La cúpula de la UCR no pudo unificar una postura sobre Lijo y García Mansilla
La primera plana del radicalismo no pudo acordar una postura sobre las candidaturas de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para la Corte Suprema. Pero si hubo acuerdo para voltear en el Senado el DNU que otorgó 100 mil millones de pesos en fondos reservados para la SIDE.
El presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, reunió este jueves por la noche y de forma virtual a la cúpula del partido centenario para evaluar el posicionamiento político de cara a las candidaturas impulsadas por el Gobierno de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar las vacantes en la Corte Suprema.
Luego de dos horas de deliberaciones, no fue posible unificar una postura sobre los pliegos, por lo que el senador nacional decidió llamar a un cuarto intermedio y aprovechar el impasse para hacer consultas a los cinco gobernadores de la UCR.
La mayor controversia está depositada en Lijo, cuestionado por supuesto encubrimiento en el caso Siemens, por presuntas irregularidades en su declaración patrimonial, por sus vínculos y tráfico de influencias, y por su actuación en la causa de YPF.
Tanto el formoseño Luis Naidenoff como la riojana Inés Brizuela y Doria, ambos vicepresidentes del comité radical, se oponen a la designación de Lijo para el máximo tribunal de Justicia.
Si en el tema de la Corte no pudieron sentar una postura común, sí lo hicieron respecto a la decisión de voltear en el Senado el DNU de Javier Milei que otorgó 100 mil millones de pesos adicionales en fondos reservados para la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Ese decreto ya fue rechazado por la Cámara de Diputados.
La charla también recorrió otros andariveles temáticos como el análisis de las polémicas expresiones del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en la Cámara de Diputados, donde desconoció la existencia de la violencia de género y rechazó "la diversidad de identidades sexuales".
A su vez, discutieron sobre el veto presidencial a la ley opositora que modificó el esquema de movilidad jubilatoria, y acordaron insistir en el Congreso.
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