Minería: la irracionalidad no es sustentable

Eddy Lavandaio reclama y fundamenta en esta nota por qué los funcionarios deben rodearse de profesionale idóneos para trabajar en minería.

Eddy Lavandaio
Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.

Una de las primeras cosas que se aprenden cuando se estudia economía minera es que debemos hacer un aprovechamiento racional de cada yacimiento, tratando de extraer íntegramente el recurso. Al respecto, los docentes suelen decir ..."no debemos comer las frutillas del postre y tirar el resto: tenemos que comer todo el postre".

Esto puede parecer anecdótico pero no lo es. Por el contrario, es un principio básico para lograr una razonable sustentabilidad en el uso de materias primas minerales habida cuenta de que cada yacimiento que se abandona o se da por agotado debe ser reemplazado por la apertura de otro yacimiento. Si en la mina abandonada quedan recursos sin extraer o sin procesar, es muy probable que no se aprovechen nunca.

No vamos a pretender que los políticos mendocinos sepan relacionar la economía minera con el desarrollo sustentable, y menos vamos a imaginar que sepan algo sobre la actividad minera porque ese es un tema que ni siquiera se enseña en las escuelas, debido precisamente a la necesidad política de mantener a todo un pueblo en la ignorancia al respecto.

Nuestros políticos sancionaron en el 2007 una Ley absolutamente discriminatoria en perjuicio de los trabajadores mineros que, entre otros impedimentos, prohibió a los mineros (solamente a los mineros) usar ácido sulfúrico, que es el insumo básico que se usa en cualquier lugar del mundo para procesar los minerales "oxidados" de cobre.

Y son los mismos políticos que hoy en día, desde la Casa de Gobierno y desde la Legislatura, dicen que quieren promover la minería del cobre, explicando que, según ellos, no necesitan usar ácido sulfúrico.

En una nota anterior (diario Memo, 17/11/19) nos dedicamos a explicar cómo se distribuye la mineralización de cobre en la mayoría de los denominados "pórfidos cupríferos".

Allí explicábamos que estos yacimientos se originaron a cierta profundidad, por acción de fluidos hidrotermales directamente vinculados con el volcanismo, donde el azufre se combina con más facilidad con los metales que el oxígeno y por eso los minerales del depósito son sulfuros de cobre. En la medida que la región cordillerana se fue levantando como consecuencia de la orogénesis, la erosión fue quitando las rocas que estaban encima y finalmente el yacimiento terminó aflorando en superficie.

Los sulfuros de cobre son inestables frente al oxígeno y el agua superficial, y reaccionan químicamente generando compuestos diferentes como los sulfatos, carbonatos y silicatos de cobre. Este proceso natural de formación de nuevos minerales que llamamos minerales "oxidados" de cobre se verifica desde la superficie hasta el nivel de aguas freáticas, que es esa porción del terreno donde los poros de las rocas dejan circular aire y agua.

La consecuencia de este proceso es que, en la mayoría de los casos, el yacimiento queda dividido en dos capas, una más superficial con minerales "oxidados", que puede tener espesores muy variables, y otra mas profunda y más voluminosa compuesta por sulfuros primarios de cobre como la calcopirita y la bornita, o secundarios como la calcocita.

En todos los casos en que se haya producido esta zonación, el aprovechamiento integral de las dos capas se hace mediante el uso de dos circuitos de procesamiento diferentes

Los minerales "oxidados" de la capa superior se tratan mediante un proceso hidrometalúrgico que comienza con la disolución de los "oxidados" de cobre con agua y ácido sulfúrico y culmina con una electrólisis que produce cátodos de cobre metálico de alta pureza.

Los "sulfuros" de cobre se procesan en otro circuito de molienda y flotación que produce "concentrados" aptos para una fundición y refinación posterior.

Por ejemplo, en el caso de la mina San Jorge, en Uspallata, los recursos suman 193 millones de toneladas de las cuales 32 millones contienen "oxidados" con una ley de 0,52% Cu y 161 millones contienen "sulfuros" con una ley similar.

Debido a la prohibición del uso de ácido sulfúrico, el proyecto presentado al Gobierno Provincial tuvo que considerar a los 32 millones de toneladas con "oxidados" de cobre como escombros sin valor a los que había que extraer lo mismo para poder acceder a extraer los sulfuros de más abajo. De esa manera, los "oxidados" pasaron a ser una "basura" a disponer junto con las escombreras. No tuvimos conocimiento de que el Gobierno al emitir la Declaración de Impacto Ambiental haya hecho cálculos sobre el perjuicio económico y social que esto causaba al proyecto y tampoco se tuvo en cuenta en la Legislatura, que resolvió rechazar la DIA por motivos claramente políticos ("Minería: Perón y después", Edit. Dunken, 2021).

Para que los lectores tengan una idea cabal de lo que se estaba considerando "basura", digamos que al precio actual del cobre, el procesamiento de ese mineral permitiría facturar más de mil millones de dólares. No permitir el aprovechamiento de ese mineral es una enorme irracionalidad y se debe pura y exclusivamente a una insólita prohibición impuesta por la política.

El impacto de esa prohibición es la siguiente: disminuye el volumen de recursos a aprovechar y el nivel de inversión de capital, incrementa los costos operativos, acorta la vida útil del emprendimiento medida en años que también son años a restar a la duración del empleo y de las ventas de cientos de pymes proveedoras de bienes, insumos y servicios, y además representan menos años para cobrar impuestos y regalías.

Resulta oportuno reiterar esta explicación en forma pública porque la división en capas suele darse en la mayoría de los yacimientos, de manera que si se promueve la exploración enfocada en el cobre, la irracionalidad descripta puede repetirse en otros proyectos.

Dado que funcionarios y legisladores (los mismos que le negaron una excepción a Malargüe) se muestran ahora como promotores de la minería del cobre creemos que deberían asesorarse con profesionales idóneos para que se den cuenta del perjuicio que le causan a la Provincia manteniendo normas con prohibiciones discriminatorias y tramitación de permisos políticos que nada tienen que ver con la normal evaluación de cualquier proyecto y menos aún con el concepto de desarrollo sustentable.

EL AUTOR. Eddy Lavandaio. Geólogo. Matrícula COPIG 2774A. Miembro de la Asociación Geológica de Mendoza.

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