Las papeleras de Gualeguaychú y la minería en Mendoza: dos conflictos sin solución

La definición de política según un dirigente que conocí es: "la capacidad de cambiar la realidad de la gente". Realidad que no siempre es fácil de cambiar, más aún cuando hay conflictos supuestamente encontrados como son los reclamos sociales basados en el ambientalismo y el desarrollo socioeconómico a través de las industrias. Aunque en el fondo ambos pueden tener un objetivo común como es tener una mejor calidad de vida para sus habitantes, las posturas posicionales de cada sector llevan a un conflicto binario de perder o ganar, sin observar que quizás hay más puntos en común que los que se ven a simple vista, o en las redes sociales. Y es en este punto crucial donde la política debe jugar su rol de modificador de la realidad buscando la confluencia entre ambas ideas o posiciones, ya que ambas partes son parte de una misma sociedad. Sin embargo, no fue el resultado observado en el conflicto de las papeleras de Gualeguaychú donde un fallo internacional terminó con el conflicto internacional con Uruguay, pero no dio respuestas a los ambientalistas movilizados. Tampoco se dio en Mendoza una respuesta superadora a las posiciones encontradas por el desarrollo industrial minero y los movimientos ambientalistas, donde se continúa prohibiendo a la minería pese a representar un sector con alto potencial en la cordillera mendocina que permitiría diversificación económica y paliar en parte la fuerte pobreza social.

El Conflicto de la papeleras

Surge en 2002 cuando el Banco Interamericano de Desarrollo informa sobre el proyecto uruguayo de construir dos papeleras sobre el río Uruguay, frente a la localidad argentina de Gualeguaychú. En 2005, la empresa finlandesa Botnia inicia la construcción de su planta con una inversión de US$ 1,100 millones, la más importante en la historia uruguaya. Ese año se forma la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG) con su slogan "No a las papeleras, Sí a la Vida" y emite la "Declaración de Gualeguaychú" firmada por 40,000 ciudadanos, actores sociales y artísticos, cámaras empresariales y políticos. Un año más tarde ese movimiento ambientalista es reconocido por el mismo Presidente Kirchner, quien participa en un acto acompañado entre otros por el gobernador de Mendoza Julio Cobos.

El motor movilizador social era el temor ciudadano a la contaminación ambiental asociada históricamente a los procesos industriales de las papeleras, señalando que todo el río Uruguay se vería afectado por la contaminación ambiental. Como resultado se afectaría el ecosistema costero y perderían su atractivo turístico. Hasta el mismo Greenpeace actuó con varias acciones, incluyendo la irrupción de la reina de Gualeguaychú en una cumbre en Viena denunciando la contaminación ambiental que producirían las papeleras.

De nada importó que la empresa finlandesa Botnia explicara que la tecnología a utilizar era libre de cloro y la misma que usaba en su país. Finlandia ocupaba en 2005 el primer puesto en el índice de Sustentabilidad Ambiental del mundo. Tampoco importó el informe de la Academia Nacional de Ingeniería de Argentina de 2006,en el que se concluía: "los parámetros ambientales resultantes de la operación de las plantas estarán dentro de los límites estrictos de normas ambientales". La ACAG mantenía su postura inamovible: "No a las papeleras".

Esto llevó a un conflicto internacional entre Argentina y Uruguay que terminó en la Corte Internacional de Justicia con una sentencia en 2011, ya con las papeleras en funcionamiento, donde se establecía que Uruguay no había seguido las disposiciones del acuerdo binacional, pero también que no había contaminado el ambiente como pregonaban los ambientalistas.

Minería en Mendoza

En el 2005 surgen en Mendoza las primeras manifestaciones ambientalistas contra el desarrollo industrial minero metalífero, que consiguen suspender la exploración al año siguiente con una Ley que es derogada por el mismo gobernador Cobos. Pero los movimientos continuaron hasta conseguir a mediados del 2007 una Ley que de hecho prohíbe la minería metalífera. En ese entonces, las empresas y profesionales que trabajaban en esa industria representaban la única voz en favor de desarrollar esa industria con tanto potencial en la Provincia. Su desarrollo permitiría diversificar la matriz económica provincial y con ello su desarrollo social trayendo industria a una economía con fuerte impronta agrícola.

