Examen obligatorio y capacitación docente: silencio oficial y sindical sobre la Ley Ómnibus
Desde el gobierno, la UNCUYO y el SUTE prefirieron analizar a fondo las modificaciones en educación que propuso Javier Milei en el nuevo proyecto de Ley.
En las últimas horas se conocieron detalles de la Ley Ómnibus que quiere impulsar el presidente Javier Milei y que implica, entre otras modificaciones, cambios en la Educación. En Mendoza, por el momento son cautos, y no quieren opinar hasta analizar cada uno de los puntos.
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En Mendoza se mostraron cautos a la hora de opinar y prefirieron estudiar las modificaciones.
Desde el gobierno indicaron que este jueves los ministros mantendrán una reunión de gabinete a fin de estudiar el proyecto a fondo.
En la UNCUYO explicaron que "son temas que debemos leer y estudiar antes de opinar", mientras que desde el SUTE agregaron que "estamos analizando el proyecto".
Los puntos principales
La opción de arancelamiento de los estudios para extranjeros, un examen al finalizar la secundaria para los alumnos y capacitación con exámenes para docentes son algunos de puntos que pueden leerse en las más de 300 páginas del proyecto.
Respecto al examen final que deberán dar los alumnos en el último año de la secundaria, se trata de una prueba censal, que servirá para medir el nivel general, y que el alumno podrá incluir en el currículum vitae.
Los exámenes no solo serán para alumnos ya que el proyecto apunta a la capacitación constante de los docentes.
"La formación y la evaluación continua será una de las dimensiones básicas para el ascenso en la carrera profesional", indica el proyecto y detalla que habrá una evaluación continua cada cinco años para revalidar los conocimientos.
Asimismo, quienes deseen ingresar al trabajo docente deberán rendir un examen.
También permite el homeschooling, es decir, la educación en casa, a partir de cuarto grado de primaria.
En cuanto a los estudios universitarios, si bien obliga la gratuidad de los ciudadanos o residentes argentinos en las universidades públicas, incorpora la opción del cobro de un arancel para extranjeros no residentes.
"Podrán establecer aranceles para los servicios de enseñanza de grado o de trayectos educativos para aquellos estudiantes que no reúnan los requisitos previstos", establece.
