En Mendoza los echaron y en San Juan los recibieron: invertirán US$10.000 millones

"Somos pocos y nos conocemos todos". Un dicho que se aplica -para bien o para mal- de manera permanentemente en la minería. Dejando eso claro, procedemos.

Esta semana no fue una semana cualquiera. La noche del lunes se anunció la sociedad entre BHP y Lundin Mining para explotar Josemaría y Filo del Sol en San Juan. La operación marca un antes y un después en la Argentina, por el nivel de inversión que implica y porque se concretaría el puntapié inicial para tener producción cuprífera en el país.

Luego, el jueves, se realizó el foro que organiza Asinmet y entre las declaraciones que se escucharon se destacó la inversión de las dos compañías mencionadas en San Juan, anhelando que algún día pudiera ocurrir algo similar en Mendoza.

La tendencia que marca el aterrizaje de BHP en San Juan y cómo replica en Mendoza

Lo mismo ocurrió el viernes, cuando el subsecretario de Energía y Minería, Manuel Sánchez Bandini, destacó en radio Nihuil el anuncio de desarrollo de Josemaría y Filo del Sol y dijo que Mendoza trabaja en las reformas para seguir "el camino que recorrió San Juan hace 10 años".

Sin embargo, lo curioso del caso, es que en la Mendoza de la 7.722 y de los palos en la rueda a la minería, justamente una de las empresas que invitamos a irse de la provincia es protagonista de ese verdadero hito minero.

Lundin Mining, firma que está escalando rápidamente en la pirámide de las grandes compañías mineras del mundo, ya estuvo en Mendoza y lo único que se encontró fueron problemas.

La compañía canadiense estuvo en Mendoza bajo la figura de Desarrollo de Proyectos Mineros SA, Deprominsa, (una subsidiaria que obtuvo al hacerse de los activos de Tenke Mining Corporation). A través de ella firmó un contrato con la mendocina Minera del Oeste (Pedro Capredoni), para explorar Paramillos Sur, uno de los cateos mineros más atractivos que existen en la provincia. No fue lo único en que se interesó, tuvo otras inversiones, pero su objetivo principal era apuntar al potencial de esa propiedad minera.

Danone en contra de la minería

Por esos años, cuando aún no había una 7.722, todo parecía seguir el camino de cualquier desarrollo minero, pero cuando la sociedad comenzó a avanzar en la exploración, se encontraron de frente con la gigante francesa Danone, dueña de Villavicencio. Les inició una causa judicial e instaló una medida cautelar para frenar cualquier avance minero en la zona. Apenas una semana después de iniciar las tareas exploración, la justicia mendocina hizo lugar a la cautelar y se tuvo que frenar todo, generando pérdidas millonarias.

El conflicto se inició cuando llegaron los franceses, porque cuando estaba todo en manos de Cartellone, no había problemas con Paramillos y existía un acuerdo para la servidumbre, permitiendo el acceso a la zona de exploración.

Con mucho poder de fuego, y mientras en paralelo el gobierno de Julio Cobos cedía ante los antimineros para instalar la 7.722, Danone puso un muro judicial para frenar cualquier intento de avance de uno de los cateos mineros más conocidos de Mendoza.

En ese contexto, José Leopoldo León, titular de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, creó una "reserva privada" en Villavicencio, algo que resultaba beneficioso para la intención de Danone. La decisión fue recurrida judicialmente por no estar considerada dentro de la ley referida a áreas protegidas. Luego, en 2007, León fue investigado por la Justicia provincial por diferentes actos en su gestión, pero al poco tiempo falleció.

En ese momento se generó un escenario muy inesperado, porque si bien a Lundin no la frenó directamente la 7.722 (cuando entró en vigencia la norma antiminera ya estaba aprobada la exploración de Paramillos Sur), de pronto se encontró con un conflicto judicial en el que corría con desventaja dada la fuerte presencia de la firma francesa en Mendoza.

Recordemos que a principios del nuevo milenio, bajo la gestión Cobos, la compañía generó impacto con su arribo y firmaba convenios por millones de dólares para obras de remodelación, reapertura y explotación del antiguo hotel Villavicencio.

Por otro lado, los canadienses pasaban del entusiasmo por el desarrollo, a un conflicto judicial que escaló hasta la Corte Suprema y que aún no tiene resolución. De hecho, una de las últimas acciones conocidas del caso, fue el rechazo de un recursos jerárquico que interpuso Danone, por parte de Rodolfo Suarez, en junio del año pasado. Los dueños de Villavicencio cuestionaban el otorgamiento de la Declaración de Impacto Ambiental para la exploración de Paramillos Sur.

