El ajuste nacional y popular

La ley de "emergencia económica y solidaridad" sancionada en diciembre pasado, es una mala señal del "modelo" que quiere seguir el nuevo gobierno. Agravado porque nadie vislumbra un plan económico serio, parece que la solución es aumentar impuestos y castigar jubilados.

Le baja retenciones a las mineras (anteriormente 12%, actualmente 8%) y se las aumenta al campo. Este último sector, compuesto mayoritariamente por PYMES nacionales, con fuerte arraigo territorial y "horizontalidad" en la distribución del capital; hace que sea muy difícil la salida de la actividad. Parece que esa es la excusa para castigarlos. Lo más curioso de todo es que algunos políticos que se rasgaron las vestiduras en la provincia de Mendoza hablando de la ley 7722 y en contra de la minería, en el Congreso Nacional votaron a favor de reducirle impuestos a esta actividad, y aumentárselos al campo. La construcción de relato llevada a su máxima expresión, donde parece que no importa tanto la verdad, sino la pos-verdad, o, en todo caso, cómo se comunica (o no se comunica) la verdad.

Pero no sólo votaron a favor de bajarle impuestos a grandes empresas multinacionales, también de recortar haberes jubilatorios. Lejos quedaron esos tiempos en los que algunos manifestantes y partidos de izquierda tiraron 14 toneladas de piedras al Congreso. Este particular y fuertísimo ajuste versión nacional y popular, es llevado a cabo con un silencio cómplice de quienes ayer denunciaban el "hambre y el saqueo a los jubilados". La otrora despreciada fórmula de actualización previsional implementada por el gobierno de Macri, hoy es envidiada por algunos gremios que insisten en no ser alcanzados por la "solidaridad" del Presidente Alberto Fernández. Recuerdo en la sesión de aquel momento decir al actual gobernador de Buenos Aires, Axel Kiciloff: "parece que es una costumbre de los gobiernos neoliberales agarrárselas con los jubilados". Pues bien, parece que hoy tenemos una versión neoliberal kirchnerista. Insisto, todos sabemos que las jubilaciones promedio son bajas en Argentina, y la fórmula anterior no era la panacea, pero al menos protegía a los jubilados de la inflación. Claramente, los sistemas previsionales están en crisis en todo el mundo, y estamos dispuestos a sentarnos a discutir seriamente cómo resolvemos este problema en nuestro país. Pero la discusión no es racional si sólo se propone "congelar" jubilaciones para licuarle a los adultos mayores sus ingresos por la inflación, que con esta salvajada demuestra ser el impuesto más regresivo que existe.

Sólo el peronismo puede pegar semejante impuestazo y recorte al sistema previsional en Argentina con el aval de muchos sindicatos. La ley recientemente sancionada en el Congreso implica un ajuste de dos puntos de PBI aproximadamente, lo hacen sin tocar el gasto público (excepto jubilaciones) y acomodando por la vía del ingreso. Es decir, aumentando el peso del sector público en la economía, mientras se sigue castigando la actividad productiva, para la cual no hay aún ni una sola buena noticia. Tras hablar con distintos referentes del Frente de Todos, puede notarse que su modelo económico es un país con impuestos altos. No comparten el criterio de que Argentina tiene una elevada presión impositiva. Para ellos es el esquema correcto dado que "los países nórdicos tienen impuestos altos y funcionan bien". Esto es una verdad a medias harto compleja, que tiene que ver con el ratio de impuestos/calidad-cantidad de servicios que brinda el Estado; pero lo cierto es que no podemos esperar reducciones impositivas de quienes piensan que lo correcto es seguir como vamos. Se podrá decir que Macri no logró reducir impuestos y aportes y contribuciones como se pretendía, pero al menos lo intentó (o lo tenía en sus planes). Sintetizando, se puede decir que Macri no pudo, Fernández no quiere.

Aún logrando cierta recuperación económica, Argentina no podrá salir del círculo vicioso en el que está inmersa si cada vez que tiene superávit fiscal, el gobierno se tienta de aumentar el gasto público, en lugar de aprovechar el viento a favor para disminuir nuestra maraña fiscal. Sobre todo, es peligroso porque una vez que comienza un período económico recesivo, haber aumentado gasto en la época de crecimiento hace que se genere una inercia muy difícil de detener, dado que más del 70 % del gasto público primario nacional está indexado por ley.

Pero además de la presión impositiva nacional, está el gran problema de las cargas provinciales. Suspender el Pacto Fiscal implica dejar sin efecto el único instrumento que generaba un esquema gradual de reducción de impuestos, habilitando a los gobernadores a aumentar tributos. Muchas provincias argentinas basan su recaudación en Ingresos Brutos, estudiado en cualquier Facultad de Ciencias Económicas por ser un ejemplo claro de impuesto distorsivo. Al pagar sobre lo facturado y no sobre la ganancia, una PYME puede estar fundiéndose y tener que pagar sumas siderales de este impuesto. Merece destacarse la decisión del gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, de no aumentar tributos provinciales a pesar de la caída del Pacto Fiscal. En la vereda contraria se encuentra el gobernador de Buenos Aires, que parece querer aumentar todos los impuestos posibles; incluso aquellos relacionados con la actividad portuaria, perjudicando así la competitividad de las economías regionales y afectando la capacidad exportadora del país.

Lamentablemente, parece que los dichos son más importantes que los hechos para el gobierno actual. Todo lo anterior transcurre bajo títulos agradables como "recuperación productiva" y "solidaridad". En ningún país del mundo hay antecedentes de que se logre una mejora de la actividad económica subiendo impuestos y sin dar herramientas para asistir o facilitar el desarrollo empresarial, menos aún con un Estado que presta servicios de mala calidad y no interviene inteligentemente en la economía. Como ejemplo de esto, cabe destacar la doble indemnización establecida recientemente, medida que ha fracasado repetidas veces y que lo único que provoca es que no se generen nuevos puestos de trabajo.

Espero que el gobierno reoriente sus medidas, ya que Argentina necesita líderes que atiendan esta coyuntura difícil, pero sobre todo tengan la virtud de empezar a construir los cimientos de un país que hace décadas perdió su rumbo. Una Argentina cimentada sobre educación de calidad y cultura del trabajo, en un marco donde se premie y valore la honestidad y el esfuerzo. El Presidente Fernández tiene para ello una gran ventaja: cuenta con una oposición institucionalista, dispuesta a discutir aquellas medidas necesarias para poner a la Argentina de pie.