Erika Guevara Rosas, de Amnistía: "La decisión de Argentina sobre Venezuela le da la espalda a millones de víctimas"

Para la directora de Amnistía Internacional para América, Érika Guevara Rosas, si bien los países tienen derecho a limitar la circulación de las personas en función de una pandemia, estas medidas tienen que ser "proporcionadas" y "planificadas en función del respeto por los derechos humanos (DDHH)". Así lo analizó en diálogo con el programa "Tormenta de ideas" que se emite por Radio Nihuil los días sábados.

Al enfocarse en su reciente informe en torno a los sucesos de Cali, Colombia, en donde acusa al gobierno de ese país de hacer la vista gorda con respecto a la generación de paramilitarismo y apañar la represión desproporcionada a los manifestantes, también consideró violatorias de los derechos de las personas situaciones que se viven en países de diferente signo político gobernante, como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Argentina.

Sobre nuestro país, criticó dos aspectos: el manejo de algunas provincias de las restricciones en la pandemia y el acompañamiento que se le da a Nicolás Maduro, considerado por la entidad como responsable de la salida del país de 5,5 millones de personas, ejecuciones, desaparición forzada de personas y torturas, entre otras atrocidades.

Este es el diálogo con Érika Guevara Rosas:

-Francamente nos hemos quedado sorprendidos por el nivel de violencia, la represión violenta, el paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas qué es lo que ha detectado Amnistía Internacional, fundamentalmente en la zona de Cali que fue hacia dónde se trasladó el conflicto después de estallar en Bogota.

-El informe publicado, Cali en el epicentro de la represión, enfoca nuestros esfuerzos de investigación sobre la represión violenta que ha ocurrido en la Ciudad de Cali, como el epicentro de las protestas en protestas que se han extendido a lo largo del país, pero particularmente en Cali se han visto más reflejadas por qué representa mucho de las reivindicaciones sociales que el pueblo colombiano está haciendo en las calles. Lamentablemente lo que hemos documentado en esta investigación es el uso excesivo de la fuerza, el uso ilegítimo de armas letales, o menos letales, en contra de personas que se manifestaban pacíficamente. 

Amnistía Internacional detectó represión violenta, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas contra manifestantes pacíficos en Colombia

Eran grupos de jóvenes o la minga indígena, miles de personas que llegaron a a Cali provenientes del departamento de diferentes partes del departamento del Cauca en solidaridad con estas protestas.

-Es lógico que ustedes se dediquen a investigar la violación Derechos Humanos por parte del estado y nosotros recibimos múltiples testimonios en torno también al armamentismo civil. ¿Hay una cultura en Colombia de autodefenderse, de utilizar las armas después de tantos años de guerra? 

-No podemos dejar de poner en contexto como estas protestas surgen, como un grito desesperado de un pueblo que llama a sus autoridades a proteger los Derechos Humanos y rendición de cuentas. Colombia sigue atravesada por un conflicto interno, conflicto armado, una guerra a pesar de los acuerdos de paz del 2016. Lamentablemente la organización de grupos armados, inclusive paramilitares, sigue teniendo atrapadas a comunidades que se ven desplazaban forzosamente de sus territorios o confinadas a una violencia sin que las autoridades tomen atención del caso o que tengan la capacidad de proteger los Derechos Humanos de la personas. En ese contexto es que precisamente la preocupación de ver a civiles armados, atacando por ejemplo a la Minga Indígena en 9 de mayo, en Cali, pues representa esa preocupación sobre como estos grupos armados organizados siguen operando, bajo la conducción o la protección de la propia Policía Nacional. En la evidencia bibliográfica que nuestro equipo de expertos digitales pudo analizar, se ve claramente como estos grupos armados operan atacan a personas manifestándose pacíficamente, muy cercanamente de la policía y muchas veces bajo la mirada cómplice de la policía sin que accione ningún mecanismo de protección para las personas.

-¿Estos grupos cuentan con el aval del presidente de Colombia?

-Sería muy irresponsable decir que hay un aval o una política sistemática de  civiles por parte del gobierno del presidente Iván Duque. Lo cierto es estos  grupos están operando en colusión con autoridades, tanto locales como nacionales, y que nos están haciendo investigaciones imparciales para llevar a los perpetradores. Mientras el Estado se mantiene pasivo, pues termina siendo cómplice por omisión y muchas otras veces en acción porque protegen a estos grupos están atacando a manifestantes pacíficos o a otras poblaciones civiles.

