Maduro se impone por ley como dictador: dispone "atacar al fascismo" con más facismo
El chavismo avanza en su objetivo de eliminar cualquier competencia que amenace la permanencia de Maduro en el poder.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, impulsó en el Parlamento una propuesta del Ejecutivo que ya tiene el visto bueno y que consolida la posición de Nicolás Maduro como dictador. Se trata de la pomposamente llamada "Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares", le da herramientas al ya todopoderoso régimen chavista para tener el control a discreción de las libertades políticas y de expresión en Venezuela, en medio de un endurecimiento de la persecución contra opositores, periodistas y críticos.
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"Detener el fascismo en el mundo es una tarea impostergable por el bien de la humanidad, porque no solo se manifiesta en expresiones de odio, violencia y muerte, sino también en formas de fascismo económico, como el bloqueo criminal impuesto contra Venezuela", dijo Rodríguez ante los parlamentarios. La ley describe los rasgos de "las posturas ideológicas y expresiones" que perseguirá: "Son rasgos comunes a esta postura el racismo, el chovinismo, el clasismo, el conservadurismo moral, el neoliberalismo, la misoginia y cualquier tipo de fobia contra el ser humano".
La ley tiene 30 artículos y señala que tiene por objeto "establecer los medios y mecanismos para preservar la convivencia pacífica y la tranquilidad pública", así como "proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista, neofascista o de similar naturaleza".
Una Alta Comisión contra el Fascismo, Neofascismo y Otras Expresiones, designada y regulada por el presidente de la República, dictará pautas, reglamentos y políticas relativas a esta ley que, a partir de su aprobación, prohibirá ciertos mensajes, organizaciones y reuniones y manifestaciones en Venezuela. La propuesta debería pasar por una segunda discusión en el Parlamento.
En la descripción de los "mensajes prohibidos" señalan aquellos que promueven "la violencia como método de acción política", "reproduzcan la cultura del odio", "denigren de la democracia y sus instituciones", "promuevan la suspensión de derechos y garantías" y "exalten principios, hechos, símbolos y métodos del fascismo". El Ministerio Público será el que determine qué mensajes y actos pueden ser interpretados dentro de ese difuso marco de prohibiciones.
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El artículo 22 señala que "toda persona que solicite, invoque, promueva o ejecute acciones violentas como medio o vía para el ejercicio de los derechos políticos será sancionado con prisión de ocho a doce años e inhabilitación política por el tiempo de la condena". Lo que es considerado fascismo en la ley también se constituye en un agravante de cualquier otro delito punible que las autoridades consideren que fue motivado por estas posturas o expresiones.
La funcionaria ha dicho que esta ley es complementaria a la Ley de Partidos Políticos, por lo que estas organizaciones serían las primeras en el blanco de esta legislación. También, dijo, desarrolla la llamada ley contra el odio, aprobada en 2017 y bajo la cual se ha encarcelado a personas por tuitear, compartir mensajes por WhatsApp o difundir videos con denuncias o bromas contra el Gobierno que se han hecho virales.
En su discurso ante los diputados, Rodríguez refirió las protestas gubernamentales de 2014 y 2017 -en la que murieron más de un centenar de manifestantes por la represión de los cuerpos de seguridad- e hizo una comparación entre los dirigentes opositores de esos tiempos y de los actuales con Adolfo Hitler. "Hemos pasado estas etapas de La Salida en 2014, las guarimbas en 2017, y hoy se ha convocado al sector extremista al final. Yo quiero recordar que Hitler llamó a la batalla final y exterminó a millones de hombres y mujeres en el continente europeo, y hoy se repite la historia. Debemos preguntarnos a qué se refieren cuando hablan hasta el final, porque ahí está nuevamente el germen de la violencia, del odio y del exterminio", afirmó haciendo referencia al eslogan de campaña de María Corina Machado que promete a los venezolanos llegar "hasta el final" en la ruta electoral por un cambio de Gobierno.
En los últimos meses, el chavismo desarrolló una fuerte persecución contra el partido de Machado, Vente Venezuela, y ha encarcelado a varios miembros bajo acusaciones de estar implicados en supuestas conspiraciones para asesinar al presidente Nicolás Maduro. En una ya compleja ruta a las presidenciales del 28 de julio, esta ley abre un camino para la ilegalización de partidos políticos -siguiendo la senda del régimen nicaragüense-. También establece la imposibilidad del ejercicio de cargos públicos a quienes, antes de la elección, hayan "adoptado conductas que directamente promuevan o hagan apología" de estas ideas y establece que el incumplimiento de esta ley entre los supuestos para impugnar candidaturas. El chavismo avanza en su objetivo de eliminar cualquier competencia que amenace la permanencia de Maduro en el poder.
En la propuesta se establecen multas por la difusión de "mensajes prohibidos" a los medios impresos y digitales. En el caso de la televisión y la radio la sanción establecida es la revocatoria de la concesión para operar, como ya se ha hecho con más de 300 emisoras en las últimas dos décadas. Los prestadores de servicios de radio, televisión, prensa, medios digitales y redes sociales están obligados garantizar "espacios libres de mensajes de índole fascista". Asimismo, se da facultades al Ministerio Público de aplicar medidas cautelares para interrumpir actividades que promuevan o hagan apología del fascismo, neofascismo y expresiones similares, así como suspender convocatorias y manifestaciones relacionadas.
