Primera infancia y Estado, un desafío que debemos asumir

Según el informe de UNICEF "Pobreza Multidimensional de Niñas y Niños en Argentina", dos de cada tres niños son pobres por ingresos o están privados de derechos básicos, como el acceso al agua, a una vivienda, a un baño adecuado, a la educación, a la protección social, o a un hábitat seguro. En esta misma línea, según los relevamientos sociosanitarios realizados por la Unidad Móvil CONIN, 6 de cada 10 niños menores de 5 años, que viven en zonas vulnerables,presentan malnutrición.

En este contexto, Argentina tiene un compromiso insoslayable con nuestra población infantil, es por ello que, a través de las políticas públicas, el Estado es quien debe regular y garantizar la alimentación, especialmente de los más vulnerables, y promover el acceso a alimentos adecuados, nutritivos e inocuos. No tengo dudas que el crecimiento y el desarrollo de los niños impacta directamente en el progreso de la Argentina.

En respuesta a lo señalado con anterioridad, el "proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", que comenzamos a tratar esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación, modifica la ley 27.611 de Mil Días, incorporando tres políticas públicas centrales para reducir la morbimortalidad materno e infantil, la malnutrición y desnutrición, entre otros. Por un lado, la política pública de fortalecimiento de la primera infancia, por otro, la política pública de detección y asistencia a las madres embarazadas y sus hijos por nacer, y, por último, la política pública de acompañamiento familiar. Es relevante la importancia que otorga la reforma a la coordinación entre el estado nacional, los estados provinciales y municipales para la implementación de los protocolos.

Otra modificación a resaltar es la ampliación de los objetivos de la ley en análisis, entre los cuales destaco garantizar el ingreso a la escolaridad obligatoria de todos los niños en situación de vulnerabilidad, y la terminalidad educativa de las madres en situación de vulnerabilidad, como así también fomentar su inserción laboral, teniendo en cuenta que según el Censo 2022, el 41,2% de las madres posee el secundario incompleto.

Es por todo ello que, no solo celebro, sino que apoyo los cambios que el Gobierno propuso respecto a la protección en general de la niñez y considero fundamental que todos los legisladores lo hagan, debemos tener en cuenta que la lucha contra la malnutrición infantil tiene que ser una prioridad y una política pública de Estado sin importar las diferencias partidarias y el bloque político al que pertenezcamos.