Ese mensaje llevaría años hasta que fuera entendido primero por los empresarios locales de empresas de servicios, que con la construcción parcial del Proyecto Potasio Río Colorado habían conocido su potencialidad económica; y después por los dirigentes políticos de los principales partidos, quienes veían en esa industria un paliativo a un empobrecimiento social donde solo el Estado generaba empleos y la economía caía en relación a otras provincias, principalmente frente a las vecinas San Juan y Neuquén con potencialidades geológicas similares. Así surge en 2018 el Cluster Minero conformado por empresarios locales promocionando entre otros temas el desarrollo minero; como también dos proyectos de modificación a la Ley antiminera presentados por el partido opositor. Este esfuerzo concluye después de más de un año de deliberaciones en un Proyecto de Ley enviado por el nuevo Gobernador en su primer día de gobierno a fines del 2019. El proyecto habilitaba el uso de procesos industriales con sustancias que representaban el temor social, y por ello incluía una batería de controles cruzados incluyendo la participación ciudadana.

Sin embargo, y pese a que el proyecto fuera aprobado con mayorías especiales en ambas cámaras, los movimientos ambientalistas lo rechazaron de plano porque sus temores a la contaminación continuaban ahora desestimando los controles. Se generaron manifestaciones masivas en las calles mendocinas que consiguieron cambiar la postura de los principales partidos políticos y que el Gobernador derogue esas modificaciones a pocos días de haberla promulgado. Quedando así vigente la ley antiminera del 2007, y con ella limitada la posibilidad de diversificar la matriz económica con esta industria para paliar el aumento de la pobreza.

Dos Conflictos Sin Solución

En ambos casos el conflicto se dio por la irrupción del desarrollo industrial en regiones con economías regionales tradicionales, mayormente agrícola. Esto no es nuevo, el desarrollo industrial fue resistido desde sus inicios en Inglaterra, y solo termina siendo aceptado cuando se entiende socialmente que el desarrollo industrial es el principal motor de crecimiento de las sociedades modernas. Pero ese entendimiento no se consigue en el corto plazo, sino con un trabajo sistemático de los gobiernos que incluyen políticas de largo plazo apoyadas por los centros de educación y principales actores sociales a nivel local que buscan una proyección social y económica inclusiva sin que esto represente poner en riesgo el ambiente donde todos conviven.

Contrariamente a estas visiones estratégicas de largo plazo, en ambos casos la política encontró salidas rápidas a ambas situaciones coyunturales donde los conflictos de fondo no fueron resueltos.Y, por ende, nuevos conflictos en Gualeguaychú o Mendoza en el futuro no deberían sorprendernos. Fueron salidas cortoplacistas hacia adelante que no resolvieron el temor ambientalista a la contaminación de las papeleras, pese a los ya muchos años de producción sin que se registren las temibles contaminaciones pregonadas; como tampoco la posibilidad de diversificar la economía mendocina para generar más empleos con una industria con mucho potencial que permitiría mitigar la caída de 15 años en su economía que llevó a tener hoy un millón de mendocinos en situación de pobreza.

El futuro se ve más desafiante aún si consideramos el ritmo de crecimiento poblacional y las necesidades de generar cada vez más recursos para cubrir al menos sus necesidades básicas, y más aún si aspiramos a un desarrollo social y económico equitativo. Los gobiernos y la política deberán buscar formas de comunicación y comunión entre las necesidades de desarrollo y el miedo social a perder calidad ambiental. Buscar la solución real y duradera a los conflictos con visión de integración o transformación y abandonar las respuestas cortoplacistas a conflictos originalmente binarios, de ganar o perder. Esas respuestas no resuelven los problemas de toda la sociedad, solo resuelven costos políticos en el corto plazo.