De esta forma, en un contexto hostil, lo que ocurrió en los hechos es que Lundin recibió una invitación a retirarse en busca de nuevos rumbos. De seguir procesos normales, como la entrega de la DIA (que en ese momento no iba a la Legislatura), pasó a un escenario lleno de inconvenientes. No conseguir la servidumbre para ingresar a la propiedad minera, encontrarse con que se aprobaba una ley como la 7.722, la sorpresiva creación de una "reserva privada", los palos en la rueda de Danone y, además, ver como Paramillos era rodeado por propiedades que se tomaron sólo para bloquearlos (leer más abajo). Al final del día fueron cuestiones que terminaron por hacer que la compañía canadiense decidiera salir de Mendoza.

Igualmente, no fue poco el tiempo que el Grupo Lundin estuvo en Mendoza hasta que devolvió todo lo que tenía en la provincia (si es que aún no le queda algo por ahí). Fueron muchos años que le sirvieron, por ejemplo, para mirar lo que se hacía acá al lado en San Juan, donde había un proyecto que cumplía 10 campañas de exploración por esos años, un tal Josemaría, el cual terminó comprando en 2022 y que ahora junto a BHP comenzará a construir.

El bloqueo de Paramillos Sur

La idea de Danone siempre fue frenar cualquier opción de desarrollo minero cerca de su propiedad, tanto así que incluso solicitó nueve cateos de oro dentro de los terrenos en que era superficiaria, pero no para desarrollar la actividad minera, sino para frenarla. De hecho, consta en comunicaciones a los medios durante el año 2008, cuando dejaron claro que "Aguas Danone de Argentina se abstiene de realizar cualquier actividad que pueda dañar la reserva". 

Argumentaron que los derechos mineros cuestionados los habían heredado con la compra de Villavicencio y que los defendían como patrimonio. Sin embargo, con su postura no cumplían con lo que indicaba el Código de Procecimientos de esos años (y que mantiene el nuevo), y que señala que las propiedades mineras no se pueden mantener inactivas. Sin embargo, con su influencia y con políticos temerosos, Danone se las arregló para que ninguna gestión provincial -hasta la actualidad- les haya reclamado avance alguno en las áreas que todavía tienen bajo su control. Aún cuando se hicieron denuncias sobre esta situación, en el Estado miraron para otro lado y no hicieron cumplir las normas.

Uno de los postulados principales de la nueva autoridad minera es terminar con las áreas inactivas, por lo que se prevé que deberían tomar medidas con las concesiones mencionadas que Danone no piensa desarrollar.

Aunque el conflicto judicial sigue vigente, la presencia de Danone en Mendoza se fue diluyendo a partir de la sociedad que firmó con CCU Argentina, subsidiaria de CCU Chile. Esta firma emblemática pertenece al grupo Quiñenco, el más importante del vecino país perteneciente a la familia Luksic. La operación de la planta, y todo lo que implica Villavicencio, está en manos de gente de la firma chilena, que tomó el protagonismo y el manejo de la propiedad.

El dato curioso, como hemos señalado antes, es que justamente Danone se asoció -de cierta forma- con lo que no quiere cerca de su negocio, la minería. El Grupo Luksic forjó su patrimonio a partir de la minería y es propietaria de Antofagasta PLC, matriz de Antofagasta Minerales. De hecho, la minera trasandina está en el top 10 en producción de cobre a nivel mundial.

Luchar contra los malos antecedentes

Dentro de las cuestiones pendientes que tiene Mendoza en materia de desarrollo minero, está claramente terminar de entender cómo funciona la industria y sus procesos de negocios. Lo que pasó con Lundin y Paramillos Sur, donde prácticamente fueron sacados con hostilidad de Mendoza por acciones de un privado y también de la política, no es el primer caso. Recordemos que Vale  frenó Potasio Río Colorado cuando se encontró con un escenario desfavorable, en gran parte debido a las trabas políticas que encontró en su momento en la administración provincial.

Entonces, si hoy queremos comenzar a cambiar esa situación, tenemos que aprender de nuestros errores y no seguir desperdiciando oportunidades. Lo principal es que la política entienda que sus acciones tienen efectos que pueden condicionar el desarrollo, tal como ocurrió con la 7.722, que le pareció una buena solución a la política hace 17 años, pero que hasta hoy condiciona y mantiene en la incertidumbre el desarrollo de la industria en Mendoza.

Lo que nos toca entender en Mendoza, es que si una provincia vecina se encamina a desarrollar dos proyectos muy importantes (en una zona que se posiciona a nivel mundial como el distrito Vicuña), es porque tuvo la vocación y la decisión política para dejar que las empresas pudieran hacer minería. Nada más, pero tampoco nada menos.