-Recientemente hubo una coincidencia entre el expresidente Samper y el expresidente Álvaro Uribe respecto con lo que está pasando después del acuerdo de La Habana. Sostienen que quizás no ha dado los resultados esperados aquel acuerdo de pacificación con las Farc. ¿Ustedes han estudiado el tema?¿Qué conclusiones han podido sacar?

-El acuerdo de paz 2016 es una tarea pendiente. Nosotros hemos llamado la atención de las autoridades sobre la implementación de este acuerdo, sobre todo lo que tiene que ver con temas de Justicia y DDHH. El Estado tiene la obligación de la protección de los DDHH y por ende tiene la obligación de implementar estos acuerdos de paz de manera que beneficien a las comunidades. Lamentablemente hoy eso no sucede y las comunidades siguen atrapadas en un conflicto armado que se sigue cobrando miles de vida al año. Colombia está atravesada por estas masacres que ocurren cada mes. Hoy estamos documentando la situación en el departamento de Antioquia, con todo el desplazamiento forzado que se está dando y que se calcula que 4.000 personas han sido desplazadas, entre ellas 1.300 niñas, niños y adolescentes, precisamente por la violencia de grupos armados que siguen amenazando a estas comunidades y el Estado sigue pasivo frente a esta situación que enfrentan comunidades rurales, pueblos indígenas y comunidades 

-Amnistía fue una de las primeras en reaccionar con el estallido social también en Cuba el pasado 11 de julio y lo interesante del accionar es que no hace un planteo ideologizado, como estamos acostumbrados en nuestra América, sino que no importa el origen de la violencia y la denuncia. Porque no nos cuenta usted, qué es Amnistía Internacional para que nuestra audiencia lo sepa con claridad.

-Es una organización que vela por los Derechos Humanos a través de nuestro de investigación y de incidencia. Denunciamos las violaciones a los Derechos Humanos, pero también presentamos a los estados recomendaciones para que cumplan con sus obligaciones internacionales en la materia. Pero lo que poco sabe gente además somos un movimiento de más de 10 millones de personas en el mundo que se han comprometido con la defensa de derechos. El financiamiento proviene de esta membresía, de esas personas que se apuestan a través de su contribución financiera o su activismo al trabajo de Amnistía y eso hace que seamos una organización totalmente independiente, apolítica. Nadie nos impone agenda, somos una organización imparcial, pero no neutral. Siempre estamos del lado de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. 

El tema de Cuba es un ejemplo claro, porque pareciera que ha entrado en una especie de excepcionalismo ideológico, en donde pareciera que hay buenas y malas violaciones a los DDHH y en realidad, todas las violaciones a los DDHH tienen que ser denunciadas y así lo hemos hecho también en Cuba, en donde el Estado ha tenido una respuesta represiva ante unas históricas manifestaciones pacíficas que se dieron el 11 de julio y que, cabe decir, no son muy diferentes a las manifestaciones que estamos viendo en otras partes del continente. Se trata de manifestaciones principalmente liberadas por gente joven que está saliendo a las calles a reclamar el ejercicio de derechos, a reclamar la libertad de expresión, a manifestarse pacíficamente. Hacer que sus gobiernos rindan cuentas. Lamentablemente la respuesta tampoco ha sido diferente. Violenta, con detenciones arbitrarias, juicios a jóvenes manifestantes principalmente. Inclusive juicios sumarios de menores de edad que se enfrentan a una justicia que quiere castigarlos por levantar la voz.

-Le interesa a Amnistía la calidad del ejercicio democrático es nuestro países. Con esto quiero referirme, por ejemplo, a lo que sucede en Nicaragua, en donde prácticamente todos los candidatos opositores están detenidos en prisión.

-Bueno, claramente lo que sucede en Nicaragua es eso, se ha instalado una  política sistematizada, generalizada de represión violenta contra cualquier forma de disenso. Lo vimos con el estallido social en abril de 2018, cuando el régimen de Daniel Ortega aplastó totalmente el derecho de las personas a la libertad de expresión y a la manifestación pacífica. Hemos visto como estos años terminó profundizando esta política represiva, precisamente con la intención de controlar el poder político,  con la cooptación de todos los poderes del estado, con un uso sistemático del Poder Judicial para criminalizar cualquier voz de disenso, que incluye a figuras prominentes de la vida pública y política del país. 

