Rechazan una cautelar contra los proyectos mineros en Malargüe
La acción, impulsada por Eduardo Sosa y la Fundación Cullunche, alegaba potenciales daños ambientales irreparables, pero la magistrada María Angélica Gamboa concluyó que no existen pruebas suficientes para sustentar dicha afirmación.
La jueza María Angélica Gamboa, del Tribunal de Gestión Asociada de Mendoza, rechazó una medida cautelar que buscaba detener 34 proyectos de exploración minera en el distrito Malargüe. La acción, impulsada por Eduardo Sosa y la Fundación Cullunche, alegaba potenciales daños ambientales irreparables, pero la magistrada concluyó que no existen pruebas suficientes para sustentar dicha afirmación.
En su resolución, divulgada antes del receso judicial de enero, Gamboa afirmó que no se detectaron irregularidades manifiestas en el proceso de evaluación ambiental de los proyectos, cuyos informes de impacto ambiental (DIA) fueron ratificados mediante la ley 9.588/24. Esta decisión permite a las empresas continuar con las actividades planificadas para este verano en el denominado Malargüe Distrito Minero Occidental.
Argumentos del fallo judicial
La jueza destacó que el procedimiento de evaluación ambiental se llevó a cabo conforme a las normas vigentes y que las denuncias de los amparistas carecen de evidencia concreta. Según el fallo, las observaciones realizadas por Sosa y la Fundación Cullunche cuestionan más el criterio de valoración empleado por las autoridades competentes que la legalidad del proceso.
Además, Gamboa subrayó que los propios demandantes reconocen que las actividades autorizadas corresponden a la exploración minera, un tipo de operación categorizada como de bajo impacto ambiental, lo que simplifica los trámites bajo el marco regulatorio establecido por el decreto 820/60.
En cuanto a los potenciales daños, un requisito indispensable para admitir la acción de amparo ambiental, el fallo señala que los argumentos presentados fueron genéricos y carecían de precisión o sustento probatorio. Asimismo, la jueza recordó que las actividades están condicionadas al cumplimiento de instrucciones supervisadas por una Unidad de Gestión Ambiental multisectorial, lo que permite modificar o revocar las autorizaciones en caso de incumplimientos o riesgos emergentes.
Próximos pasos legales
Si bien la medida cautelar fue desestimada, el proceso judicial continuará con el análisis de la posible inconstitucionalidad de la ley 9.588/24. Mientras tanto, otras 29 iniciativas mineras en Malargüe se encuentran en proceso de evaluación ambiental.
Con esta resolución, la minería en Mendoza sigue avanzando, en medio de un intenso debate sobre su impacto ambiental y su rol en el desarrollo económico provincial.
