El ajuste del Gobierno: qué gastos recortó y cuáles amplió Economía
No todas las modificaciones presupuestarias aprobadas estuvieron destinadas a reducir el gasto, pero se avanzó sobre diversas áreas, mientras todos estaban distraídos en el kirchnerismo en defender a Cristina Kirchner.
El ministro de Economía, Sergio Massa, avanzó con el recorte del gasto del Estado, mientras el resto del Gobierno y el peronismo estaba atento a lo que ocurría en la justicia con la Causa Vialidad y el pedido de condena a Cristina Kirchner, entre otros
En la primera modificación que aplica al presupuesto nacional, el Tesoro dispuso un ajuste en los créditos vigentes (el dinero que pueden gastar) de los ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Territorial y Hábitat, y recortó el dinero disponible para las provincias.
Sin embargo, Economía amplió las partidas de empresas públicas en $60.000 millones.
En particular, Massa redujo en casi $50.000 millones el gasto de capital (obra pública) previsto para provincias y municipios para lo que resta del año, según la decisión administrativa 826/2022 publicada en el Boletín Oficial.
Alrededor de $20.000 millones de ese recorte, a su vez, figuraba bajo el presupuesto asignado al Ministerio de Educación, que iba a ser transferido a las provincias. Por ejemplo, el Ministerio de Economía redujo en $15.000 millones el dinero asignado al programa "Fortalecimiento Edilicio de Jardines Infantiles", según la decisión administrativa 826, firmada por Massa y el jefe de Gabinete, Juan Manzur.
Dentro de Educación, el Tesoro también determinó un recorte de $50.000 millones para el programa Conectar Igualdad, que fue creado en 2010 por la expresidenta Cristina Kirchner, con el objetivo de entregar netbooks a estudiantes y docentes de secundaria de escuelas públicas. Según explicaron en el equipo de Massa, Educación no llegaba a licitar la totalidad de las computadoras y por eso cedió ese presupuesto.
En total, el Ministerio de Economía redujo en $70.000 millones las partidas a la cartera que dirige Jaime Perczyk, ya que también recortó en $5000 millones una asignada originalmente a "infraestructura y equipamiento" para Educación.
En menor medida, el Gobierno redujo el presupuesto para el Ministerio de Salud en $10.000 millones, una partida que estaba destinado a la compra de productos farmacéuticos y medicinales, bajo el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. En el entorno de Massa dijeron que ese dinero estaba destinado a las vacunas Covid que iban a comprar a Rusia (la Sputnik).
El ex Ministerio de Desarrollo Productivo, que ahora es una Secretaría que depende de Economía, tuvo un ajuste también en su presupuesto de $70.000 millones. En detalle, se le recortó en $62.200 millones las transferencias que el Tesoro tenía previstas a los fondos fiduciarios Fondo de Garantías Argentino (FoGar) y al Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep), entre otros. Lo curioso es que se trata de dos fondos cuyo fiduciario (el que administra el dinero) era el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que presidía José Ignacio de Mendiguren, pero que renunció para asumir como actual secretario de Desarrollo Productivo.
El Tesoro también recortó en $50.000 millones las transferencias destinadas al Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. En particular, el ajuste total recayó en el programa Procrear (Fondo Fiduciario Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar).
Finalmente, Economía también realizó un ajuste en las partidas presupuestarias para los Ministerios de Transporte, en $10.000 millones, y de Obras Públicas, en $20.000 millones. El recorte en Transporte afecta al ferrocarril General Roca ($75 millones), a la construcción de una torre de control aéreo ($225 millones), a las políticas de Movilidad Integral de Transporte ($7000 millones) y al Transporte Fluvial y Marítimo ($2700 millones). El ajuste en Obras Públicas, en tanto, alcanza a la Infraestructura Penitenciaria ($4000 millones) y al Desarrollo de Infraestructura Ambiental ($1500 millones), entre otros.
No todas las modificaciones presupuestarias aprobadas estuvieron destinadas a reducir el gasto. El Tesoro determinó un incremento presupuestario para sus propias obligaciones de gasto corriente en $82.000 millones. En detalle, se amplió en $60.000 millones las partidas a las empresas estatales y $22.000 millones para asistencia al personal.
