Presentación judicial desde Mendoza contra la Agencia Nacional de Discapacidad

La Defensoría de las personas con discapacidad de Mendoza presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal para "proteger los derechos de las personas con discapacidad afectadas por las largas y arbitrarias demoras en la resolución de sus trámites de pensión no contributiva". 

El área que conduce Juan Carlos González señaló que "este amparo no solo incluye casos individuales documentados, sino que busca una solución colectiva para todas las personas con discapacidad de Mendoza (más de 22.000 individuos) que iniciaron su trámite antes del 1 de abril de 2024 y aún no han recibido una respuesta definitiva". 

En su planteo, señalaron:

- "Creemos que es fundamental que se realicen auditorías sobre la gestión y el otorgamiento de pensiones, para asegurar la transparencia y la aplicación de sanciones ante las irregularidades. Pero es injustificable tanto la inacción del Estado en las solicitudes de pensión, como el recorte de derechos sociales consagrados. 

- "Las personas no pueden esperar tanto tiempo, en muchos casos años, sin una respuesta, vulnerando su derecho a una respuesta oportuna y, peor aún, resintiendo su salud de muchas y agudizando su situación de vulnerabilidad social". 

- "La medida solicitada a la Justicia Federal es clara: pedimos que se ordene el cese inmediato de esta conducta arbitraria e ilegítima, consistente en la omisión de resolver los trámites de las pensiones no contributivas". 

Por ello, señalaron:

- "Solicitamos que se emita de manera urgente el acto administrativo que resuelva las solicitudes de todas las personas con discapacidad afectadas, eludiendo la aplicación del Decreto Nacional N° 843/2024, cuya inconstitucionalidad también pedimos que sea declarada. Este decreto representa un retroceso en la lucha por los derechos de las personas con discapacidad, imponiendo criterios regresivos y contrarios a los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". 

Consideraron que:

- "Un problema sumamente preocupante sobre dicho Decreto, es que no solo impone restricciones para la entrega de nuevas pensiones, sino que también permitiría la revisión de las otorgadas con anterioridad desde las nuevas condiciones que establece que están basadas en criterios que reviven la noción de incapacidad laboral, como requisito excluyente para recibir una pensión". 

- "Este enfoque ignora que la imposibilidad de trabajar, para las personas con discapacidad no está limitada a cuestiones de salud, sino que está dada fundamentalmente por barreras sociales estructurales que dificultan su acceso a la educación, la salud y el trabajo". 

- "En un contexto en el que el 53% de la población del país vive bajo la línea de pobreza, flagelo que afecta en mayor medida a las personas con discapacidad y que además deben enfrentar obstáculos adicionales como la discriminación en el empleo". 

- "Las condiciones que impone este decreto restringen la autonomía de las personas con discapacidad al condicionar el acceso a la pensión a la falta de parientes obligados a garantizarles el alimento y sus necesidades. Además, reinstaura la incompatibilidad entre recibir una pensión y tener empleo, lo que las condena a una exclusión laboral total, en lugar de acompañarlas en un proceso de inclusión gradual. Esta normativa ignora que las personas con discapacidad tienen gastos adicionales por su condición y que requieren un apoyo constante para equiparar sus oportunidades para la inclusión".

Para finalizar, desde la Defensoría mendocjna indicaron:

- " Recordemos que el valor actual de una pensión no contributiva es de $ 171.000, por mes (+ Bono de $ 70.000 mensualmente sujeto a decisión del gobierno), monto que sabemos no alcanza a cubrir todas las necesidades de una persona, menos aún de una familia. Este conjunto de restricciones nos remite a normas y políticas perimidas que ya no responden a las obligaciones constitucionales e internacionales de nuestro país. En particular, contravienen los principios establecidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que promueve la equiparación de oportunidades y una participación plena en la vida social".