Políticas económicas para la guerra contra el covid-19

Por Giovanni Dell'Ariccia, Paolo Mauro, Antonio Spilimbergo y Jeromin Zettelmeyer

La pandemia del COVID-19 es una crisis sin igual. Parece una guerra, y en muchos sentidos lo es. La gente está muriendo. Los profesionales de la salud están en el frente de batalla. Quienes trabajan en servicios esenciales, distribución de productos alimenticios, servicios de entregas y suministros públicos hacen horas extraordinarias para respaldar estos esfuerzos. Y también están los soldados escondidos: aquellos que luchan contra la pandemia confinados en sus hogares, sin poder contribuir plenamente a la producción.

En una guerra, el gasto masivo en armamento estimula la actividad económica y los servicios esenciales se garantizan mediante disposiciones especiales. En esta crisis, las cosas son más complicadas, aunque una característica común es el aumento del papel del sector público.

A riesgo de simplificar demasiado, las políticas económicas deben distinguir dos fases:

Fase 1: La guerra. La pandemia está en pleno apogeo. Las medidas de mitigación impuestas para salvar vidas están reduciendo con dureza la actividad económica. Se puede prever que esta reducción dure por lo menos uno o dos trimestres.

Fase 2: La recuperación de la posguerra. La pandemia se controlará con vacunas o fármacos, la inmunidad parcial de grupo y la continuación de medidas de confinamiento menos disruptivas. A medida que se levanten las restricciones, la economía volverá-quizá con dificultad- a su funcionamiento habitual.

El éxito del ritmo de la recuperación dependerá fundamentalmente de las políticas adoptadas durante la crisis. Si las políticas ayudan a garantizar que los trabajadores no pierdan sus empleos, los arrendatarios y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten la quiebra y las redes económicas y comerciales se preserven, la recuperación tendrá lugar antes y con más suavidad.

Este es un reto importante para las economías avanzadas cuyos gobiernos pueden financiar con facilidad un aumento extraordinario del gasto incluso cuando sus ingresos están cayendo. El reto es incluso mayor para las economías emergentes y de bajo ingreso que se enfrentan a la fuga de capitales: estas economías necesitarán donaciones y financiamiento de la comunidad internacional (un tema de interés para una próxima entrada del blog).

Medidas de política en tiempos de guerra

A diferencia de otras desaceleraciones económicas, la caída del producto en esta crisis no está provocada por la demanda: es una consecuencia inevitable de las medidas para limitar la propagación de la enfermedad . El papel de la política económica no es, por tanto, estimular la demanda agregada, al menos no de forma inmediata. Más bien, la política económica tiene tres objetivos:

• Garantizar el funcionamiento de sectores esenciales. Deben incrementarse los recursos para pruebas de detección del COVID-19 y su tratamiento. Deben mantenerse la atención sanitaria habitual, la producción y distribución de productos alimenticios, las infraestructuras esenciales y los suministros públicos. Podrían ser necesarias incluso medidas intrusivas por parte de los gobiernos para la provisión de suministros fundamentales, recurriendo a mandatos en tiempo de guerra, con la priorización de contratos públicos para insumos esenciales y productos finales, la reconversión de industrias o nacionalizaciones selectivas. El requisamiento temprano de mascarillas médicas que realizó Francia y la activación de la Ley de Producción de Defensa en Estados Unidos para garantizar la producción de equipamiento médico ilustran este punto. También pueden estar justificadas medidas como el racionamiento, los controles de precios y normas contra el acaparamiento en situaciones de escasez extrema.
• Proporcionar recursos suficientes a las personas afectadas por la crisis. Los hogares que pierdan sus ingresos debido directa o indirectamente a las medidas de confinamiento necesitarán apoyo gubernamental. Este apoyo debe contribuir a que la gente se quede en casa y al mismo tiempo mantengan sus empleos (las licencias médicas financiadas por el gobierno reducen el movimiento de personas y, por tanto, el riesgo de contagio). Las prestaciones por desempleo deben ampliarse y extenderse. Es necesario que las transferencias de efectivo lleguen a los trabajadores independientes y sin empleo.
• Evitar una disrupción económica excesiva. Las políticas deben salvaguardar las redes de relaciones entre trabajadores y empleadores, productores y consumidores, prestamistas y prestatarios, de forma que las empresas puedan reanudar plenamente sus actividades cuando se haya superado la emergencia médica. Los cierres de empresas causarían pérdidas de conocimientos organizativos y la cancelación de proyectos productivos a largo plazo. Las disrupciones en el sector financiero también intensificarían las dificultades económicas. Los gobiernos deben proporcionar un apoyo excepcional a las empresas privadas, inclusive mediante subsidios salariales, con condiciones adecuadas. Ya se han puesto en marcha grandes programas de préstamos y garantías (con el riesgo asumido en última instancia por los contribuyentes) y la UE ha suministrado inyecciones directas de capital a las empresas con la relajación de su normativa sobre ayudas estatales. Si la crisis empeora, podría imaginarse el establecimiento o la ampliación de grandes sociedades de cartera estatales que tomen las riendas de las empresas privadas con problemas, como se hizo en Estados Unidos y Europa durante la Gran Depresión.

