones de la vida cotidiana. Hoy el Gobierno tiene una situación compleja donde le faltan dólares y la deuda del Tesoro más del Banco Central forman un paquete explosivo.

La dura cara de la pobreza 

Con diversos artilugios contables la gestión de Sergio Massa se ha encargado de ir dibujando los números para que el FMI no se queje y le autoricen nuevos desembolsos. Después de 6 meses de déficit fiscal contínuo, en septiembre se registró un leve superávit primario de $80.000 millones. Pero este número se alcanzó gracias al "dólar-soja" por el cual los exportadores liquidaron us$8.000 millones a $200 por dólar. Esta situación no la podrán repetir y están buscando nuevas zanahorias que actúen como placebos

Otra trampa de números en la relativa al superávit comercial, que después de varios meses mostrando déficit, apareció con números positivos. En principio, el déficit estaba justificado en las importaciones de energía, básicamente gas y electricidad, y gasoil. Pero ante la salida fuerte de dólares, se impuso una cuasi prohibición de importar. El combo de los precios récord de las materias primas agrícolas más la restricción de importaciones explican los números favorables. El superávit se ha conseguido a costa de paralizar la economía y no es muy meritorio.

Mientras tanto, el Tesoro sigue convalidando tasas altísimas para refinanciar el déficit fiscal. No emite moneda, pero se endeuda al 130%, lo que es muy mala señal para los mercados en cuanto a la expectativa de inflación futura. Si el gobierno creyese honestamente que la inflación sería del 60% anual el año 2023, no tendría sentido pagar tasas del 130%. Lo mismo le ocurre al Banco Central con las emisiones de Leliq, que ya han superado los 2 billones.

Esta claro que al Gobierno le falta dólares y le sobran deudas, sobre todo las deudas de corto plazo y en pesos. También está claro que están pagando cualquier costo pensando que luego le tocará al próximo gobierno lidiar con el tema. Otro endoso tan típico del kirchnerismo.

El presupuesto y las patria de los Moyano

El proyecto que llegó al Congreso tenía algunas pautas que causaban preocupación. En principio, se calcula una inflación del 60% para todo el año 2023. Esto solo puede alterar cualquier cálculo y hace que el Presupuesto sea solo un dibujo. Al ser mayor la inflación, será mayor la recaudación nominal y, al no estar prevista, queda como excedentes que el ejecutivo usa de forma discrecional, justo en tiempo de elecciones. Previendo esto, la oposición consiguió imponer una condición o cláusula gatillo para que, si la inflación supera el 60%, el Congreso vuelve a tratar el Presupuesto para ampliarlo y autorizar los nuevos gastos.   

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Aunque era difícil, era posible esperar un ajuste racional en los gastos, pero no sucedió nada, solo una quita en programas para discapacitados, una disminución del presupuesto para Educación y jardines de infantes. Se mantuvieron abultadas para partidas para el Ministerio de la Mujer o el INADI, organismos que no aportan absolutamente nada y que deberían desaparecen de la grilla de funciones. También es destacable un aporte de 10.000 millones de pesos a las obras sociales sindicales, un éxito de la CGT. Pero lo más complejo es que el mayor ajuste se piensa hacer mediante la creación de nuevos impuestos, en un país que está asfixiado por el Estado.

Otro tema que llamó la atención fue que, en la redacción original, se hacía a las provincias solidariamente responsables por las deudas de las distribuidoras eléctricas con Cammesa. Luego de arduas negociaciones se cambió el concepto y se incluyó algo que no es propio de un Presupuesto: se les otorgó a las distribuidoras un plazo de 90 meses para cancelar sus deudas con la cabeza del sistema mayorista. Los gobernadores no dicen nada y todos felices. Solo que la misma norma ordena a las provincias aumentar las tarifas para ayudar a las distribuidoras a pagar sus deudas. O sea, la deuda la pagaremos los usuarios nuevamente.

No obstante, apareció una exención el impuesto a las ganancias para el gremio de Camioneros por los viáticos que reciben para viajes al exterior. Más allá de las consideraciones de este ítem, resulta asombroso que se use el Presupuesto para satisfacer demandas corporativas, que consolidan un modelo fascista insoportable. Porque el mismo derecho tendrían otros trabajadores que ganan menos y están más afectados por este impuesto.

Pero lo notable fueron las cosas que se comenzaron a agregar entre gallos y medianoche, a medida que avanzaban las negociaciones. Uno de estos tuvo que ver con eliminar las exenciones al pago del Impuesto a las Ganancias que beneficia a jueces y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. Este tema también es complejo porque nadie debería tener estos beneficios porque se viola el principio de igualdad ante la ley, también es cierto que es un tema que requiere una ley especial, al igual que los de camioneros, para darles un tratamiento adecuado. Esto no se aprobó porque la oposición consideró que hacía falta una ley especial y que de esta manera se estaba usando la norma para presionar a los jueces.

De todos modos, surge algo muy peligroso y es la exhibición impúdica de poder y presión de la familia Moyano. Porque mientras habían conseguido meter el tema en el Presupuesto, negociaban un Convenio Colectivo donde pedían un 130% de aumento con amenazas de parar el país desde el lunes. Todos los funcionarios del Gobierno intervinieron para tratar de tranquilizar a los sindicalistas revoltosos y darles lo que pedían de alguna manera. No viene mal recordar que presiones sindicales por aumentos desmedidos de salarios fue uno de los detonantes que terminaron en el Rodrigazo, en 1975.

Lo cierto es que el Presupuesto parece de otro país, sin prioridades urgentes y con mucha plata para repartir. Es increíble.