Para el Gobierno, la licencia social de la minería no se limita a Malargüe

Este lunes, el Partido Justicialista hizo una conferencia de prensa para plantear su postura ante el proyecto de reforma de la Ley 7.722, la denominada ley antiminera. En general, plantearon cuatro grandes puntos que se deben incluir en el proyecto y que condicionan su apoyo a la iniciativa del gobernador Rodolfo Suarez y en tres hay absoluta coincidencia o consideran factibles los pedidos, mientras que en el cuarto hay una coincidencia parcial que podría resolverse en el mismo recinto legislativo.

Los puntos que según funcionarios y legisladores oficialistas están bien planteados y están acorde con lo que piensa el Gobierno, son el control ambiental efectivo, el cuidado del agua y crear trabajo mendocino. Estos contienen otros pedidos como la creación de una empresa provincial minera y una agencia minera provincial en reemplazo de Dirección de Minería. En todos esos pedidos están absolutamente de acuerdo y sólo en el cuarto hay un grado de discrepancia.

En el cuarto punto, "garantizar la licencia social", es donde existen diferencias. Para el Partido Justicialista, sólo en Malargüe existen las condiciones para asegurar que no hay resistencia a la actividad. Sin embargo, en el Ejecutivo y los legisladores oficialistas consideran que hay otros departamentos en donde se puede hacer minería sin inconvenientes.

Ese punto se trató en plenario de comisiones que se inició hoy y que continuará mañana, pero también hubo un reparo -durante las conversaciones de pasillo- por el pedido de un aval vinculante de los municipios. Los especialistas jurídicos consideran que eso no es factible porque en el fondo los municipios no puede condicionar el uso de recursos que constitucionalmente no les pertenecen porque son propiedad del Estado provincial.

En el oficialismo esperan discutir ese tema mañana en la reunión de comisiones y acercar posiciones, porque no van a ceder en ese punto y no limitarán la minería por ley a un sólo departamento.

Lo que sí señalan es que -tal como dijo Rodolfo Suarez este mediodía en comunicación con Canal 9- debe haber un acercamiento con la comunidad para el desarrollo de proyectos. En ese sentido el demócrata Guillermo Mosso, parte del oficialismo en Diputados, dijo en el plenario de comisiones que no se puede poner en la ley en qué zonas se puede o no hacer minería, porque la denominada "licencia social" se debe construir proyecto a proyecto en cada localidad.

Igualmente, en el PJ insistieron y repitieron en numerosas oportunidades que Suarez tiene los votos para actuar en soledad y aprobar la reforma, pero lograr el consenso y que ellos apoyen el proyecto, insisten en sus condiciones. 

Con ese panorama, y consultados por Memo respecto a lo que implicaba esa constante referencia a la cantidad de votos que tiene el oficialismo, en el PJ deslizaron que -incluso- se puede aprobar el proyecto en general y discutir en particular la "licencia social" si se incluye en alguno de los artículos del texto. Allí -dicen- el gobernador podría hacer valer la mayoría.

Los funcionarios consideran que, a pesar de la molestia que generó en el sector industrial el pedido del PJ, hay un apoyo a la reforma de la Ley 7.722 porque incluso no se critica el uso de sustancias ni a la eliminación del aval legislativo, sino que se apunta a aplicar controles y asegurar que la renta minera se quede en la provincia. Falta por resolver el tema de la "licencia social", pero no lo dan como una absoluto inconveniente.