Suarez enfrenta al Poder Judicial por sus altos salarios

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, anunció que enviará un proyecto a la Legislatura para disminuir las asimetrías en torno a los salarios que cobran en el Poder Judicial. "Nadie puede cobrar más que el Gobernador", indicó en un hilo de Twitter en el que afirmó lo siguiente:

- "Luego de conocer que una secretaria privada de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza percibe un salario de bolsillo de $406.818 y no paga Ganancias, en nombre de los mendocinos y mendocinas, seguramente indignados, me pondré al frente para terminar con estas asimetrías".

- "Por tal motivo enviaré un proyecto de ley a la Legislatura, a efectos de regular que el salario tenga directa relación con la prestación y función que se ejerza y ratificar que nadie puede cobrar más que el Gobernador".

- "Además, instruiré a la Asesoría de Gobierno que lleve adelante las acciones para declarar la inconstitucionalidad de norma alguna que permita estas designaciones, equiparando a una persona (en este caso Procuradora) a percibir el sueldo de una Juez de Primera Instancia, como así también, analizar el perjuicio patrimonial provocado al Estado, a través de los órganos a los que les correspondan investigar". 

- "Aproximadamente 360 contribuyentes deben pagar el impuesto automotor, de un vehículo de valor aproximado de $500.000, para abonar un salario de ese monto".

- "Existe un principio rector de equidad, legalidad, legitimidad y justicia que nadie puede cobrar un sueldo por un trabajo que no tiene relación con lo percibido, lo contrario constituye un ardid y perjuicio al estado".

El caso al que hace mención Suarez es el de Elizabeth Carbajal, quien percibe una salario de bolsillo superior a 400 mil pesos. Esta situación salió a la luz en medio de la guerra entre el presidente de la Corte, Jorge Nanclares, y los jueces del fuero Civil.

Recientemente, la Corte sacó una acordada para quitarle personal al fuero Civil y enviarlo a los Tribunales de Familia. Ante esto, los jueces civiles cuestionaron esta decisión y sugirieron que se utilicen otros recursos, y apuntaron al elevado salario que perciben empleados equiparados a jueces.