Por los bajísimos salarios, también los policías emigran en busca de mejores ingresos

En lo que va del año son 52 los efectivos de la policía que han sido retirados de la fuerza ya que decidieron migrar para buscar otros horizontes en el extranjero. El integrante de la Inspección General de Seguridad (IGS) Gustavo Sarli habló con Jorge Fernández Rojas en Jornada #6a7 por 91.9 y contó los motivos y los arreglos que se están trabajando con la Comisión Bicameral de Seguridad para evitar esto.

"Es una problemática que no escapa de la realidad actual de Mendoza y la Argentina. La estadísticas que tenemos en la IGS de estos 52 policías que hemos visto que han abandonado la fuerza, estas personas habían pedido el año sin goce de sueldo. Una vez que pasó ese año y no regresan, nos notifican y nosotros certificamos que esas personas están en el país y por qué no han vuelto. Al ir a notificarlos de la falta de no haberse presentado a trabajar, nos encontrábamos que esas personas estaban fuera del país, generalmente a España, ese es un dato que hemos observado, por trabajo y que no tienen intenciones de volver", señaló Sarli.

El funcionario marcó que la mayoría son jóvenes con pocos años de servicio en la policía: "La mayoría son chicos jóvenes, entre 5 y 10 años de ingreso en la policía. Solo había un caso que no volvió a trabajar por trabajo en el exterior de más de 30 años que tenía casi 16 años de servicio en la policía, eso fue extraño porque podría haberse jubilado con la mínima. No escapa a la realidad del país de los chicos jóvenes que van a buscar un futuro fuera del país".

Sarli señaló que tienen más notificaciones pero que aún no las han certificado: "Todavía no puedo certificar si es por ir a vivir fuera del país o por otros motivos. Tenemos más notificaciones que tenemos que ir a ver, notificar y ver qué nos dicen los familiares. Pero es un promedio de 5 o 6 mensuales que hay, que pueden pedir la baja obligatoria o estamos viendo, pero ese es el promedio mensual que estamos teniendo".

A su vez, explicó que una baja voluntaria es distinta a una pedida por la IGS, la que se solicita cuando no se presentan al servicio: "Nos avisan del ministerio y nosotros vamos a mitificar, se genera un expediente. La IGS, el directorio a la cabeza el Doctor Marcelo Puertas, garantizamos todos los derechos de los policías: abrimos un sumario, los notificamos, les damos los plazos para que se presenten, para que presente pruebas de por qué se han demorado. Viendo que no se presenta nadie, viendo que se cumplen todos los plazos procesales, recién ahí se les da la cesantía y se los retira de la policía".

El funcionario señaló que además de la pérdida de capital humano, también hay una pérdida de dinero por parte del Estado debido a lo que se invierte en la capacitación: "Hay policías que son especializados, técnicos, grupos especiales, idiomas, esa fuerza se va perdiendo. La coordinación que estamos teniendo con la Bicameral de Seguridad son diversos puntitos que hay que ir modificando. Esta ley fue muy sabia en sus principio pero a medida que pasa el tiempo hay que modernizarla. Mendoza es una pionera en el derecho administrativo disciplinar, Córdoba y nosotros. Estamos dando los primeros pasos y estamos agigantados porque estamos perfeccionandonos cada día más en el derecho administrativo disciplinar. Necesita ciertos cambios la ley, actualizarla a los tiempos actuales".

Sarli tomó como ejemplo el caso de los profesionales, los cuales no pueden ejercer dentro de la fuerza: "Si hay policías que son profesionales, se reciben de abogados, no pueden ejercer cuando no están cumpliendo el servicio en la policía, en cambio los penitenciarios si pueden, siempre y cuando no esté vinculado al derecho penal o administrativo: pueden ejercer civil, familia, pero un abogado policía lo tiene prohibido. Muchos son profesionales y les atrae más la actividad profesional fuera del ámbito de la policía".

El funcionario señaló que son pocos los casos de retiros voluntarios que se quedan en el país y que notan que hay muchos oficiales que estudian abogacía y contabilidad: "Se limita que no pueden ejercer su profesión después de las guardias y esa es una de las modificaciones que estamos haciendo fuerza, son modificaciones que al Estado no le cuestan dinero. Son los puntitos que estamos viendo con la Bicameral para ver si este año pueden salir esas modificaciones. Queremos llegar a hacer un tribunal para garantizar bien los derechos del policía, que la IGS se termine en tribunal colegiado, que podamos hacer pequeños debates, poder escuchar al policía imputado y su defensor en una audiencia y ahí poder ver las causas que lo llevó a esa infracción o no. Sería un paso gigante pasar a ser un tribunal colegiado".

Sarli señaló que aún no han tenido contacto con la ministra Mercedes Rus y que al momento se han limitado a hablar con los integrantes de la Bicameral de Seguridad. Además señaló que en Mendoza hay aproximadamente 10 mil oficiales de policía: "Activos no tengo el dato, hay policías con parte de enfermo, psicológico, pero ese es el número total. Actualmente debe estar cobrando, sin servicios extraordinarios, entre 500 y 600 mil pesos. Va variando dependiendo los servicios extraordinarios que hagan, pero aproximadamente entre 600 y 700 mil pesos".

Finalmente, Sarli señaló que ante cualquier duda o denuncia la gente puede comunicarse de manera virtual o acercarse a las oficinas de la IGS: "Estamos en la galería Piazza en el primer piso, la entrada por la calle San Martín. Cualquier cosa que la gente necesite o tenga alguna inquietud sobre un policía o penitenciario, pueden acercarse a hacer la denuncia o sacarse la inquietud. En nuestra página digital se puede ingresar y ahí están las estadísticas de todos los delitos que se han ido cometiendo año tras año y se pueden sacar las dudas respecto a la policía y la IGS", concluyó.