Vicentin, vitivinicultores en Mendoza: trazos de una decisión que abre debates y su repercusión en las redes

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y por la senadora nacional por Mendoza Anabel Fernández Sagasti, anunció la intervención del Grupo Vicentin para su expropiación. Se notó mucho la ausencia del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, que hubiera sido pertinente, tanto como la presencia de la legisladora mendocina y excandidata a Gobernadora vinculada estrechamente a Cristina Kirchner. El Presidente no dio demasiadas definiciones puntuales a la hora de las preguntas en la conferencia de prensa sobre el tema.

A priori, hay gente a favor y en contra de la medida, por razones ideológicas, principalmente, pero además por cuestiones políticas, históricas y prácticas: ¿cuándo una empresa controlada por el Estado logró salir a flote?, por ejemplo, es la pregunta que se plantean desde la oposición a la medida.

Sin embargo, desde el estatismo dan cuenta de que el grupo empresario principalmente vinculado a los granos, pero expandido en el rubro alimenticio inclusive hasta la vitivinicultura, propietarios de la bodega Sottano en Luján de Cuyo (ahora Vicentin Family Wines), y Viñas Argentinas, una empresa que fue parte del Grupo Cartellone ya quebraron su propia empresa, la desmanejaron y no pueden cumplir con sus deudas. Desde su edificio en Costa de Araujo, Lavalle, tiene una capacidad de 110 millones de litros. Poseen 1.500 hectáreas de viñedos.

Sus inversiones vitivinícolas, sin embargo, en su momento habían quedado fuera de riesgo, pero se desconoce aun el alcance de la nueva medida.

Las repercusiones dan cuenta de "sorpresa", pero ya venían proponiéndolo integrantes del partido gobernante (aquí se puede ver su propuesta) y lo mencionó Guillermo Moreno, el exfuncionario kirchnerista, en diálogo con Memo, pero ofreciendo una alternativa diferente a la expropiación.

"No tuvimos ninguna comunicación oficial ni extraoficial de lo que estaban haciendo", señaló el mendocino Carlos Achetoni, presidente de la Federación Rural Argentina sobre la intervención y expropiación del Grupo Vicentin. La noticia lo tomó en una reunión con el Banco Central, desde donde hay una puja por los dólares del agro: "Nos enteramos al mismo tiempo que la prensa", dijo, aunque luego admitió que "si se les da cabida a las cooperativas agrícolas puede servir".

La idea de estatizar no alegra solamente al kirchnerismo, el trotskismo (que propone ir más allá), sino también al tradicional peronismo melancólico de los años 50, que no está cuestionando del todo la medida.

El interventor

Gabriel Delgado, elegido para encarar la intervención del grupo, es una figura del peronismo que conoce del tema y, probablemente, el factor de contención de las críticas, ya que se le respeta desde el campo por su conocimiento y porque, además, él mismo es productor agropecuario. Formado en la estructura del INTA, dialogó en marzo con Memo para intercambiar conceptos y datos sobre una de sus especialidades: el campo y la producción de alimentos en el futuro, con escenarios cambiantes en materia de hábitos de consumo, fundamentalmente, y con la intervención de la Inteligencia Artificial en la actividad.

Hombre del partido gobernante, algunos lo llaman "kirchnerista" y otros lo vinculan directamente con Sergio Massa, aunque no faltó en la tarde del anuncio quien lo llamara "albertista". Esa diversidad lo coloca como una persona que hay que observar a la hora de conducir la intervención porque puede agregarle un factor gerencial y, posiblemente -según indicaron a Memo los sectores del campo consultados- una mirada no del todo partidario, como se teme desde la oposición, con la posible cooptación al estilo Aerolíneas Argentinas en tiempos de La Cámpora, por ejemplo.

Sus vínculos con Mendoza

En Mendoza su vínculo es con la dirigencia cooperativista del campo, especialmente con Acovi (Eduardo Sancho) y con Coninagro, con el mendocino Carlos Iannizzotto como referente.

