El castigo y el Teorema de Nicanor Parra cumplido

La Constitución Nacional dicen los entendidos se inspiró en la letra de la Constitución norteamericana, algunos más osados hablan de una copia descarada.

Lo cierto es que allí se fijaba un concepto entre otras cosas que las personas debían ser juzgadas por el pueblo: el juicio por jurados. Tardamos dos siglos en implementarlo. El problema es que sólo admite hasta ahora para un tipo de pena: la perpetua.

En sus inicios los juicios penales fueron inquisitivos, la prueba se obtenía a fuerza de torturas y rezos, y ha pasado mucho tiempo para considerar que la persona acusada es inocente hasta que cae el último martillo, que la prueba debe ser limpia y transparente y que la libertad durante el proceso es la regla.

En la Mendoza de hoy eso ha sido demolido. Se ha intentado copiar el sistema penal de Estados Unidos que tiene dos características esenciales: castigo y dinero. Se suma a ello el menú variado de tipos de penas de muerte.

Aquí los Ejecutivos a pedir de las tapas de los diarios y al son de la llamada "opinión pública" ( nadie sabe dónde vive pero habita la calle) los sistemas penales han ido endurecido las penas y han disminuido en forma grave la libertad durante el proceso.

Desde Iglesias, pasando por Jaque y Pérez, se fueron dictando normas cada vez más restrictivas, entre ellas la denominada "Ley Petri". Pero quien corona esta seguidilla es Alfredo Cornejo el que en una navidad obtiene un regalo soñado de una Legislatura adicta; un Código Procesal Penal a imagen y semejanza del modelo americano por supuesto mejorado en su aplicación represiva con dos relatos para la galería; que disminuirán los tiempos de los procesos y los mismos serán orales y transparentes.

La realidad es que la prisión preventiva en esta provincia bajo cualquier modalidad es hoy la regla y la oralidad no trajo ni transparencia ni calidad. A ello se suma el Código Contravencional que permite que muchísimas conductas estén hoy criminalizadas.

El menú no sería perfecto si a esto no le sumamos dos factores importantes; la inflación penal, es decir los delitos tienen cada vez penas más altas pero con paradojas; matar a una persona conlleva 8 a 25 años de prisión (art. 79 CP), la muerte en una riña de 2 a 6 años ( art.95 CP), pero el mínimo del delito de Corrupción agravada es de 10 años (art, 125 tercer párrafo CP) y en los delitos de drogas las escalas penales también superan al delito de homicidio (agravantes del art.11 ley 23737). Matar paga menos.

El segundo aspecto que se suma a esa inflación penal es la idea del castigo por sobre la readaptación del delincuente (art.18 de la Constitución Nacional). La bandera actual del azote la lleva el delito sexual o de género, y que ha permitido en definitiva que se unan los punitivistas y los que alguna vez fueron garantistas.

Nuestra Suprema Corte de Justicia tiene en su haber dos fallos ejemplares al respecto en materia de banderas enrolladas: las sentencia en los casos de la Tupac Amaru y del exprofesor de la UNC, Mauro Aguirre. Ambas con composiciones de la Corte distintas pusieron clavos al féretro de la libertad durante el proceso y el juicio justo. En estos días un buen alumno, el juez Horacio Cadile, denegó la libertad provisoria de Kumiko Kosaka a pesar de tres años y tres meses sin sentencia y con una tobillera que le impide salir de un radio de 25 metros desde su habitación (no lea cuarentena aquí sino condena anticipada).

Al final en su libro "Antipoemas", Nicanor Parra, tenía razón cuando daba a su conocer su Teorema que decía que "la izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas.".

EL AUTOR. Carlos Varela Alvarez. Abogado. Universidad Nacional de Córdoba.