Manda el Clan Moyano: no es CFK sobre Fernández ni Massa

En la Argentina hay una puja de las corporaciones por tomar decisiones en beneficio propio. Algunas consiguen imponerse sobre otras y rompen cualquier posibilidad de que la administración de la democracia imponga un criterio en común: gana el más fuerte. Esta "ley de la selva" que se impone inclusive por sobre la Constitución, genera que el país sea una especie de confederación de privilegios. El estado adolescente de la institucionalidad sigue esperando la adultez democrática, que no es una condición que se obtiene con el solo transcurrir del tiempo, sino algo que se busca, por lo que se lucha y que se consigue derribando a quienes se oponen al funcionamiento pleno del sistema republicano.

Massa, Morales, el "no pero sí" y el tercer desempate del árbitro mendocino Cobos

El libreto de la Argentina contemporánea puede leerse en el previsión presupuestaria. Si bien resulta tan solo una formalidad pocas veces respetada, y que se basa en datos imposible de contrastar con la evolución de la realidad en el país del día a día, sobre todo cuando a números se refiere, exhibe el alma de un Gobierno.

Esa aura, en la actualidad bastante gris, que deja ver la actual administración, está marcada por aquellas presiones ante las cuales es el gobernante el que decide rendirse o bien, resistir.

De allí que los comportamientos en la prensa de oficialismo y oposición se caigan a pedazos cuando actúan alrededor del tratamiento del Presupuesto. La predisposición que demuestran es distinta. Las acciones hasta pueden ir en sentido contrario de lo que se cacarea en la puja mediática. Es una negociación que puede resultar buena para generar un criterio común y promediar los beneficios, o mejor: darle mejores oportunidades a los más desfavorecidos, buscando equilibrios. O no: unos y otros pueden asumir la representación de la disputa por privilegios y, de tal manera, acordar o desacordar por fuera de los carriles formales.

Desde el peronismo, con el poder en un puño, viven hablando del "poder fáctico" como aquel integrado por empresarios a los que dibujan como monstruos que se quedan con todo y que tienen más fuerza que ellos, aun dominando todos los resortes del Estado. Puede que tengan algo de razón y también, que exageren su ajenidad a la responsabilidad de organizar el país. Pero hay algunas cosas que conocer en torno a qué sectores son los que gritan más fuerte y por qué se les hace caso, casi sin chistar: alguien los representa dentro de la política y habla por ellos, los interpreta y les gestiona los favores y actúa en su nombre. Y hay una corriente que invisibilizan por conveniencia, como es la del verdadero parlamento propio que tiene el oficialismo nacional, que es el sindicalismo y los movimientos sociales. Es un Congreso que funciona en paralelo, pero también un sistema de poder simultáneo al económico, que dominan no solo empresas, sino sectores completos de la actividad productiva, definiendo si funcionan o no, regulando la coyuntura con su capacidad coercitiva sin igual.

(No tan) Juntos por el Cambio, la oposición Antón Pirulero

En este contexto, hoy -y solo hoy; ya se verá mañana- no es Cristina Kirchner la que le maneja el gobierno a Alberto Fernández ni lo es Sergio Massa. Todo indica que lo es un clan familiar de apellido Moyano, desde un holding con patas activas en gremios y empresas con la capacidad de disciplinar a la política.

La ley de Presupuesto 2023 logró en la media sanción que obtuvo en la Cámara de Diputados, la aprobación del artículo que otorga un beneficio a los conductores de medios de transporte de larga distancia -como los camioneros que cumplan ese requisito-, profundizando un trato diferencial, respecto de otros trabajadores, en el Impuesto a las Ganancias. Es solo un botón de muestra de todo lo dicho anteriormente.

De esta forma, se eleva en un 400% para quienes hagan recorridos de al menos 100 kilómetros, el tope de la deducción por "gastos de movilidad, viáticos y otras compensaciones análogas" abonados por las empresas. Por los salarios de 2022 -la novedad regiría a partir de este año, según se especifica en la letra de la iniciativa-, eso provocaría que el monto que se deja de abonar al fisco, gracias a esa deducción, pase de un máximo anual de aproximadamente $90.000 a uno de $440.000 (una diferencia de $350.000 por trabajador).

Y a pesar de haberlo conseguido, redobla la apuesta. Al menos en su accionar público (quién sabe lo que reclama en privado) extorsiona con paralizar al país si a su sector no se le otorga un incremento salarial de 130%.

De aquí que cuando se da quórum o se quita, se vota o se deja de votar; alguno discute hasta el final en el recinto o se borra de la sesión -escandalosa o disimuladamente- hay mucho más que lo que vemos.