El proyecto para regular la obstetricia al que se oponen grupos feministas

La diputada provincial Ana María Andía (UCR) viene impulsando desde hace tiempo un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción de la cámara baja. Se trata de una iniciativa para "establecer un marco general del ejercicio profesional de la licenciatura en Obstetricia, como actividad autónoma en la provincia de Mendoza".

Y si bien, tal cual su nombre lo dice, es una normativa con múltiples beneficiosos en lo que hace a la salud reproductiva, a los derechos de las personas gestantes, de los profesionales del rubro y, por supuesto, del niño por nacer, hay quienes se oponen y consideran que es "patriarcal" su contenido.

Para comprender más integralmente el panorama, hay que hacer primero un poco de historia. "La licenciatura en obstetricia existe desde hace mucho, fue toda una evolución pasar de la 'matrona' a la profesionalización que hoy en Mendoza dicta la Universidad de Aconcagua. Todo estaba regido por una ley vieja, del año 59', que la regula junto con otras profesiones de la salud como veterinaria", empezó explicando Andía.

Seguidamente, la legisladora indicó que a nivel nacional existe una ley del año 67' que habla de la obstetricia como una actividad auxiliar de la medicina. Pero, como no es de aplicación automática en todo el territorio nacional por no ser de orden público, y Mendoza nunca adhirió, se sigue precisando una regulación local -más allá, incluso, de las distintas resoluciones ministeriales que existen-.

"El proyecto de ley que yo presenté recoge todos estos antecedentes y ratifica la autonomía del ejercicio profesional. En 2019 fue aprobado en Diputados, pasó a Senadores, quedó ahí demorado, y en junio llegó a Diputados de vuelta con modificaciones válidas con las que yo acuerdo porque son de forma, no hacen al fondo de la ley que sí tuvo apoyo", graficó la radical.

Así, quien tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Buenos Aires, contó que para llegar al armado de su proyecto, que "está fundado en los principios de integridad, ética, idoneidad, equidad y solidaridad, con una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos", realizó reuniones con todo tipo de profesionales y entidades de la salud.

"De acuerdo a mi proyecto, el profesional puede ejercer su carrera de forma autónoma, en consultorio e incluso en domicilio. Lo que genera ruido son las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) que están planteadas por la Organización Mundial de la Salud desde los 90'. El ministerio de Salud viene trabajándolas pero recién en 2019 se trasforman en resolución", agregó.

Y siguió: "Allí, se establecen las condiciones en las cuales se deben realizar los partos y se determina que deben ser en los hospitales que tienen complejidad 2 y 3. Un hospital chiquito, que no tiene guardia de anestesia las 24 horas por ejemplo, el ministerio de Salud de Mendoza, de Nación y la OMS, consideran que no sería razonable llevar adelante un parto allí".

Igualmente, Andía señaló que si bien en diferentes circunstancias se puede dar que el parto se desencadene antes de lo previsto y no se pueda llegar a los efectores específicos, los consultorios y centros más pequeños y con menos herramientas para actuar en casos de complicaciones, están desaconsejado por los distintos organismos de salud arriba mencionados.

"Estadísticamente se considera que el 5% de los embarazos que no son de riesgo ni tuvieron ningún conflicto en los nueve meses de gestación, se pueden complicar en el momento del parto. La responsabilidad del Estado es disminuir los riesgos y garantizar la mayor seguridad posible para todos; el recién nacido, la persona gestante y los profesionales que intervienen", subrayó la diputada.

En este sentido, profundizó la radical, si bien en la mayoría de los casos los partos no presentan grandes complicaciones, si se da alguna, como una embarazada hipertensa o diabética, hasta puede terminar en la muerte fetal o en secuelas por falta de oxigenación a tiempo y daño cerebral.

"Las CONE (Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales) dan indicaciones pero en ningún lugar prohíben. Sí determinan, vuelvo a marcar, que todo parto programado debe ser atendido en un hospital 2 o 3 de complejidad o en una clínica privada también. En un consultorio privado, si se complica, no habrá recursos para intervenir a tiempo", enfatizó la legisladora.

Y continuó: "En esto de los parto en domicilio o en la bañera, hay una cuestión medio vintage de revival que si bien la mayoría de las veces sale bien, pueden caer en ese 5% que se complica y ahí aparecen las responsabilidades de los profesionales intervinientes. Vuelvo a insistir, las CONE no le prohíben a ninguna persona gestante que tenga su parto en el domicilio pero le dicen, a los profesionales, ‘ojo porque los riesgos están'".

Matriculados en Mendoza

Así, Andía explicó también que en Mendoza actualmente hay 1.180 matriculados en licenciatura en obstetricia. Y que en la redacción de su proyecto han participado organizaciones, profesionales y autoridades del ministerio de Salud: "Entre todas las organizaciones que participaron hay acuerdo en que no hay que programar un parto si no es en un efector de complejidad 2 o 3".

"Hay un grupo muy pequeño de profesionales que dicen que es una ley patriarcal, que vulneraba derechos adquiridos y demás. Mandaron un mail bastante agresivo, firmado por 47 organizaciones, de las cuales muchas son de otras provincias y también está Ni Una Menos y Xumek. Hicieron circular un mensaje por WhatsApp muy virulento contra el proyecto", expresó la autora.

En ese sentido, subrayó que si hay alguien en Mendoza que ha tenido continuidad en el tema derechos sexuales y reproductivos, ha sido ella. Que, desde 1988 viene trabajando en esto, década en la que comenzó como directora de Salud Sexual y Reproductiva en la Ciudad de Mendoza.

Así, luego de toda la descripción, Andía puntualizó que el quid de la cuestión es que ese pequeño grupo que sigue considerando que las CONE prohíben los partos en domicilios aunque no sea así, en realidad no quieren que la normativa avance porque cobran mucho dinero (fortunas) por hacer esta tarea que está desaconsejada hasta por el OMS.

"A nivel provincial hay gente que ha perdido la matrícula por esto. Los casos que se complican, se llama al Departamento de obstetricia para desligar responsabilidades. En este momento, por ejemplo, en el ministerio hay un sumario a una licenciada en obstetricia que estaba realizando un parto vaginal domiciliario a una mujer que tenía tres cesáreas previas. No voy a decir que es criminal pero sí de un riesgo altísimo", se explayó.

Y cerró concluyendo: "El proyecto dice que en caso de un control en consultorio o excepcionalmente en domicilio se desencadenara el parto, hay que llamar a un servicio médico de traslado. Reclaman el derecho de las mujeres a elegir, que obviamente siguen teniéndolos pero deben conocer los riesgos. Incluso, les dije que si quieren presentar un proyecto de modificación pueden hacerlo".