La "licencia social", nada más que otra excusa de la política

Si hay algo en que la clase política argentina se destaca es en no hacerse cargo de nada. Lo que pasa en el país siempre es culpa de otro y siempre hay una excusa para lo que pueda afectar a la sociedad. Por ejemplo, ahora la vicepresidenta culpa a la falta de dólares por la inflación y no es por la emisión ni por déficit fiscal. Cristina Fernández descubrió lo que decenas de bancos centrales alrededor del mundo nunca vieron y nos quiere hacer creer que pierden su tiempo atacando la inflación con política monetaria.

Pero bueno, no es nada nuevo lo que sucede a nivel nacional, aunque el tema de las excusas está presente en todos los niveles y en Mendoza es pan de cada día. Ayer fue el Día de la Minería y acorde la fecha, una de las excusas más grandes de la política mendocina para no avanzar con el desarrollo de la actividad minera es la denominada "licencia social".

Nadie tiene claro cuándo ni dónde, pero el tema de la "licencia social" se instaló en el discurso de la política mendocina y le cayó como anillo al dedo a quienes se oponen a la actividad minera. Sin embargo, no se trata más que de una excusa para no tomar decisiones que pueden tener un costo político y que puede quitar votos, que en el fondo es lo único que importa a las estructuras político partidarias que viven del poder y de sus beneficios.

Cuando se comenta a los inversores mineros de la "licencia social", muchos esperan que les expliques en qué oficina se tramita y qué requisitos tenés que cumplir. No terminan de entender que se trata casi de "un sentimiento" que se mide de acuerdo a una percepción o a una reacción, pero en base a la certeza que puede entregar algún instrumento válido de medición.

Seguramente la "licencia social" va a ser difícil de explicar si a algún funcionario o al mismo gobernador Suarez se lo consultan durante su visita al PDAC en Canadá, la mayor feria minera del mundo. Viajan para vender el proyecto Potasio Río Colorado (PRC). Allá se va a decir que PRC la licencia la tiene, porque se entiende que era aceptado y porque no termina de ser un proyecto metalífero, a pesar que el potasio entra en esa calificación.

Pero volviendo a la realidad local, cuando en 2019 se aprobó y posteriormente se derogó la Ley 9.209 que permitía el desarrollo minero, se aplicó como excusa que la minería no tenía "licencia social". Hasta hoy trato de buscarle la vuelta a esa explicación, porque fue aprobada por una mayoría absoluta en las dos cámaras de la Legislatura. Cuando sucede eso y se deroga una ley con ese nivel de acuerdo, lo que se hace es debilitar las instituciones, porque se le resta valor y legitimidad a un poder del Estado. Puede criticarse la representantividad de la Legislatura por el tipo de sistema electoral, pero no se puede discutir la legitimidad de quienes votaron en esa ocasión, porque llegaron a través de un proceso transparente y sabiendo lo que se proponía.

Entonces, y a partir de ese hecho, debemos entender que para obtener la "licencia social" hay que tomar una decisión con el poder que confiere el voto ciudadano, pero esperar también a ver cuánta gente sale a la calle y qué nivel de violencia aplican para manifestarse. Es lo único concreto por lo que se derogó la ley 9.209, porque no hubo otro instrumento de medición válido y fáctico para avalar dicha decisión. Fue lo que percibió el gobierno y sus asesores, previa consulta -entre otros- a la comisión de reinas y también a la Iglesia.

En una comparación, si aplico ese criterio a lo que sucedió en mi país de origen (Chile) en el mismo período que acá los denominados ambientalistas aplicaron la violencia, debo entender que el presidente Sebastián Piñera y su gestión no tenían "licencia social", porque en las calles se vivía un alto nivel de violencia, se reunían millones de personas (literalmente) y el pedido era que renunciara.

Afortunadamente, les guste o no Piñera, el tipo aguantó pagando todo el costo político que significó el estallido social, gobernó y tomó decisiones hasta el último día de su mandato, porque ese es lo que tienen los gobernantes. Si renunciaba, Chile se podría haber parecido mucho a la Argentina del 2001 y habría debilitado una institución fundamental como es la Presidencia. 

Por eso, y en base a esta comparación, insisto en que la "licencia social" no es más que una excusa para no hacerse cargo de las decisiones, desligar responsabilidad y ceder ante una presión que puede tener un costo político electoral, a pesar de que se sabe que se toma una decisión que mantiene a la provincia estancada.

Otro ejemplo. Volviendo al otro lado de la cordillera, pero con el otro color político. Gabriel Boric, presidente de izquierda, se negó a apoyar un nuevo retiro de fondos previsionales porque afectaría la economía y generaría aún más inflación en un momento completo para el vecino país. Fue una medida impopular, que ahora le cuesta una baja en el nivel de popularidad, pero basándose en el poder que se le confiere a través de una elección, sostuvo su negativa y no se avanzó con ese nuevo retiro. No cedió a las presiones que venían incluso desde su mismo conglomerado de gobierno.

Entonces, si analizamos el momento de Mendoza, la situación económica y el nivel altísimo de pobreza, es tomarle el pelo a la población hablar de "licencia social", porque los gobernantes están para tomar las decisiones adecuadas y si es necesario pagar los costos políticos, pero con la convicción que están haciendo lo correcto y con el respaldo de todo un proceso técnico que conlleva, en este caso, aprobar un proyecto minero bajo la legislación actual.

Es que después de la derogación de la 9.209 y la plena vigencia de la Ley 7.722, no cabe pensar en que se siga hablando de pedir una "licencia social". Eso, porque en teoría la normativa es la defensora del agua (aunque se pierde el 50% del elemento vital por falta de inversiones y mala utilización) y es el mejor resguardo que tienen los que se oponen a la industria minera.

Este término nefasto es la perfecta excusa para una Mendoza ambigua en la que se dice que no se prohíbe la minería, pero que aplica una ley que la limita de manera descomunal y que, además, instala un requisito casi espiritual que es la "licencia social". Por eso, que no les queden dudas que aunque haya proyectos que cumplan la Ley 7.722 y no tengan reparos técnicos, habrá presión sobre el filtro político de la Legislatura y más de uno utilizará la denominada "licencia social" para poner sus excusas y poner palos en la rueda al desarrollo.