¿Quién puede oponerse a la Ley Micaela?

La ley Micaela (27.499) establece la obligatoriedad de que todas las personas que integran los tres poderes del estado reciban una capacitación en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Recibe el nombre en relación a Micaela Garcia, una joven militante del movimiento ni una menos que fue violada y asesinada en Gualeguay, Entre Ríos.

El femicidio de Micaela tuvo resonancia especial ya que nos hizo tomar conciencia como sociedad de que necesitábamos que las personas que tienen en sus manos la toma de decisiones importantes que afectan nuestras vidas, estén formadas y entiendan la problemática de la violencia contra las mujeres.

Esto porque el femicida de Micaela, era un ex convicto que ya había cometido abusos sexuales y había sido dejado en libertad por un Juez que evidentemente no comprendía los mecanismos que subyacen a este tipo de delitos y la violencia contra las mujeres.

El objetivo de la ley es justamente lograr que las personas que trabajan en el estado, (ahora provincial por la reciente adhesión), entiendan la problemática y tengan las herramientas necesarias para asistir, contener, resolver situaciones de violencia con perspectiva de género.

A fin de que la ley se aplique efectivamente y no sea o se convierta en una mera declaración de voluntad, establece su obligatoriedad y la sanción a aquellas personas que una vez notificadas e intimadas para asistir a la capacitación, se nieguen si causa que lo justifique. También establece que las autoridades de los organismos del estado deban publicar periódicamente las listas con las personas que han recibido formación.

Sin perjuicio de que la ley parece a todas luces una herramienta necesaria y beneficiosa para nuestra sociedad, un diputado celeste del PJ mendocino se opuso a votarla y dio una serie de argumentos en su contra.

¿Cuáles fueron sus argumentos?

En el video de las sesiones que puede encontrarse en la página de nuestra legislativa puede oírse y verse que el diputado comienza diciendo que "nadie podría estar en contra de una capacitación sobre violencia contra las mujeres". Sin embargo, paradójicamente se opone.

Acto seguido refiere que no cree que "si esta ley hubiera estado vigente lo de Micaela no hubiera ocurrido" y expresa que el femicida de Micaela no era empleado público sino limpiador de jaulas.

Respecto a este primer argumento, es decir, que el femicida no era empleado público, cabe decir sólo dos cosas que traigan un poco de luz: una, que no se capacita a la gente para que no ejerza violencia de género o cometa femicidios, sino que se lo hace para que comprendan la problemática y cuenten con herramientas para resolver situaciones que se planteen en sus ámbitos laborales y personales. Dos: que proponer una formación en una temática no implica suponer que las personas que la reciben son femicidas. Por tanto, la capacitación no es una amenaza, es una herramienta de conocimiento.

Se opone el diputado además porque en la ley se usa la palabra género. Dice que sin perjuicio de estar a favor de todos los géneros y visiones que se tenga sobre el tema, no cree que esto sea relevante para tratar la violencia contra las mujeres.

Cabe decir aquí, que no sólo es un punto relevante sino que las construcciones de género son la base o la causa de la violencia contra las mujeres. Es decir, estudiar cómo somos construidas/os culturalmente es lo que nos permitirá desarmas masculinidades violentas. Por lo que decir que el género no es importante, es no entender la problemática de la violencia, y eso nos da la pauta de que si de verdad queremos resolver el problema, necesitamos capacitación.

Objeta también el diputado que se utilicen pedagogías feministas. La pedagogía feminista es aquella que es participativa, horizontal, en donde se valida la experiencia personal y se trabaja haciendo hincapié en la escucha, entre otras cosas. Así como es difícil estar en contra de esta capacitación, también cuesta entender por qué alguien estaría en contra de esta metodología. Como el diputado no explica las razones de esta oposición, lo único que cabe pensar es que de lo que está en contra es del nombre, es decir, de que sea feminista.

Por otro lado objeta que la ley de por sentado que vinimos en una estructura patriarcal y dice la ley lo hace en el sentido de que "todo hombres es sospechosos y puede ser culpable si no demuestra lo contrario"

Negar que vivimos en una estructura patriarcal (en donde la autoridad y jerarquía son masculinas) es sumamente difícil. Sobre todo si nos remitimos a las obvias pruebas como son la jefatura del hogar establecida por nuestras leyes, la ocupación de los cargos de poder por los hombres, etc.

Por otro lado, el hecho de que hoy las mujeres podamos expresar la violencia que hemos vivido, denunciar y ser creídas ante las agresiones, recibir contención en los dispositivos del estado etc, no implica que los hombres sean sospechosos hasta que demuestren lo contrario, sino que implica que ya no hay impunidad y complicidad del estado en cuanto a la violencia que de verdad existe.

Por otra parte el diputado expresa frases que sí parecieran estigmatizar y dar por sospechosas a las mujeres o a la palabra femenina cuando refiere "Yo también prefiero creerle a una mentirosa que a un abusador".

Justamente, estigmatizar a las mujeres como sospechosas de estar mintiendo, tratarlas de locas, víboras, especuladoras, deseosas de destruir la vida de los hombres, despechadas etc, ha sido el mecanismo simbólico para neutralizar nuestra palabra y así lograr la impunidad ante la violencia. Por ello aquí, sobran las palabras.

Finalmente, refiere que esta es una ley fascista por su obligatoriedad.

La pregunta ante estos dichos es simple. ¿Es fascista pretender que el personal del estado adquiera habilidades técnicas y humanas para administrar mejor y resolver problemas en el ámbito laboral? Quizás si se tratara de otra temática, de otras herramientas, no lo sería. Pero cuando intentamos que la problemática de la violencia y la jerarquía masculina se detengan, cuando pedimos por la igualdad y logramos que se avance hacia ella, cuando pedimos que se visibilice y se entienda que no es justo que vivamos con miedo, parece que sí, que esto es un reclamo fascista.

LA AUTORA. Emiliana Lilloy. Abogada. Directora de la Diplomatura en Género e Igualdad. Vicepresidenta de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Mendoza.