El Gobierno hace equilibrio para contener a los propios: aborto e "Impuesto Máximo" como suplementos del ajuste
El gobierno de Alberto Fernández otorga a la militancia propia temas que permitan entretenerlos mientras negocia con el FMI, otrora enemigo. Así, les quitan las banderas a la izquierda y corren a la política opositora del medio, para encarar un debate con las corporaciones.
El gobierno acordó con el Fondo Monetario Internacional una serie de medidas que implican necesariamente un ajuste en las cuentas. A partir de allí, se ve obligado políticamente a disimular o buscar contrapesos que permitan seguir sosteniendo en pie a sus escuderos públicos, que llegan desde sectores sindicales y de un diverso abanico de izquierda. No son su base de sustentación, ya que el peronimo es esencialmente pragmático y adaptable, pero sí quienes le otorgan el permiso (o no) para hacer lo que jamás le permitirían a otras fuerzas.
Con el "fuera FMI" en su léxico folclórico, el peronismo y sus aliados tuvo que salir a apurar la ley de aborto y el simbólico y poco eficaz "Impuesto Máximo" impulsado por el hijo de Cristina Kirchner y Carlos Heller. Con ello consigue poner en el escenario a dos nuevos adversarios, con los que ha sabido negociar históricamente: la Iglesia y el empresariado más importante del país y enarbolar un discurso de índole "progresista", que es el que evidentemente han evaluado como conveniente en esta etapa.
Al ser criticados por estos dos grupos de alta incidencia en el país, dejan fuera de escena, en general, a la oposición política. La discusión se torna corporativa, y al juntar "sellos" y organizaciones, los partidos que integran el Gobierno tienen un triunfo garantizado en ese terreno.
La victimización del Gobierno "frente a los poderosos" como estrategia irónicamente le otorga fuerza: sus defensores por izquierda siempre tienen más peso en la opinión pública que sus actores por derecha, pero conviven dentro del poder en forma inversamente proporcional a como se muestran hacia afuera: ajuste y "nuevos derechos" es la combinación con la que se relanza la administración de Alberto Fernández en una continuidad del camino por la cornisa a la que lo ha empujado la crisis por no contar con un programa económico superador del macrismo y la corrosión que provoca la pandemia.
En este contexto, el aporte de Cristina Fernández de Kirchner fue una carta contra el FMI que consolida tras de sí el discurso "antifondo" y evita que esa bandera sea exclusiva de la auténtica izquierda política argentina, corrida hacia el trotskismo ante la sumatoria por parte del Frente de Todos (y del cristinismo en particular) de las fuerzas orgánicas del marxismo.
La realidad le indica a Fernández otro camino, el de ajustar las cuentas que no cierran, lo que le dinamita al funcionariato más ideologizado aun dentro del gabinete económico, desde donde ya saltó Claudio Lozano, director del Banco Nación, por ejemplo, en contra de la apropiación de los recursos de los jubilados.
Una vez más el peronismo se muestra capaz de abrazar con los dos brazos, por izquierda y derecha, pero como dijo ayer en diálogo con Memo el periodista Ceferino Reato, "la izquierda otorga fueros", y por ese lado va el discurso, mientras las acciones intentan ir por el camino exigido por los organismos que prestan la plata que no tenemos y quieren garantizarse que se las devolvamos.