La minería en Malargüe y sus detractores

El periódico digital "El Pregón Minero" reprodujo el 19 de mayo una nota publicada por el diputado provincial Emanuel Fugazzotto, titulada "Fugazzotto cruzó a Ojeda por sus dichos sobre la minería: 'Malargüe no avanza en nada'", en la que incluye expresiones despectivas respecto de la industria minera. La nota parece tener la finalidad de "hacer política partidaria" y como tal no ameritaría darle trascendencia, pero considerando que su autor es miembro de uno de los poderes del gobierno provincial, creemos conveniente explicar algunas cosas que posiblemente desconozca y por eso puede llegar a emitir juicios inapropiados sobre nuestra actividad.

La Argentina es un país con universidades que forman excelentes profesionales en todas las especialidades, incluyendo por supuesto a los que investigan, exploran, alumbran nuevos recursos minerales, los ponen en producción y elaboran las materias primas que demanda el amplísimo ámbito industrial moderno. Igualmente, son egresados de las mismas casas de estudio los profesionales que el Gobierno contrata o emplea para llevar a cabo los controles propios de cada Autoridad de Aplicación. Tanto unos como otros son responsables, en cada caso, de cumplir y hacer cumplir las normativas vigentes, incluyendo las ambientales que son abundantes y de avanzada.

El agua de Mendoza está bien protegida y administrada en base a la Ley de Aguas y a la Constitución Provincial. La Ley 7.722 no es guardiana del agua. Se redactó con prohibiciones específicas y exclusivas para impedir la puesta en marcha de tres proyectos que en el 2007 estaban en condiciones de entrar en producción y crear nuevos empleos.

Tiene fecha la construcción de Josemaría, el proyecto minero más grande del país 

Si bien esto ya ha sido explicado con detalle en otras publicaciones ("Minería: Perón y después", Editorial Dunken, 2021) haremos algunas menciones al gran engaño que contiene el texto sancionado en esa Ley.

La Ley prohibió a los mineros usar mercurio, porque supusieron que se usaría en una mina de oro, pero en abril de 2010 se erigió en la mejor demostración de la verdadera intencionalidad de la norma, cuando una planta potabilizadora de Obras Sanitarias Mendoza tuvo que cortar el suministro a la población al detectar que recibía agua contaminada con mercurio proveniente de una industria cercana y no hubo ninguna manifestación ni prohibición en contra de "ese mercurio". En otras palabras, le hicieron creer a la gente que la ley era para cuidar el agua y la realidad puso al descubierto el gran embuste. La Ley era para impedir la minería y nada más.

También prohibió usar ácido sulfúrico, una prohibición única en el mundo, y se incluyó pura y exclusivamente para impedir el proceso mineralúrgico de las minas Sierra Pintada y San Jorge. Se le hizo creer a mucha gente que prohibiendo usar ácido sulfúrico en la mina Sierra Pintada se protegía el agua de San Rafael. Sin embargo, la gran mentira quedó al descubierto en el 2019 cuando el Gobierno de Mendoza informó el comienzo de los trabajos de remediación para cerrar la mina, que tendrían una duración de hasta diez años y que para ello se utilizaría la planta de procesamiento para obtener concentrado de uranio, con el mismo ácido sulfúrico que se usaba con la mina en producción. Esto no puede ser más claro. El objetivo no era dejar de usar ácido sulfúrico para cuidar el agua sino impedir la producción de la mina.

Con respecto al cianuro, es una droga que se usa en la minería argentina desde hace más de cien años y lo mismo ocurre en un gran número de minas de oro y de plata en diferentes países del mundo, incluyendo a algunos que ostentan los mejores estándares ambientales como Finlandia o Suecia. Los registros periodísticos de nuestro país muestran que hubo víctimas fatales debidas al cianuro solamente en el Gran Buenos Aires, donde no hay ninguna actividad minera.

La mención de Jáchal también merece una explicación porque a partir de una "noticia" publicada por la Universidad Nacional de Cuyo se le hizo creer a mucha gente que el grave accidente ocurrido en la mina Veladero en el 2015 había envenenado el agua de esa ciudad. Por el contrario, todos los informes técnicos (Expediente Judicial del Juzgado de Jáchal, Auditoria de Naciones Unidas, Universidad Católica de Cuyo, Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial, Obras Sanitarias) coincidieron en afirmar que el derrame tuvo un alcance limitado y afectó a los ríos de las Taguas y de la Palca pero no produjo ningún cambio en la composición del agua del curso río Blanco - Jáchal comparada con la respectiva línea de base ambiental.

Ojeda: "A diferencia de otras provincias, en Mendoza la metalmecánica es lo que nos dio de comer" 

Otra mención que debe aclararse es la supuesta relación entre la minería y la pobreza. Si bien puede haber países pobres que producen materias primas minerales, no es la minería lo que los hizo pobres. Las estadísticas mundiales nos muestran que entre los principales productores mineros del mundo se destacan China, Estados Unidos, Australia y Canadá, naciones que no pueden calificarse como "pobres". Y en nuestro ámbito regional, si volvemos a la ciudad de Jáchal, vale la pena citar que los mejores sueldos que ingresan a las familias de esa zona son los provenientes de la minería metalífera.

No tenemos antecedentes para opinar acerca de la supuesta obligación del Gobierno de mantener los humedales con agua, pero si eso constituyera un incumplimiento debería hacerse la pertinente denuncia ante la Justicia.

Por último, conviene reiterar algo que hemos dicho en otras oportunidades. La minería no es una alternativa para reemplazar a otras actividades productivas sino una oportunidad para sumar a los sectores de la producción existentes la posibilidad de aprovechar el potencial geológico minero y generar más fuentes de producción y trabajo para bien de los mendocinos.

EL AUTOR. Eddy Lavandaio. Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.