Máximo Kirchner presentó un proyecto para blindar el nicho camporista en Aerolíneas

Busca prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de las cámaras del Congreso.

Máximo Kirchner presentó hoy un proyecto que busca reformar la ley de estatización de Aerolíneas Argentinas para prohibir la transferencias de acciones de la línea área sin la autorización de los dos tercios de los miembros de la Cámara de Diputados y del Senado.

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La iniciativa apunta a evitar que en el futuro se intente un desguace sin la intervención del Congreso ante las críticas de los candidatos opositores a la gestión de la aerolínea de bandera.

El proyecto busca blindar la compañía que desde su estatización ha sido manejada por dirigentes de La Cámpora, el espacio que creó el hijo de Néstor y Cristina.

En los fundamentos del proyecto, planteó que el objetivo es "proteger lo conseguido y ahuyentar a los 'fantasmas privatizadores'", como también "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como fuente de financiamiento de pingües negocios personales".

La iniciativa presentada hoy en la Cámara baja propone reformar la ley 26466/2008, que declaró de utilidad pública y sujetas a expropiación las acciones de las Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral S.A., y prohíbe expresamente "la transferencia de las acciones" sin una autorización previa del Congreso.

El proyecto de ley impulsado por Kirchner detalla además que la autorización del Parlamento a cualquier transferencia de acciones de Aerolíneas requerirá de la aprobación con en el voto favorable "de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara".

Para modificar la ley 26466, la propuesta promueve la incorporación de un párrafo al primer artículo de la normativa, lo que que permitiría incluir en el texto de la norma el mismo requisito que figura en el artículo 10 de la ley 26741/2012, por la cual se expropió el 51% de las acciones de la petrolera YPF.

En el artículo 10 de la ley que pasó al Estado la mayoría del paquete accionario de YPF se dejó constancia que, como la expropiación se debió a una causa de utilidad pública, "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Honorable Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros".

En el resumen que acompaña el proyecto se planteó que la necesidad de restringir a través de una ley cualquier cesión o transferencia de acciones se debe a la proliferación de "discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica que debe tener la construcción de un país para todos y todas".

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