Políticas públicas, servicio público y vacunación partidaria
Marcelo Puertas, autor de esta nota, propugna la vuelta al concepto de servidor público para quien ejecuta políticas públicas y que no se trate de apuestas partidarias.
Días atrás, leía una noticia publicada por un medio de prensa, a posteriori cotejada, por la cual se mencionaba que en el conurbano bonaerense, no recuerdo el partido o municipio me parece que Pergamino (no me interesa poner la atención en el específico lugar sino en la actitud), agrupaciones representantes del partido gobernante en la República, habían instalado puestos de propaganda a través de los cuales se inscribía a los ciudadanos a los fines de que, posteriormente a ello, se los convocara para vacunarse en contra de la pandemia que todavía nos asola.
Inmediatamente se me agolpó, en forma de tropel, una serie de primeras ideas, destacándose entre ellas, la famosa sentencia de Mafalda: "Otra vez sopa".
Otra vez los corifeos, otra vez los seguidores de aquellos líderes (autoproclamados como tales, ya que "Jefe" pueden ser muchos "Lider" muy pocos) que consideran que los bienes públicos se utilizan para fines privados, que evalúan que la posibilidad de vacunarse a los fines de enfrentar este "bicho" tan resistente se debe hacer desde puestos partidarios (que obviamente responden a intereses sectoriales) y no desde los efectores institucionales (que como tales representan a la totalidad de la ciudadanía, por ejemplo los hospitales o centros de salud).
Ahora bien, radico la gravedad de estos actos en el concepto de que la aplicación o no de la mencionada medida sanitaria constituye un bien público" llamado a realizarse por "servidores públicos".
Las vacunas en cuestión son "bienes públicos" ya que fueron comprados con dineros del Estado Nacional y están destinadas a combatir una enfermedad que ataca a toda la población, siendo de interés público controlarla y combatirla.
Asimismo es un servicio público, significando ello que el sujeto que tiene dicha obligación se encuentra al servicio de un idea que beneficia a toda la comunidad.
Una vez dicho lo que antecede considero conveniente realizarnos una par de interrogantes al respecto, a saber:
1.- ¿Por qué motivo miembros de una Agrupación Política dirigen la administración de Vacunas que se compraron con dineros Públicos queriendo ostentar de esa manera una solución privada a un problema público?;
2.- ¿Por qué motivo "los servidores públicos", léase miembros del Ministerio de Salud de la Nación no realizan dicha tarea, siendo en definitiva que son los obligados?.
En relación al primer interrogante .desgraciadamente, si bien desde hace mucho tiempo, en nuestro país se estila "servirse" de los medios del Estado para satisfacer fines particulares, ello no quita la gravedad de la situación, y tampoco disminuye el magnífico perjuicio que ello conlleva en detrimento de la credibilidad de nuestro Sistema Democrático. Ya que lo que se observa desde la externalidad a esa situación es que un grupo de inescrupulosos se aprovechan para sí de los medios públicos en pos de satisfacer sus "bajos instintos" sectoriales.
En síntesis, el motivo es claro que es lograr el fin de la agrupación sin importar los medios de que se dispongan.
En consideración al segundo interrogante, que lo considero aún de mayor envergadura, evalúo que la ausencia de los responsables del Ministerio de Salud de la Nación, dirigiendo esa tarea, denota un grado mayúsculo de irresponsabilidad, ya que están delegando la estrategia de implementar un Plan Nacional de Vacunación para enfrentar una pandemia mundial, a un grupo no preparado ni capacitado para realizarlo, es decir el gobierno nacional "sigue jugando con nuestra salud", dejando el principio de solución de la Pandemia en manos de otros irresponsables que juegan con los valores democráticos enmascarados detrás de sus autoritarios dogmas.
En síntesis considero el motivo de este "desmadre" se afinca en que evidentemente nuestro Sr. Presidente de la Nación no conduce la política sanitaria para enfrentar la pandemia, siendo su Vicepresidenta quién lo desautoriza y realiza actos sin el acuerdo de él, en beneficio de sus fanáticos, y él concomitantemente no hace nada importante como para desautorizarla, ya que ello conllevaría que se quedaría con muy poco caudal político para seguir gobernando, para ello sería muy bueno tener un sistema Parlamentario (como Italia por ejemplo) que ante la pérdida de apoyo del gobernante se convoca a formar un nuevo gobierno que reúna el poder electoral suficiente, no obstante esto es harina de otro costal.
De acuerdo a lo expuesto es imperioso que volvamos a reivindicar aquellos valores democráticos que nos enseñan cual es la importancia de las "política públicas" entendida estas como aquellas acciones, reformas, planes, etc que se planifican, articulan, toman o ejecutan dirigidas a satisfacer problemas que aquejan al conjunto o a que hacen al quehacer de la sociedad, que necesariamente deben ser llevadas a cabo o dirigidas, por lo menos, por los representantes de las instituciones públicas electas por el pueblo en elecciones libres y democráticas.
A modo de corolario, considero oportuno destacar que esta problemática, si bien en el sector referido se presenta con mucha mayor asiduidad que en otros, desgraciadamente está bastante extendido, como costumbre política. A modo de ejemplo también evalúo oportuno mencionar dos ejemplos que denotan lo expuesto.
El presidente Mauricio Macri a poco de asumir su mandato presidencial decide apoyar una fundación del Estado del Vaticano realizándole una donación de 60 millones de dólares (proveniente de los dineros públicos de la República Argentina) que al final el Vaticano no aceptó. Y por otro lado está el caso de la Sra. Victoria Donda encargada de dirigir los destinos del INADI (Instituto Nacional en contra de la Discriminación, Xenofobia y el Racismo) que a los fines de satisfacer un problema que tenía con la señora que realizaba el servicio doméstico en su domicilio particular le ofreció como forma de remuneración "planes sociales" que se erogan con dinero de la República.
Ambos casos denotan (salvando las distancias) una grave distorsión en la formación ciudadana de nuestros representantes al pretender ser solidarios con "dinero ajeno", así cualquiera es solidario.
Es claro que está distorsionado el concepto de políticas públicas y de servidorpPúblico.
Nosotros, los ciudadanos, como soberanos que somos en esta democracia republicana debemos empezar a exigir de nuestros representantes mayores niveles de "servicio", "honradez" e "institucionalidad".
En dicho marco, también observo una manifiesta falta de compromiso por parte del Poder Judicial, ya que en los casos en cuestión no han intervenido de oficio, siendo que en michos de estos casos nos encontramos con posibles malversaciones de fondos públicos, que es un delito.
Por lo expuesto tenemos que animarnos a exponer o denunciar ante la justicia estos actos a los fines de reconducir dichas conductas. Si no lo hacemos, si nos quedamos impávidos, van a seguir pululando estas autoritarias y poco éticas formas de hacer política, que mayoritariamente persiguen solo intereses particulares, obviamente con dineros públicos.