Orden y Progreso

El lema patrio de Brasil inscripto en su bandera es "Orden y Progreso", toda una guía para sus gobernantes, que resalta un principio fundamental: el orden es la base, el progreso es el fin.

A lo largo de los últimos años, Argentina viene acumulando un desorden normativo e institucional en varios frentes que son la base para ejecutar políticas que fomenten el desarrollo. Un claro ejemplo de esto es el desmembramiento de la administración pública nacional ante la proliferación de entidades paralelas que co-ejecutan políticas públicas.

En este contexto, la importancia económica y financiera de empresas públicas y entes fiduciarios (fideicomisos) resulta cada vez mayor. Estos organismos, por su naturaleza comercial y jurídica, operan fuera del Presupuesto de la Administración Nacional, y la información sobre su desempeño resulta parcial, dispersa y se obtiene con rezagos, aspectos que dificultan el seguimiento, monitoreo y evaluación de su desempeño. Las políticas estratégicas para el desarrollo del país se ejecutan bajo esquemas institucionales solapados, con baja coordinación de objetivos, donde conviven fideicomisos públicos, empresas públicas y organismos de la Administración Nacional.

Argentina hoy cuenta con 59 empresas públicas que actúan en diversos sectores de la economía (energía, transporte, comunicaciones, sistema financiero, entre otros). Una de cada cuatro empresas se incorporó entre 2003 y 2015. La Oficina de Presupuesto del Congreso analizó 34 empresas públicas, concluyendo que emplean más de 111.000 personas, sus gastos totales explican el 20% del Gasto del Sector Público Nacional y representa un 5,4% del PBI.

Si bien existen situaciones muy heterogéneas, los niveles de eficiencia de muchas empresas públicas comienzan a generar serias preocupaciones ante la falta de visión estratégica, gestiones pocos profesionalizadas, la cooptación política de sus directorios y gerencias, y los crecientes niveles de déficits que las hacen cada vez más dependientes del Tesoro para poder operar.

En el 2007, las empresas públicas estaban prácticamente equilibradas, no requerían transferencias del Tesoro para operar. Desde entonces comenzó un deterioro y, según el presupuesto 2023, estas empresas necesitarán este año transferencias del Tesoro por $1,8 billones. Energía Argentina, Operadora Ferroviaria (SOFSE), Agua y Saneamiento (AYSA), y Aerolíneas explican gran parte de las transferencias. El déficit de las empresas públicas representaría este año cerca del 1,5% del PBI, y explicaría la mitad del déficit primario 2023 de la Administración Nacional. Este déficit se gesta no solamente por niveles de ineficiencia en la gestión, sino también debido a la implementación de políticas de precios bajos que en muchos casos resultan fuertemente distorsivas e inequitativas en sus impactos territoriales (concentración en el AMBA).

Si bien las empresas públicas en muchas ocasiones resultan necesarias para solucionar fallas de mercado y para promover políticas de desarrollo, el contexto exigirá que el próximo gobierno replantee cuál es el rol estratégico que cumplen las 59 empresas públicas, en qué medida promueven el desarrollo económico y social, cuáles resultan estériles o generan impactos o externalidades negativas, que niveles de eficiencia tienen las gestiones; entre otros aspectos imprescindibles para comenzar a ordenar la situación.

Por otro lado, los fideicomisos públicos que eran 15 en 2016, aumentaron a 28 durante el presente ejercicio fiscal. Estas entidades, en las que el Estado es el fiduciante, poseen como principal recurso transferencias presupuestarias, lo cual genera un creciente desmembramiento del presupuesto nacional, y una duplicación innecesaria de funciones. Este año, las transferencias del Tesoro a los fideicomisos públicos alcanzaría los $749.360 millones. Si bien la creación de estas estructuras jurídicas, separadas de la administración nacional, en ciertos casos resulta oportuna, se realiza un uso abusivo. La mayoría de los nuevos fondos fiduciarios financian actividades presupuestarias que podrían ejecutarse desde la Administración Nacional. Actualmente hay fondos que otorgan subsidios, compensaciones tarifarias al transporte y al consumo de energía, financian obra pública (como vial o hídrica) o construyen viviendas sociales. Año tras año se van solapando funciones básicas, estructuras y acciones, debilitando los organismos tradicionales del Estado mediante la creación de entes que presentan déficits de información y control. Esta situación también exige una revisión y replanteo que justifique y evalúe si los objetivos que persiguen las políticas públicas realmente requieren de estas figuras jurídicas.

En síntesis, la Argentina que viene necesitará mayor orden en muchas estructuras y regulaciones que configuran la base para implementar políticas estratégicas. Será fundamental fijar con claridad objetivos y metas a cumplir de aquellos fondos fiduciarios y empresas públicas que resulten imprescindibles con el fin de evaluar su funcionamiento, aporte y complementariedad con la Administración Nacional. A su vez, necesitaremos mejorar y consolidar un sistema de información que permita evaluar profundamente el desempeño de estos entes mediante mecanismos de seguimiento más efectivos y transparentes. En definitiva, mayor orden resultará una condición necesaria para que el Estado diseñe y ejecute políticas públicas que nos acerquen al progreso.