Informe IDESA

En la última década, sólo 1 de cada 20 empleos creados fueron en blanco

El Instituto para del Desarrollo Social Argentino, advierte que en la última década, el 75% de los trabajadores se insertaron como empleados "en negro" o cuentapropistas.

IDESA

El Instituto para el Desarrollo Social Argentino señala que en la última década se observa un sostenido aumento de la informalidad laboral en Argentina y revertirlo, exige orden macroeconómico y una modernización de las reglas laborales.

El INDEC informó que en el 2° trimestre del 2024 la fuerza laboral en los 31 grandes aglomerados urbanos creció en 400 mil personas respecto a igual periodo del año anterior. De este aumento, 200 mil consiguieron ocupación y otras 200 mil se mantuvieron desempleadas, esto es, buscando activamente un trabajo pero no consiguiéndolo. 

Así, la tasa de desempleo en el 2° trimestre del 2024 fue de 7,6% de la fuerza laboral, lo que implica un aumento respecto al 6,2% registrado en igual período del 2023.

Evaluado en perspectiva histórica, el nivel de desempleo actual no es alto. Tomando los últimos 20 años, la tasa de desempleo promedio fue de 8,5%, incluyendo picos en los períodos 2004-2006 y 2019-2020 que fueron de dos dígitos.

Esto no significa que no existan severos problemas laborales sino que, en mercados laborales con alta informalidad como el argentino, se manifiestan por otras vías.

Una manera de ilustrar este fenómeno es observando la dinámica laboral de la última década. Según el INDEC, en los últimos 10 años (2014-2024), la fuerza laboral en Argentina creció en 3,2 millones de personas de las cuales el 92% consiguió empleo y el 8% se registra como desempleado. 

De las que consiguieron empleo la descomposición es la siguiente:

-El 5% se insertó en relación de dependencia registrado en una empresa privada.

-El 20% se insertó como empleado público nacional, provincial o municipal.

-El 75% restante se insertó como empleado "en negro" o cuentapropista.

Estos datos muestran que los déficits del mercado laboral no se reflejan tanto en la falta total de empleo (desocupación) como en el deterioro en la calidad de los empleos. 

En los últimos 10 años, apenas 1 de cada 20 personas que se incorporó al mercado laboral lo hizo en relación de dependencia registrada en una empresa privada. O sea, el empleo registrado en empresas privadas prácticamente no creció, manteniéndose en el orden de los 6 millones de trabajadores que representan menos de un tercio del total de los ocupados. 

La enorme mayoría de las personas que se incorpora a la fuerza laboral, lo hace en la informalidad, como empleado en relación de dependencia no registrado o auto-empleado.

Resulta muy revelador que la modalidad de trabajo que más creció en la última década sea el Monotributo. Actualmente hay registrados 5 millones de monotributistas, de los cuales 2,8 millones tienen al Monotributo como empleo principal. 

Según la Secretaría de Trabajo, desde el 2014 a la actualidad la cantidad de personas que se registró en el Monotributo como principal fuente de ingreso laboral aumentó en 1 millón de personas llegando al actual 2,8 millones de personas. 

Esto sugiere que mucha gente trabaja en condiciones asimilables al empleo en relación de dependencia, eludiendo la normativa laboral, a través de encuadrar el vínculo bajo la figura del Monotributo.

Que las empresas no aumenten el empleo asalariado registrado es consecuencia del estancamiento económico y las malas regulaciones laborales. Los cambios incorporados en la Ley de Bases corrigieron algunos desvíos -como la multiplicación de la indemnización por despido- pero dejaron pendientes temas sustanciales. 

Uno de los más importantes es que siguen vigentes convenios colectivos centralizados negociados en las décadas de los '70 y '80. En el Congreso hay 26 iniciativas legislativas que proponen mejorar la transparencia y democracia de los sindicatos y eliminar el cobro de aportes sindicales compulsivos. 

Pero ninguno aborda la descentralización de la negociación colectiva. Es prioritario establecer por ley un mecanismo para que las PYMES tengan la posibilidad de salirse de los vetustos convenios colectivos. Como logró hacerlo Mercado Libre saliéndose del convenio colectivo centralizado de camioneros.

La alta inflación ayudó a evitar la destrucción de empleos. El ajuste se hizo por licuación de salario real más que por reducción de empleo. 

Pero en un escenario de estabilidad de precios y dólar bajo, como se explicita en el proyecto de Presupuesto 2025, la modernización de las instituciones laborales es imprescindible. De lo contrario, el empleo asalariado registrado (particularmente en las PYMES) dejará de estar estancado y comenzará a caer. 

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