La polémica por la Sputnik, el Vacunatorio VIP y la falta de transparencia presente
A más de cinco años del inicio de la pandemia de COVID-19, el debate sobre la compra de vacunas en Argentina sigue generando controversia. La decisión del gobierno de Alberto Fernández de priorizar la adquisición de la vacuna rusa Sputnik V en lugar de la desarrollada por Pfizer desató una tormenta política, con acusaciones cruzadas y explicaciones oficiales que no terminaron de despejar las dudas.
En diciembre de 2020, el Gobierno Nacional anunció la firma de un acuerdo con el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) para la compra de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, convirtiéndose en uno de los primeros países en confiar en esta formulación. Sin embargo, el proceso de adquisición de vacunas estuvo marcado por la ausencia de un contrato con Pfizer, lo que generó cuestionamientos en sectores de la oposición y la sociedad civil.
El laboratorio estadounidense había sido uno de los primeros en desarrollar una vacuna con tecnología de ARNm y obtener la aprobación de organismos internacionales. Sin embargo, el contrato con Argentina nunca se firmó en la primera etapa de vacunación. La explicación oficial fue que las condiciones impuestas por Pfizer eran inaceptables para el país.
Desde el Ministerio de Salud, entonces dirigido por Ginés González García, se argumentó que la empresa estadounidense exigió cláusulas legales que podían comprometer la soberanía nacional. En particular, se mencionó que Pfizer requería exenciones de responsabilidad y garantías sobre activos del Estado, algo que el Gobierno no estaba dispuesto a aceptar.
Asimismo, según el oficialismo, la elección de la Sputnik V estuvo basada en la disponibilidad de dosis y la rapidez con la que Rusia podía garantizar el suministro, dado que otros laboratorios tenían listas de espera prolongadas y contratos con países con mayor capacidad de compra.
Denuncias y Acusaciones
Desde la oposición, se denunció que la decisión de no adquirir la vacuna de Pfizer fue ideológica y estuvo motivada por una preferencia geopolítica hacia Rusia. También circularon versiones que indicaban que en las negociaciones con Pfizer habría existido un pedido de "retornos" o comisiones, algo que el laboratorio negó categóricamente.
A esto se sumó la polémica por la llegada de las dosis de Sputnik V. Durante los primeros meses de 2021, Argentina enfrentó problemas de suministro y retrasos en la entrega del segundo componente de la vacuna rusa, lo que generó incertidumbre en la población y críticas a la gestión gubernamental.
El escándalo del vacunatorio VIP
Uno de los episodios más escandalosos vinculados a la Sputnik V fue el denominado "Vacunatorio VIP", revelado en febrero de 2021. Se descubrió que un grupo selecto de políticos, funcionarios, empresarios y allegados al Gobierno accedió a la vacunación de manera privilegiada en el Ministerio de Salud, cuando la mayoría de la población todavía no había tenido acceso a las dosis.
El escándalo provocó una crisis política y la renuncia del entonces ministro de Salud, Ginés González García. Su reemplazante, Carla Vizzotti, intentó controlar los daños y transparentar el proceso de vacunación, pero el episodio dejó una fuerte marca en la credibilidad del gobierno en la gestión de la pandemia.
La Modificación de la Ley y la Llegada de Pfizer
En julio de 2021, tras meses de presión y con el avance de la pandemia, el Gobierno modificó la Ley de Vacunas para permitir la firma de contratos con laboratorios como Pfizer, Moderna y Janssen. Esta decisión facilitó la llegada de 20 millones de dosis de Pfizer a partir de septiembre de ese año, lo que marcó un giro en la estrategia de vacunación.
La controversia en torno a la elección de las vacunas expuso las tensiones políticas y las dificultades que enfrentó Argentina para garantizar la inmunización de su población en un contexto de crisis global. Mientras el Gobierno defendió su estrategia como una necesidad basada en la disponibilidad de dosis, la oposición la señaló como una decisión influida por intereses políticos y falta de transparencia.
A día de hoy, la discusión sobre la compra de vacunas sigue abierta, y la falta de información sobre los contratos firmados con los distintos laboratorios, muchos de los cuales siguen bajo cláusulas de confidencialidad, mantiene el debate vigente en la opinión pública.
