Sin grieta, todos los diputados mendocinos votaron por suspender desalojos en "barrios populares"

Todos los diputados mendocinos votaron el proyecto de ley que prorroga el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, a la vez que incorpora una serie de modificaciones a la norma actual.

Se trata de una ley aprobada en 2018, impulsada por los entonces oficialistas Elisa Carrió, Nicolás Massot y Mario Negri -actualmente diputado-, y que se aprobó por unanimidad en ambas cámaras en aquella ocasión.

Patricia Bullrich criticó ferozmente en Twitter que el partido que preside, el PRO, lo haya acompañado. "Si sos okupa, no te pueden embargar. Si pagás impuestos y alquilás una propiedad, te destruyen. No entiendo, ¿a quién defendemos? Esto hay que explicarlo", tuiteó.

El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo en septiembre pasado, fue aprobado por el pleno por 227 votos afirmativos, 2 negativos -Francisco Sánchez (PRO) y Carolina Píparo (Avanza Libertad)- y 3 abstenciones, de Gustavo Hein (PRO), Marilú Quiroz (Pro) y Carlos Zapata (Ahora Patria).

A través de la iniciativa se contempla la declaración de utilidad pública y expropiación de más barrios populares, que se incluyeron al ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana) después de sancionada la ley.

Además, establece la prórroga de la suspensión de los desalojos como garantía de implementación de la ley y del derecho a la vivienda por el plazo que dura la declaración de utilidad pública de 10 años.

Asimismo, se extiende la declaración de la emergencia socio urbana, sanitaria y ambiental en los barrios populares identificados en el ReNaBaP por el plazo de 2 años.

Otro de los puntos establece que los habitantes de estos barrios "tienen derecho a acceder a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación". "Todos los niveles de gobierno y organismos intervinientes deberán implementar las medidas adecuadas para asegurar su inclusión y la asequibilidad para, gradualmente, constituirse en usuarios formales de los servicios públicos, debiendo adaptar las normativas para facilitar la realización de tal derecho", agrega el articulado.

También prevé que la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial deberán ser "progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad". 

Se modifica la integración del fideicomiso, de modo que también se pueda conformar con "bienes inmuebles que le transfiera en forma directa el Estado Nacional" y "bienes inmuebles que obtenga directamente el fideicomiso, sean los que integran el RENABAP u otros necesarios para cumplir con los objetivos de la ley".

Y se incorpora a la ley el artículo 18 bis, el cual indica que el 75% de los fondos del fideicomiso, como mínimo, tendrán que destinarse al proceso de urbanización; el desarrollo de infraestructuras necesarias para establecer condiciones en el hábitat y las viviendas; y otros destinos relacionados al acceso a la urbanización, integración socio urbana, la adquisición de tierras para la producción de nuevo suelo urbano y/o regularización dominial.

La diputada del Frente de Izquierda-PO Romina Del Plá aclaró que votaría a favor, como en 2018, por el punto relacionado a "la prohibición o suspensión de los desalojos", la cual consideró "una medida muy concreta, de aplicación directa e inmediata en favor de las familias que habitan estos barrios y en forma sistemática están asoladas por estas amenazas".

En esa línea, criticó la "hipocresía de los dos bloques mayoritarios que se la pasan desalojando barrios populares; no hay distinción". En su discurso, la bonaerense alertó que "hay un déficit habitacional de cuatro millones de viviendas, y sigue creciendo" porque "es ínfimo lo que se destina a la construcción de viviendas populares". Incluso, en esta ley, "no se termina de definir con precisión cuáles son los recursos que se van a asignar".