Iannizzotto, como presidente de Coninagro, sostuvo que "es clave sostener las fuentes de empleo, mantener la cadena de pagos, asegurar que el productor esté a salvo, en particular el tambero de esa zona. En ese sentido, el cooperativismo, con su territorialidad y diversidad de economías productivas, está a preparado para fortalecer vínculos con trabajadores tamberos, apoyar al sector lácteo, junto a diferentes actores productivos".

Tras la consulta realizada por Memo, auguró una buena gestión al interventor designado: "Saludamos a Gabriel Delgado, sabemos de sus referencias como profesional. Quedamos a su disposición en esta idea de que el cooperativismo tiene contenido, capilaridad y gestión que aportar".

Agregó que "hay preocupación en los productores por si hay coalición o relación entre el proceso jurídico legal y administrativo en el caso Vicentin y el proceso político detrás de esta decisión. El cooperativismo, en esencia, está en contra de la concentración de empresas ya sea en el ámbito privado o público y del Estado, y entendemos que ésta podría ser una oportunidad para desconcentrar el manejo del sector, creemos que sería más oportuno darle lugar a las pequeñas y medianas empresas".

En discusión

El debate se trasladó de inmediato a las redes y allí se están planteando conceptos irrelevantes y fanáticos, pero también cuestiones que sirven para un debate en torno a lo que el Presidente llamó como una búsqueda de la "soberanía alimentaria", un concepto que no deja de ser más ideológico que práctico.

En Twitter se sigue la línea ya planteada por el economista Gustavo Lázzari, de pensamiento libremercadista, en el sentido de que "un político no dura al frente de una empresa, ni siquiera de un maxi kiosko", tal como lo señaló en una entrevista cuyo audio se volvió viral (y lo podés escuchar haciendo clic aquí).

El primer tuit de referencia es el del propio Lázzari:

"El Estado maneja desde siempre dos empresas El BCRA y las cárceles Eso es el estado empresario. Todo lo demás es verso No paran de robar País inviable".

Desde la oposición hubo también una reacción distinta a la de oponerse. Fue la cautela demostrada por el diputado nacional rosarino Luciano Laspina quien expresó: "No abro juicio aún sobre la expropiación de Vicenti. Solo aviso que ahora las millonarias deudas pasan a ser de todos los argentinos que pagan impuestos. Las ganancias futuras, ya veremos". Vale su neutralidad teniendo en cuenta de que proviene del epicentro de afectación del grupo económico, Santa Fe:

La dirigente vinculada al espacio político de Pino Solanas, Alcira Argumedo, (que durante algún tiempo convivió con Elisa Carrió, políticamente hablando), fue parte del grupo que pidió la estatización y opinó ahora: "Felicitaciones por la expropiación de la empresa Vicentin!!! La participación de YPF Agro en las exportaciones cerealeras y oleaginosas, permitirá controlar la veracidad de las declaraciones juradas de las corporaciones y frenar en parte la impunidad de las estafas al fisco".

Y entre miles de tuits cobra relevancia el lanzado por la primera dirigente que habló de un Estado cobrándose la ayuda que le da a las empresas durante la cuarentena con parte de sus acciones, la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos: "El gobierno decidió la intervención y próxima expropiación de Vicentín, empresa líder en el mercado agropecuario argentino. El Estado garantizará la continuidad de la empresa, asegurando las fuentes de empleo de sus trabajadores".

El debate quedó abierto justo en medio de un contexto de depresión económica previa a la pandemia de coronavirus covid-19 y que se proyecta como crítica en la pospandemia, debido a la conjunción de factores: la ausencia de un plan económico, la deuda externa a la que el Gobierno le dedica la mayor parte de sus esfuerzos y que coloca a la Argentina en un contexto difícil a nivel internacional y las consecuencias de la parálisis por la cuarentena interminable en el eje Capital/Provincia de Buenos Aires centralmente, pero que en los primeros 50 días afectó al resto del país también.

El debate que viene deberá ser serio, pero también se aguarda que el Congreso reaccione.

Básicamente, que la discusión no se dé por por Twitter ni en reuniones con capos de corporaciones, sino en el Parlamento, como la Constitución manda.