Hacer minería con los tiempos de la política sobre la mesa

El proyecto que trabajan en el departamento de Malargüe para desarrollar la minería metalífera en ese departamento, apunta a una zonificación que lo exceptúe de los alcances que tiene la Ley 7.722 en todo el territorio provincial. Aunque desde la autoridad comunal se indica que no quieren cambiar la controvertida norma, necesariamente debe ser así para lo que se pretende hacer.

Después de lo ocurrido con los intentos por desarrollar la actividad y el riesgo de que vuelvan a registrarse hechos violentos, en el seno de la industria se entiende que hoy es difícil encontrar las condiciones para hacer minería en la forma que se hace a nivel mundial. En ese sentido, mientras se espera el momento en que se cambie el "chip", la única opción posible y real es avanzar con proyectos que estén en el marco de la 7.722.

Es que el relato de los ambientalistas (que niegan ser antimineros) indica que no se oponen a la actividad, siempre que se desarrolle dentro del marco de la legislación vigente. Malargüe, específicamente, tiene muchos yacimientos que pueden ser explotados bajo la vigencia de la Ley 7.722, pero hay una cuestión fundamental que para la conducción política es una piedra de tope: el tiempo.

Desarrollar un proyecto minero es un proceso largo y costoso, por eso se necesitan grandes inversiones y los tiempos de la economía no son los mismos que los de la política. Hoy Malargüe no tiene proyectos que puedan funcionar bajo la 7.722 en el corto plazo (el caso de PRC es distinto). Tiene mucho potencial, pero se necesita exploración, estudios e inversiones. Eso, para la conducción política es un problema, porque sus tiempos son cortos y se necesita mostrar avances.

En ese sentido, aparece la idea de zonificar, tal como se intentó en Chubut sin éxito y con violentas protestas de grupos antimineros. 

Tomando los datos de la publicación del periodista Julián Imazio en Diario Uno, el proyecto del intendente Juan Manuel Ojeda apunta a zonificar una porción del 30% del departamento, con en un área específica que sería de unos 12.000 km2. A partir de ese dato, se puede inferir que la intención del proyecto es poder habilitar en primera instancia dos proyectos específicos, que son los que mayor avance tienen y los que más rápido se podrían activar. Sin embargo, ambos son imposibles de desarrollar bajo la 7.722.

Don Sixto, proyecto de oro, y Huemul, de uranio, estarían en la franja de terreno de la zonificación, ambos con un grado de avance mayor a cualquier otro proyecto en el departamento. La cuestión es que para su explotación se necesita cianuro y ácido sulfúrico, respectivamente, prohibidos de manera expresa por la Ley 7.722.

El primero de los proyectos pertenece a Yamana Gold, firma que acaba de ser comprada por la minera sudafricana Gold Fields Limited por US$6.700 millones. La firma tiene operaciones en Sudáfrica, Ghana, Australia, Canadá y América del Sur. No se trata de un detalle menor, porque ahora se convierte en la cuarta compañía más grande de oro del mundo.

En el caso de Huemul, es un proyecto que ya estuvo en producción, por lo que el avance puede ser mucho más rápido que un proyecto que tenga que trabajar bajo los términos de la ley antiminera.

Si bien Malargüe está a la espera de PRC, se trata de un proyecto que está por fuera de los alcances de la 7.722, eso porque se considera no metalífero. Los otros proyectos que podrían funcionar bajo la norma antiminera, como Hierro Indio y Cerro Amarillo, aún necesitan cumplir ciertos procesos y no están dentro de los tiempos que tienen las administraciones políticas provinciales y comunales para mostrar resultados y canalizarlos como capital electoral. Además, y en una cuestión que no es para nada menor, por más que puedan desarrollarse con la ley vigente, los inversores ven con desconfianza el filtro político que significa el paso de la DIA por la Legislatura, por lo que tampoco es simple atraer inversiones para ese tipo de yacimientos.

Si bien la zonificación puede parecer una buena idea para un departamento tan golpeado como Malargüe, también puede ser otro duro golpe para la política en su afán de ampliar la matriz productiva. Con seguridad habrá manifestaciones en contra del proceso y, sin miedo a equivocarme, puede haber hechos de violencia como los que tuvimos en 2019 en Mendoza o los que se vivieron en Chubut. Eso, sin mencionar que cualquier medida de este tipo será recurrida judicialmente, pero ya con el antecedente de la Suprema Corte en el caso del pedido de inconstitucionalidad de la 7.722.

Para las agrupaciones antimineras, y también para algunos sectores políticos, económicos y sociales, la "licencia social" que se dice hay en el departamento del sur provincial, no es suficiente para tocar la 7.722, porque en términos reales significa derogar la normativa para la zona que llevaría Malargüe a la Legislatura. Ahora falta conocer los detalles del proyecto de Ojeda, pero lo cierto es que generará mucho ruido y tensión en la provincia.