En vivo, se decide el juicio político a la Corte

El oficialismo impondrá su mayoría para dar curso al informe e iniciar así la etapa de investigación y recolección de pruebas sobre los hechos de los cuales se acusa a los jueces del máximo tribunal.

Pasadas las 11 de este jueves, arrancó la tercera reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados en la que el Frente de Todos buscará imponer su mayoría para aprobar la admisibilidad de las denuncias planteadas en los 14 pedidos de juicio político contra los jueces de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.

Según informó el portal especializado Parlamentario, la totalidad de los expedientes, entre los que hay de diputados, de la senadora Juliana Di Tullio (UC-FdT), asociaciones civiles y particulares, reúnen alrededor de 60 hechos por mal desempeño en sus funciones de los magistrados.

Con 16 integrantes sobre un total de 31, el oficialismo tiene asegurados los votos para dar aval al informe de admisibilidad e iniciar así el proceso de investigación y recolección de pruebas. Se abrirá así la etapa en la que se citará a los testigos, incluidos los jueces investigados, quienes pueden negarse a asistir.

Dentro de los proyectos se encuentran dos de la Coalición Cívica que apuntan directamente sobre Lorenzetti, con argumentos distintos a los del Frente de Todos. Juntos por el Cambio apunta a rechazar la admisibilidad de las denuncias, pero se verá cómo queda plasmada la voluntad de la CC-ARI de avanzar sí con contra Lorenzetti.

Por su parte, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez, titular del Interbloque Federal, adelantó que también se plantará en contra del proceso.

De todas las resoluciones presentadas, el oficialismo tiene el eje en el que lleva la firma de Eduardo Valdés, junto a otros 14 diputados, y replica el pedido del presidente Alberto Fernández y un grupo de gobernadores.

Allí se acusa a los jueces por mal desempeño de sus funciones por el fallo de coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires; por haber restituido la antigua ley del Consejo de la Magistratura; por el fallo del 2×1 que beneficiaba a represores; y por irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

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