Sistema carcelario: Mendoza pidió a la CIDH salir de la lista negra
La solicitud estuvo avalada por quienes en su momento denunciaron ante la CIDH la violación de DDHH en San Felipe y Almafuerte.
En la sede de la OEA en Washington, el Gobierno de Mendoza pidió formalmente el levantamiento de la medida cautelar que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2015 por el estado de las cárceles San Felipe y Almafuerte.
La solicitud estuvo avalada por quienes en su momento denunciaron ante la CIDH la violación de DDHH en esos penales, encabezados por el abogado Carlos Varela Alvarez.
La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, participaron en la audiencia, la cual fue programada de oficio por la CIDH para tratar los avances sobre las medidas cautelares aplicadas a los complejos penitenciarios de Almafuerte y San Felipe.
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Durante esta reunión, en la que también estuvieron presentes Alberto Julio Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Javier Salgado, representante de Cancillería, las autoridades mendocinas presentaron el acuerdo alcanzado con el peticionante Carlos Varela, en el que ambas partes solicitaron el levantamiento de las medidas cautelares impuestas en 2014.
"Este acuerdo representa un claro reconocimiento al esfuerzo que ha realizado el Gobierno de Mendoza desde la primera gestión de Alfredo Cornejo. A través de acciones concretas en políticas públicas penitenciarias, junto con la mayor inversión en infraestructura de la historia y la sanción de leyes, reglamentos y protocolos, se ha logrado convertir al Servicio Penitenciario en un referente a nivel nacional, alineado con los estándares internacionales de derechos humanos", detallaron Rus y D'Agostino.
Según el Gobierno, gracias a estas transformaciones, que incluyen la construcción de más de 60.000 metros cuadrados de nuevas instalaciones penitenciarias y la adopción de un marco normativo con más de 60 resoluciones, Mendoza pudo reducir el hacinamiento y fortalecer los servicios de salud y seguridad en los establecimientos penitenciarios.
En esta instancia, el abogado Carlos Varela Álvarez, quien en 2014 impulsó las medidas cautelares ante la CIDH, suscribió al pedido de levantamiento reconociendo las mejoras realizadas por la Provincia en los complejos de Almafuerte y San Felipe.
La solicitud de Mendoza para el levantamiento de la medida está convalidada por el Estado argentino a través de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y de la Dirección de Contencioso Internacional en materia de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