Hoy estamos viendo más de un centenar de personas han sido detenidas en las últimas semanas, que se unen a las más de 150 personas detenidas por ejercer sus derechos y entre ellas encuentra cualquier persona que ha intentando inclusive ser aspirante a la presidencia. O es detenida arbitrariamente, incomunicada, lo que podría constituir inclusive desaparición forzada, o es enviado al exilio precisamente por esta persecución. Por supuesto que nos preocupa el contexto sociopolítico de nuestra región, una región atravesada por graves violaciones a los DDHH, en cada uno de los entornos del continente por gobiernos que están demostrando cada vez más incapacidad para dialogar con la ciudadanía. Por gobiernos que están demostrando que tienen como prioridad el proteger los intereses económicos de unos cuantos, en menoscabo de los DDHH de las grandes mayorías. Y con la pandemia pues todo eso se ha venido exacerbar e inclusive estas políticas represivas con el control total de la ciudadanía.

-Qué opinión tiene a partir de lo que de la reacción a Argentina ante el caso de Venezuela. Porque el gobierno argentino terminó retirándose de la denuncia que existe en la Corte Penal Internacional contra el régimen de Nicolás Maduro.

.-Lo que ocurre en Venezuela es un gobierno instaurado que ha cometido no sólo violaciones a los DDHH, sino actos que constituyen delitos de lesa humanidad. Eso no sólo lo ha dicho Amnistía, los han dicho mecanismos regionales e internacionales. Naciones Unidas ha hecho una minuciosa investigación sobre las violaciones a los DDHH y ha determinado que en Venezuela se cometen crímenes de lesa humanidad ordenados al más alto nivel como una política sistemática en donde no sólo se reprime a quienes protestan, si no sé que se realizan ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. 

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Se utiliza el Poder Judicial para criminalizar a defensores de los DDHH. A sus organizaciones se les ataca reiteradamente con herramientas que incluyen herramientas legislativas. Eso es un continuo que sucede en Venezuela, que además se atraviesa una crisis humanitaria compleja en donde millones de personas han visto vulnerado sus derechos económicos, sociales y culturales. Un país que ha expulsado a más de 5,5 millones de personas en estos últimos años y que en su gran mayoría se encuentran en nuestro continente, en los países sudamericanos que de por sí ya tenían situaciones complejas en los sistemas de protección social que hoy día se ven colapsados que tienen estas personas que llegan en situación de mucha precariedad. Frente eso la respuesta de la comunidad internacional sigue siendo insuficiente. Mo hay un consenso generalizado como se esperaba, no sólo de denuncias sino de protección de derechos humanos. Y muy lamentablemente, con mucha preocupación, hemos visto la postura del presidente Fernández en torno a la participación de Argentina en esta solicitud a la Corte Penal Internacional para que se realice una investigación. Ha sido muy preocupante este posicionamiento. Nosotros se lo hemos hecho saber en una carta pública abierta y a través de nuestros canales de incidencia con nuestra oficina en Argentina, porque nos preocupa no sólo que sea una postura del gobierno, es decir que el gobierno niegue una situación que es innegable. No puede, a la luz de la realidad, de la verdad, no se puede negar lo que ocurre en Venezuela. Y que por otro lado no asuma una corresponsabilidad de proteger a las personas. Nosotros le dijimos claramente que pareciera que el gobierno argentino ha tomado la decisión de darle la espalda a millones de víctimas de violaciones a los DDHH en Venezuela y eso sería un precedente muy grave, no sólo para la Argentina, sino para todo el continente.

-Quería preguntarle si estás restricciones que hay a la libre circulación de las personas o el hecho de que un gobierno, como el argentino, no deje ingresar al país aquellos argentinos que han viajado el exterior o hacer un aislamiento determinado. ¿Todo este paquete que le mencionó constituyen violaciones a los DDHH para ustedes? 

-Primero decir que en una pandemia, es cierto que los estados tienen la potestad de limitar el ejercicio de ciertos DDHH como es el de la movilidad con la intención de proteger el derecho a la salud de las personas. Tienen derecho a tomar medidas sanitarias para mitigar el impacto del covid-19. 

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Sin embargo, todas estas medidas tienen que ser proporcionales y los estados tienen que demostrar la necesidad que se tiene para imponer estas medidas. Lo que hemos visto es que muchas de estas medidas no fueron proporcionales ni se demostró la necesidad de implementarlas. En muchas ocasiones nos enfrentamos a situaciones de represión violenta, del uso de las fuerzas de seguridad para reprimir a las personas. El accionar del Estado en muchas ocasiones volvió a demostrar esa incapacidad que tienen de hacer una planeación efectiva para proteger los DDHH.