Cómo los municipios pueden (y deben) contribuir a la seguridad de los vecinos
La seguridad ciudadana es hoy una de las demandas más urgentes en todo el país, y Mendoza no es la excepción. En este contexto, urge dejar de lado discursos declamativos para avanzar en políticas concretas.
Los municipios tienen un rol fundamental que no puede seguir siendo ignorado. La seguridad debe entenderse como una construcción colectiva, y en esa lógica, el nivel local es clave por su cercanía con el vecino y su conocimiento del territorio. Si bien la competencia formal en seguridad recae en el gobierno provincial, el marco legal vigente habilita -y en muchos casos exige- que los municipios asuman responsabilidades específicas.
La Constitución de Mendoza, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley Provincial de Seguridad Vial establecen claramente esa posibilidad. Es momento de destacar a los municipios que se involucran seriamente en la seguridad. Mientras algunos intendentes utilizan los medios de comunicación y las redes sociales para realizar denuncias genéricas sin asumir compromisos -como ocurre con el jefe comunal de San Rafael-, otros, como el intendente de Godoy Cruz, articulan con el Ministerio de Seguridad y lideran operativos que incluso han incluido la demolición de kioscos de droga en el oeste de su departamento. Esa es una gestión comprometida, basada en hechos concretos.
Cada municipio, en función de su territorio, población y complejidad urbana, implementa estrategias distintas. Lo importante es estar presentes, no mirar para otro lado. La seguridad no admite indiferencia ni especulación política. Los vecinos demandan respuestas, planificación urbana, prevención activa y presencia estatal.
Hoy, 16 de los 18 departamentos de Mendoza trabajan de forma coordinada con el gobierno provincial. Esa red colaborativa debe fortalecerse. Las herramientas legales existen: la Constitución Provincial de Mendoza (Art. 200, inc. 3), la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley 1079) -en artículos como el 11, 71, 74, 75, 78, 79 y 82- y la Ley Provincial de Seguridad Vial (Ley 9024, Art. 6) avalan el accionar municipal en esta materia.
Desde el mantenimiento del espacio público hasta el control del tránsito y la prevención sanitaria, el campo de acción local es amplio y necesario. No se trata de inventar competencias, sino de ejercer con responsabilidad las que ya existen. La seguridad exige decisión política, capacidad de gestión y una mirada integral del problema. Es tiempo de actuar.
