El desequilibrio populista
La senadora provincial radical Mercedes Rus analiza aquí lo publicado por Memo en la semana que pasó, en el que municipios recibieron recursos por "desequilibrios financieros".
Algunos municipios de la provincia de Mendoza, entre este año y el pasado, se han visto beneficiados con subsidios nacionales no reembolsables.
Se trata de los famosos fondos, aportes del tesoro nacional, alimentados por la emisión monetaria ininterrumpida y cotidiana que desde hace un tiempo viene imponiendo la política nacional.
Hace al federalismo atender los requerimientos de las comunas, provincias, etc.... Lo cierto es que el fundamento resolutivo de tales aportes es: "hacer frente a desequilibrios financieros del municipio".
Tal el caso de Maipú, recientemente beneficiado con veinte millones. También fue el caso de La Paz, beneficiado con doce millones en 2020 y quince más este año, entre otros.
Ahora bien, la pregunta es ¿a qué se deben esos desequilibrios?
¿Es legítimo recompensar el déficit fiscal ante cualquier circunstancia?
El gobierno departamental de La Paz en la navidad pasada regalaba pollos y helado, ¿contaba para ese entonces con la posibilidad de obtener después subsidio a su demagogia caritativa? ¿Es justo que todos y todas subsidiemos el populismo de algunos jefes comunales?
Es propio de aquellos que ejercen el populismo erigiese en el "caudillo", único interprete de las demandas populares, aquél que sabe qué quiere el pueblo y cómo satisfacerlo.
Y mientras esa satisfacción pueda mercantilizarse en algún bien material portable, mucho mejor. De nada valen los bienes inmateriales en este orden, la gestión eficiente, un plan certero de gobierno que traiga inversión, fuentes de trabajo, etc...
No porque la ciudadanía no pretenda tal cosa. La población y sus pretensiones están muy por encima de la subestimación de aquellos caciques "buenos padres de familia".
Otra comuna recibió $20 millones por "desequilibrios financieros"
La perspectiva finalista del poder, de las dinastías -por no decir familias en muchos casos- municipales, ha sido la regente y muchas comunas han estado captadas por líderes dispuestos como sea, a mantenerse en el trono departamental. Y en ese entendimiento no han dudado en poner en marcha esa fabulosa maquinaria de dadivas, subvenciones y subsidios de toda clase, con subestimación y pretensiones de control hacia la comunidad.
Desde esta óptica la compra de un regalo navideño puede ser un hecho insignificante y menor, pero el prólogo de un desastre sumado a otros insignificantes desajustes.
Lo que hace el populismo es tomar una demanda particular elevarla a la dignidad de cosa y hacerla representativa de la universalidad del pueblo, que no refiere a un grupo preexistente, sino al pueblo como resultado performativo de un determinado líder y sus intereses. "Lo que se borra en este tipo de concepción de la política como otro servicio que podemos adquirir es la política misma en cuanto debate público en torno a los asuntos y decisiones que nos conciernen a todos" (Slavoj Zizek (2019). Contra la tentación populista. Pág. 31)
¿Y que pueden hacer frente a ello los destinatarios, tanto del discurso populista como de las dadivas?
Pienso no solo en los métodos de control estatal y paraestatal, sino en el "derecho ciudadano a la buena administración", que exige que se gestionen las arcas públicas (siempre limitadas, siempre escasas, siempre en tensión entre la demanda y el recurso), de forma eficiente y eficaz. Esto implica que la gestión cumpla los "objetivos" -que primeramente debe tener y consignar- en pos del interés general y que acuda a los instrumentos y herramientas más eficaces para ello, reduciendo al máximo la tensión entre demandas y recursos.
El 41 de la "Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea" del 7 de diciembre de 2000, consagra positivamente el derecho a la buena administración, regulando además la actuación del Defensor del Pueblo para el caso de "mala administración".
La ineficiencia, ineficacia y, sobre todo, el sistemático olvido del servicio objetivo al interés general en que debe consistir la esencia de la administración pública, demandan cambios en la forma de comprender el sentido que tiene la gestión del interés común.
La buena administración pública es un derecho fundamental, y en nuestro sistema un principio del fuero administrativo.
Esto implica que se gestione con plan, proyección, cumpliendo determinados patrones o estándares, y sobre todo orientado a mejorar las condiciones de vida de los administrados. Supone una gestión encaminada y centrada en los problemas reales de la gente en procura de las debidas soluciones.
No rige más el municipio al que le bastaba tener una plaza central impecable y las veredas aledañas limpias, el intendente que ganaba simpatías tomándose tiempo para saludar en el funeral de algún vecino, y menos que menos, los pollos para todos y para todas a quienes no se les pregunto si eso eran lo que realmente querían.
