La Suprema Corte salvó al extitular de la Dirección Provincial de Vialidad

En fallo dividido, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, excusó al titular de la Dirección Provincial de Vialidad entre 2015 y 2019, Oscar Sandes, de asumir el millonario de costo de las irregularidades detectadas en el balance del 2019. 

Pasaron 5 años desde que el Tribunal de Cuentas detectó maniobras irregulares en la Dirección Provincial de Vialidad y finalmente la Suprema Corte de Mendoza, salvó al ex Administrador de la DPV, Oscar Sandes de culpa y cargo.

Los votos de María Teresa Day y Pedro Llorente, fueron los que eximieron a Sandes de tener que devolver cerca de $5 millones de pesos al Estado provincial por el desmanejo de fondos en el ejercicio 2019. 

Los jueces lo excusaron al extitular de la DPV por entender que su firma fue falsificada por la Gerenta de Recursos Humanos, Corina Gallardo, para hacer uso de fondos de manera discrecional y con fines personales.

Según consta en la denuncia, el listado de irregularidades son:

1)Irregularidades y Deficiencias de Control Interno en Rendición Fondo Fijo de Tesorería. CUC 880;  

2) Gastos efectuados que exceden los montos aprobados por reglamentación; 

3) Uso indebido de fondos afectados; 

4) Anticipos rendidos de modo extemporáneo y sin comprobantes de gastos que justifiquen su asignación y posterior devolución de los fondos; 

5) Irregularidades en consumo de combustibles; 

6) Irregularidades en consumos en restaurantes y/o servicios gastronómicos; 

7) Irregularidades en la adquisición de obsequios;

8) Irregularidades en gastos de diversa índole; 

9) Irregularidades en la prestación de servicios personales y/o profesionales; 

10) Irregularidades en la prestación de servicios de chapería; 

11) Duplicidad de facturas en la rendición de gastos; 

12) Irregularidades por gastos rendidos con facturas adulteradas; 

13) Irregularidades en reembolso de sumas por salidas de fondos irregulares; 

14) Documentación original faltante en expedientes; 

15) Falta de documentación de respaldo de expedientes electrónicos.

Las irregularidades anteriormente señaladas se explican por el uso discrecional que se hizo del denominado "Fondo Permanente", con el cual la Gerenta de Recursos Humanos y Administración de la DPV, Corina Gallardo decidió adulterar la firma del ex titular del organismo y hacer uso de estos fondos para "financiar" gastos personales.

Más allá de los votos negativos de Teresa Day y Pedro Llorente, quien votó en disidencia fue el juez Julio Gómez, quien avaló la investigación del Honorable Tribunal de Cuentas y sostuvo "entiendo que si bien el Sr. Sandes alega no haber podido ejercer control sobre las facturas y gastos cuyas firmas habrían sido falsificadas, ello no impidió la posibilidad de que el mismo desplegara distintas acciones para controlar el movimiento de los fondos permanentes, dado que las irregularidades verificadas y que no han sido cuestionadas en el presente, no se desarrollaron únicamente a partir de los gastos que llevaban su firma".

En este sentido, el magistrado argumentó "el desorden extremo que se enuncia en la demanda no puede constituir un argumento de liberación de responsabilidad contable, esto es, no puede justificar en sí mismo el uso indebido de los fondos que el Administrador debe rendir. Por el contrario, aparece ligado al incumplimiento de deberes establecidos a su cargo", agregó Gómez en los argumentos de su fallo contra Sandes.

Y concluyó en que "el indebido egreso de fondos del patrimonio de la DPV no se muestra en el caso como uno o dos hechos aislados, sino que constituyó una suerte de planificación instalada en el propio sistema de administración financiera que el accionante debió ejercer y controlar como Administrador del organismo".