Sólo falta que vuelva Salgado

"El resultado fue tan bueno que otros empresarios argentinos, a punta de pistola, se apropiaron del negocio. Así surgieron los dos grandes centros comerciales conocidos como Urcupiña y Punta Mogote".

                         Juan Grabois (2018). La clase peligrosa. Planeta de Libros

La llegada de la feria "La Salada" en 2013 fue quizás el evento más importante que tuvo lugar en Santa Rosa desde 1983 a la fecha, en un departamento con una economía que hace inviable un desarrollo genuino de la zona. Aquel acuerdo entre el intendente Sergio Salgado y el empresario polirrubro Jorge Castillo fue tan informal e irregular como los productos que se comercializan allí: arreglaron todo de palabra, como la Cosa Nostra, sin necesidad de darle un baño de transparencia al asunto. El resultado fue que el primero pasara seis meses en prisión y aún tenga cuentas pendientes con la justicia, mientras que el segundo terminaría cayendo preso acusado de ser el líder de una asociación ilícita por causas mayores.

Hoy, en el "lejano este" de Mendoza, Castillo quiere volver a la espera de un reconocimiento por su aporte a una economía que, ciertamente, se cae a pedazos. "Me tendrían que hacer un monumento", dijo esta semana a Memo, cuando este diario dio a conocer la novedad de los planes del empresario -un mercado concentrador frutihortícola-, asunto que después replicó algún que otro portal local. Si bien el monumento (por ahora) quedará pendiente, la respuesta del municipio que gobierna Florencia Destéfanis fue colaborar con el hombre que está detenido, sin condena, pero con sospechas de toda una serie de delitos.

Si bien terminó siendo crítico del exintendente, a Castillo se le complicó el negocio en Santa Rosa sin Salgado. Cuando la intendenta Norma Trigo mencionó la palabra "impuestos", el empresario amenazó con levantar la feria y abandonar la provincia. Justamente, es en la informalidad donde este tipo de negocios, necesarios en amplias zonas del país donde los excluidos no tienen otra forma de arroparse, son viables. El problema es, según explica Juan Grabois en su libro "La clase peligrosa", cuando un grupo de mafiosos se aprovechan de esa necesidad y se apropian "a punta de pistola" de un esquema que surgió con un objetivo reparador para una determinada clase social.

Ahora, con el cambio de gobierno, los vientos vuelven a ser favorables a Castillo en Santa Rosa y, si nada cambia, será la apuesta de la gestión actual para sacar al departamento del pozo con un mercado similar al de la Feria de Guaymallén y con la promesa de incluir en el mediano plazo un frigorífico que potencie la actividad ganadera. Quedará aún sin concretar el hotel cinco estrellas que prometió, o la Terminal de Ómnibus de la que tanto habló, o el estadio cubierto que, según dijo, podría haber sido sede de la vieja Copa Davis. 

¿Qué pasaría si otra municipalidad, indiferentemente el color político, convocara a Cristóbal López para organizar un sistema de medios de comunicación comunal? ¿Cuál sería la reacción del vecino de Capital, Las Heras, Tunuyán o San Rafael, si Lázaro Báez gana una licitación para desarrollar un plan de urbanización? ¿Hasta dónde llegaría la indignación de los mendocinos si el ministro Mario Isgró le pidiera asesoramiento al exsecretario de Obras Públicas de la Nación José López para diagramar una licitación? 

Jorge Castillo, al igual que todos los mencionados, no ha sido condenado por la Justicia: está detenido en su mansión de Open Door, bajo prisión domiciliaria preventiva. Es inocente hasta que se demuestre lo contrario, en un juicio próximo a desarrollarse, y más allá de las sospechas por el origen del dinero que utilizará en el nuevo predio de Santa Rosa, ya que tiene congeladas todas sus cuentas bancarias, en el "lejano este" tiene las puertas abiertas.