El ajuste basado en licuación no es sostenible
La Administración Pública Nacional muestra superávit en el mes de enero 2024. La principal causa es la fuerte caída del gasto social, en especial, las jubilaciones. Dado que las jubilaciones están en su mínimo histórico, es necesario rápidamente migrar hacia fuentes más genuinas de sostén del equilibrio fiscal.
Una combinación de factores demostró que la ley ómnibus es una iniciativa inviable. Tampoco hay avances significativos en la instrumentación del DNU ya que su aplicación está muy condicionada por la incertidumbre jurídica y fallos judiciales adversos que limitan su impacto. En los menos de dos meses que el gobierno lleva en el poder, estos traspiés exteriorizan las dificultades que enfrenta para transformar el Estado y, particularmente, equilibrar las cuentas públicas. Sin perjuicio de ello, los funcionarios nacionales expresaron enfáticamente que se mantienen en la meta del déficit cero.
En este contexto resulta particularmente sugerente el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) que señala que la Administración Pública Nacional logró en enero un superávit financiero equivalente a 0,2% del PBI. Esto es que los ingresos superaron a los gastos, incluyendo dentro de ellos los intereses de la deuda pública. Este resultado, consistente con el planteo oficial, se logró gracias a una fuerte y generalizada reducción real del gasto público (salvo intereses). Dentro de esta reducción, la caída en el valor real del gasto en jubilaciones y pensiones es la más decisiva.
Para evaluar en perspectiva esta reducción de la masa jubilatoria sirve observar la tendencia del haber mínimo -que es el que mejor refleja la movilidad de las jubilaciones- en lo que va del siglo. En base a las normas históricas de movilidad se observa que:
- La jubilación mínima en el 2002 fue de $83.078 a precios de diciembre 2023.
- Este mismo valor en el año 2023 fue de $127.858 a precios de diciembre del 2023.
- En diciembre del 2023, la jubilación mínima fue de $105.713.
Estos datos muestran un persistente y profundo deterioro en el poder de compra de las jubilaciones. El monto en diciembre del 2023 es inferior al promedio de todo el 2023 y se ubica cerca del menor valor que tuvo en el siglo que fue el del 2002. Dado que las jubilaciones se ajustarán recién en marzo del 2024, suponiendo que la inflación en enero sea aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será el equivalente a $88.094 a precios de diciembre 2023. En febrero seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002. Es decir, en febrero, las jubilaciones tendrán el menor valor real del siglo XXI.
La estrategia de equilibrar las cuentas públicas en base a la licuación de jubilaciones es muy endeble. Por un lado, porque tiene un impacto muy regresivo y genera tensiones políticas. Por otro, porque aumenta las demandas judiciales contra la ANSES debido a que la justicia previsional no tolera la licuación de jubilaciones. No es la primera vez que el ajuste fiscal se sostiene licuando jubilaciones, pero nunca con este nivel de intensidad. La principal conclusión es que el superávit de enero es positivo, pero muy precario.
Para eliminar la inflación y generar un contexto amigable para la inversión y la creación de empleos de calidad es imprescindible equilibrar las cuentas públicas. Por eso, priorizar la meta de déficit cero es pertinente. Pero también es esencial convencer que es factible sostener el equilibrio fiscal en el tiempo. Si los agentes económicos perciben que, por resistencias sociales, políticas y/o judiciales, el equilibrio fiscal no será sostenido los beneficios se diluyen. Como lo demuestran experiencias pasadas, el ajuste por licuación de jubilaciones lleva a dilapidar esfuerzos, tanto de la sociedad como del gobierno.
Para migrar desde un equilibrio fiscal basado en la licuación del gasto público a otro con bases más sostenibles hay que abordar un ordenamiento integral del Estado. Por el lado de los ingresos, avanzar en la unificación y simplificación de impuestos y tender a que cada nivel de gobierno sea responsable de generar ingresos suficientes para cubrir sus gastos. Por el lado de los gastos, eliminar superposiciones entre niveles de gobierno, ordenar el sistema previsional y mejorar la gestión pública. Esto demanda ideas innovadoras y capacidad para llevarlas a la práctica. Hasta ahora el gobierno ha demostrado tener ideas, pero carece de la pericia política y técnica para instrumentarlas.
