La expropiación de Vicentin agita el recuerdo del estallido por la Resolución 125

Por primera vez en medio de la pandemia se habló de otro tema, en forma masiva. La decisión del gobierno nacional de intervenir y expropiar la agroexportadora santafesina Vicentin agitó todo el tablero político y empresarial, pero también despertó a movilización en sectores que no aceptan que se haya tomado una decisión de esas características en medio del confinamiento. Las reacciones se movieron en los extremos, con manifestaciones a favor y en contra de la iniciativa que comunicó el lunes el presidente Alberto Fernández.

Ayer, Fernández defendió la medida con argumentos similares a los expuestos en la conferencia de prensa. Dijo que la intervención de Vicentin "es excepcional" y que "no está en la cabeza" del gobierno "andar expropiando empresas". También sostuvo que la decisión se tomó para "preservar una empresa muy importante del mercado cerealero" y para mantener "la fuente de trabajo y la tranquilidad de los productores".

Vicentin entró en default en diciembre del año pasado por "estrés financiero" y en febrero de este año se presentó a un concurso de acreedores por una deuda de casi u$s 1.400 millones. En ese proceso se encontraba cuando el gobierno decretó su intervención y anunció el envió de una ley al Congreso para su expropiación.

Tensión y denuncia

Siete diputados de Juntos por el Cambio presentaron una denuncia penal contra Alberto Fernández por "abuso de autoridad" por la intervención de la empresa Vicentin, anunciada ayer por el Presidente en Casa Rosada, lo que tensiona aún más la relación entre el oficialismo y la oposición en torno a la sorpresiva medida.

"El Poder Ejecutivo Nacional carece de facultades para apropiarse de la gestión de una empresa privada, cualquiera sea el estado de su patrimonio y el alcance de sus deudas, pues ello implica la violación de uno de los principios esenciales de nuestro sistema constitucional: la propiedad privada es inviolable y nadie puede ser privado de ella sino en virtud de sentencia fundada en ley", argumentaron Waldo Wolff, Federico Angelini, Pablo Torello, Gisella Scaglia, Álvaro de Lamadrid, Luis Petri y Marcela Campagnoli, los legisladores de la coalición opositora que firmaron la denuncia presentada en los tribunales de Comodoro Py.

Los bloques de Juntos por el Cambio del Senado y de Diputados difundieron un comunicado oficial en el que sentaron posición tras el anuncio presidencial que dio cuenta de la intervención de la firma agroexportadora y del envío de un proyecto de ley de expropiación de la misma. "Es ilegal, peligrosa e inconstitucional", resaltaron los senadores y diputados opositores.

Según la presentación judicial, el decreto 522 publicado hoy en el Boletín Oficial viola los artículos "17, 18, 29, 75 inciso 12, 75 inciso 76, 109 y concordantes de la Constitución Nacional".

Los dueños de Vicentin

Los dueños de la firma dijeron que se enteraron "por los medios" de la iniciativa oficial, asegura que se encuentra "ajustada al marco legal" y reivindica sus derechos como empresa.

"El camino elegido nos llena de incertidumbre y preocupación. Nos hemos enterado de la decisión por los medios y estamos realizando las consultas necesarias para entender las características y la profundidad de las medidas anunciadas", señaló Vicentin a través de un comunicado de su directorio.

Movilización en contra

Ayer, en la localidad santafesina de Avellaneda (donde está la sede central) hubo una importante manifestación de vecinos. Flameando banderas argentinas, los pobladores se mostraron en contra de la expropiación. La protesta fue fogoneada por el intendente de esa localidad, Dionisio Scarpín, quien llamó a los vecinos a hacer un abrazo simbólico a la empresa y mostró su preocupación por esta suerte de avanzada estatizadora, según informó en Rosario el diario La Capital.

Las razones, según el Presidente

"No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas. Claro que es un gran esfuerzo del Tesoro que hay que hacer, por lo tanto la excepcionalidad de tomar esta decisión es absoluta", insistió ayer Alberto Fernández.

"No es que llegamos y tenemos que poner 1.300 millones de dólares, llegamos a una empresa en concurso, porque los que critican esto le quieren hacer creer a la gente que nos estamos haciendo cargo de una empresa próspera. Nos estamos haciendo cargo de una empresa en quiebra", explicó el presidente.

Al ser consultado si podría ocurrir algo similar con la empresa Sancor, Fernández respondió:

, y aclaró que el gobierno "va a ayudar a todas las empresas que podamos, pero expropriarlas no es la regla".

Diferencias dentro del gobierno de Santa Fe

La situación que envuelve a Vincentín agitó también las aguas de la política santafesina y abrió una grieta en el gobierno de Omar Perotti. 

El gobernador salió a avalar expresamente la medida apenas se anunció, pero ayer su ministro de la Producción, Daniel Costamagna, en una reunión con la comisión de Diputados, dijo que no estaba de acuerdo con la expropiación de la empresa.

Ilegal

El constitucionalista Daniel Sabsay advirtió ayer que "el Presidente ha inventado una modalidad de per saltum a través de la cual ha pasado por encima del juez del concurso". Al respecto, agregó que "olvidó el artículo 109 de la Constitución que le prohíbe ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas".

Los aceiteros 

En el frente gremial, las reacciones fueron todas positivas. El sindicato que agrupa a los Aceiteros celebró la iniciativa oficial al entender que en manos públicas, la compañía "tendrá un rol fundamental para la soberanía y el control sobre la producción de alimentos".

"En aquel momento (cuando la empresa entró en default) advertimos que ninguna solución era admisible si no se garantizaban los puestos de trabajo y las condiciones laborales de las trabajadoras y trabajadores", señaló la Federación de Aceiteros a través de un comunicado.

"Por eso -continúo la organización sindical- celebramos que el compromiso de garantizarlos haya estado presente de manera explícita en el anuncio presidencial".

El campo y la "venezuelización"

Salvo la Federación Agraria, el resto de las entidades rurales salieron a agitar el "fantasma de Venezuela".

A través de un comunicado, la Sociedad Rural de Reconquista expresó: "No vinieron por Vicentin, no vinieron para proteger la producción. Vinieron por nosotros, vinieron por la democracia. Hoy nuestra bandera a media asta simboliza la tristeza ante el entierro de los valores republicanos".

En tanto, desde Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) se volvieron a manifestar en contra de la decisión del gobierno. "La expropiación la debe determinar el Congreso de la Nación y lo vemos con preocupación porque vemos que hay una línea orientativa del gobierno para avanzar sobre las empresas privadas, y la historia de la Argentina demuestra que los avances del Estado sobre las empresas privadas no han sido positivos", manifestaron en un documento.

Los tuits de la movilización en diversas ciudades