La emergencia justifica una mayor intervención del sector público mientras persistan las circunstancias excepcionales, pero dicha intervención deberá realizarse de forma transparente y con cláusulas de caducidad automática claras.

Las políticas de apoyo a los hogares, las empresas y el sector financiero implicarán una combinación de medidas de liquidez (concesión de créditos, aplazamiento de obligaciones financieras) y de solvencia (transferencias de recursos reales; véase el cuadro).

Será necesario gestionar diversas disyuntivas. Si se dan transferencias o préstamos subsidiados a una gran corporación, estos deben ser condicionales al mantenimiento de los empleos y la limitación de las recompras de acciones, los dividendos y la remuneración de su Director Ejecutivo. Las quiebras asegurarían que los accionistas asuman parte de los costos, pero causarían también importantes trastornos económicos. Una opción intermedia es que el gobierno tome una participación en la empresa. Si el problema es la liquidez, la concesión de crédito por parte de los bancos centrales (mediante programas de compra de activos) u otros intermediarios financieros controlados por el gobierno (a través de préstamos y garantías) ha demostrado ser eficaz en crisis anteriores. También surgen muchas cuestiones prácticas en la identificación y el apoyo a pequeñas y medianas empresas o trabajadores independientes gravemente afectados. Para estos, deben considerarse transferencias directas basadas en pagos de impuestos anteriores.

Estas políticas internas deben ser apoyadas por el mantenimiento de la cooperación y el comercio internacionales, que son fundamentales para vencer a la pandemia y maximizar las posibilidades de una rápida recuperación. Es necesario limitar el movimiento de personas para la contención. Pero los países deben resistir el instinto de paralizar el comercio, sobre todo de productos de atención sanitaria, y el libre intercambio de información científica.

Del lugar de refugio a la recuperación

Fomentar la recuperación tendrá también sus desafíos, incluidos niveles de deuda pública más altos y posiblemente nuevas franjas de la economía bajo control público. Sin embargo, un éxito relativo durante la fase 1 permitirá que la política económica pueda volver a su funcionamiento normal. Las medidas fiscales para impulsar la demanda serán más eficaces a medida que se permita a las personas dejar sus hogares y volver a trabajar.

Las proyecciones de las tasas de interés y la inflación antes de la pandemia eran bajas a largo plazo en la mayoría de las economías avanzadas. Evitar grandes disrupciones en las cadenas de suministro evitaría la inflación durante las fases de emergencia y recuperación. Si las medidas para contener la propagación del virus tienen éxito, el necesario incremento del coeficiente de endeudamiento público habrá sido considerable, pero las tasas de interés y la demanda agregada posiblemente sigan siendo bajas en la fase de recuperación. En estas circunstancias, el estímulo fiscal será apropiado y muy eficaz en la mayoría de las economías avanzadas. Y esto facilitará el abandono de las medidas excepcionales introducidas durante la crisis.