Las 9 dimensiones de la pobreza infantil en Argentina

El Barómetro de la Deuda Social de la Infancia del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) junto al Banco Hipotecario, Infancia en Deuda, la Fundación Alimentaris, la Fundación La Nación y la Sociedad Argentina de Pediatría publicó el documento de investigación Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023.

El documento ofrece una evaluación y monitoreo de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la Argentina urbana durante los últimos trece años. Resalta que los enfoques monetarios de medición de pobreza basados en los ingresos de los hogares pueden ser cuestionados como indicador del bienestar especialmente cuando se trata de la infancia. Esto se debe a que hay privaciones que afectan a los niños, las niñas y adolescentes que no son visibles mediante la estructura de ingresos o gastos de los hogares.

Desde este enfoque, se ofrece un índice de pobreza multidimensional basada en cinco dimensiones del desarrollo de la infancia y adolescencia que en el país guardan correspondencia con derechos humanos.

Se ha definido el desarrollo humano desde la etapa prenatal, reconociendo su crucial desarrollo en el entorno familiar durante la lactancia. Este proceso de crianza requiere tanto de una alimentación nutritiva como de un apoyo emocional. Además, para sostener el desarrollo humano, se necesitan una combinación integral de recursos materiales, sociales y culturales.

Satisfacer estas necesidades implica reconocer las formas socioculturalmente establecidas y aceptadas en la sociedad. Entonces no parece suficiente con que una sociedad alcance el despliegue de funcionamientos valiosos en algunos de sus miembros, sino que es necesario que al menos se pueda garantizar un "mínimo" para todos. El desarrollo humano se expresa en clave con el enfoque estructuralista en el modo en que se distribuyen las estructuras de oportunidades, pero también en el logro de igualdad en los resultados en el colectivo social.

Basándonos en el marco normativo del Estado Argentino y en el conocimiento científico, el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) ha creado una gama de dimensiones e indicadores para evaluar y monitorear el grado de cumplimiento de los derechos de la infancia y adolescencia en entornos urbanos.

Las dimensiones de los estudios del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia son las siguientes: 1) Alimentación, salud y vivienda; 2) Subsistencia; 3) Crianza y socialización; 4) Educación; 5) Acceso a la información; y 6) Protecciones especiales: trabajo infantil.

A continuación, se presenta un resumen de los principales resultados y balance de la serie de indicadores que habitualmente se ofrece a nivel de la población de niños, niñas y adolescentes, en el período 2010-2023.

Desafíos de la Pobreza Estructural: progresos desiguales y privaciones injustas

Desde 2011 hasta 2023, se observa un aumento constante en la proporción de hogares y personas con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria o total, con un incremento más pronunciado en la pobreza. El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han tenido un papel crucial en la mitigación de la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que requieren atención, y que ejercen un fuerte impacto en las estructuras de oportunidades de los hogares y sus miembros niños, niñas y adolescentes.

El impacto de la pandemia por COVID-19 fue significativo y regresivo en muchas otras dimensiones como salud, educación, crianza, y socialización, y si bien fue difícil la reversión en los primeros años de la postpandemia, en 2023, se retorna más claramente a situaciones previas que, aunque están lejos de expresar situaciones de bienestar y efectivo cumplimiento de derechos representan mejoras relativas destacadas en algunos casos, aunque en el marco de persistentes desigualdades sociales.

1. Erradicar la pobreza en todas sus formas

En el marco de los estudios del Barómetro, se ha construido un índice de pobreza multidimensional que establece un doble umbral de carencias, uno total y otro severo. Con tal propósito, se seleccionan seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y estimulación/educación.

Se obtuvo que el 56,3% fue pobre multidimensional en 2023 según el umbral total. Es decir, más de la mitad de los niños/as y adolescentes del país sufren al menos una privación de las mencionadas.

Por otro lado, el 16,1% padece pobreza multidimensional en niveles severos, proporción tan alarmante como la de indigencia monetaria infantil (16,2%). Estos números eran aún más elevados al inicio del periodo analizado (2010). En este sentido, estamos en presencia de mejoras, particularmente en la pobreza multidimensional medida de acuerdo con el umbral severo. Esto es debido a los avances en indicadores del hábitat como el hacinamiento y la calidad de la vivienda y en materia de escolarización.

2. Derecho a la alimentación

El 32,2% de los niños/as y adolescentes en la Argentina Urbana actual sufren inseguridad alimentaria. Es decir, no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice está muy relacionado con el nivel socioeconómico: casi 1 de cada 2 niños/as y adolescentes pobres lo manifiesta al tiempo que entre los no pobres la incidencia no alcanza el 10%.

Entre 2010 y 2017, la inseguridad alimentaria ha permanecido estable en alrededor del 20% y luego ha pegado un salto importante en 2018 para alcanzar el tercio de la población infantil. Desde entonces, no ha bajado de esa cifra y tuvo un pico de 37,2% en 2020 en el contexto de la pandemia COVID-19 y el ASPO.

Los que sufren inseguridad alimentaria en términos severos representan el 13,9% en 2023. Estos declaran haber experimentado "hambre" por problemas económicos. Los programas alimentarios de transferencia de ingresos son esenciales para ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y garantizar este derecho tanto a corto como a mediano plazo. En 2023, estos programas alcanzaron una cobertura del 60,5% de la población infantil. Debido a los altos niveles de inflación y al bajo poder adquisitivo de los salarios es necesario mejorar la eficacia, cantidad y calidad de las ayudas directas e indirectas, especialmente en los sectores mas vulnerables de donde la pobreza infantil tiene una mayor prevalencia.

3. Derecho a la salud

El 55,8% de la población de niños/as y adolescentes no cuentan con obra social, mutual ni prepaga por lo que dependen exclusivamente del sistema estatal de salud para recibir atención médica.

De este 55,8%, 90% son del estrato social mas bajo, 65,1% son del Conurbano Bonaerense y 65,4% son niños/as y adolescentes que pertenecen a hogares monoparentales. Por otro lado, si bien sigue siendo considerable la proporción de niños/as y adolescentes que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni consultas odontológicas (35,9%) entre los 3 y 17 años, estos déficits se redujeron casi un 50% en comparación al año 2020.

4. Derecho a un hábitat digno

La vivienda debe brindar protección y servicios esenciales que son cruciales para el desarrollo infantil. Tres servicios básicos relevantes conforman el déficit de saneamiento: el tener acceso a agua corriente, contar con red de cloacas y tener inodoro con descarga. el déficit de saneamiento trata de aproximar carencias en estos servicios en concreto. En 2023 un 39,5% lo padece, porcentaje que se mantiene bastante estable desde 2018.

Por otra parte, el déficit en las condiciones de medio ambiente alude a la presencia cercana al hogar de fábricas contaminantes, basurales, quema de basura y/o plagas. Asciende al 49,4% del total de niños/as y adolescentes y en los últimos años se ha incrementado a tal punto que se retrotrajo a valores cercanos de inicio del periodo en 2010.

Por último, deben mencionarse dos indicadores que aproximan otros problemas en el espacio de la vivienda. Las condiciones deficientes de construcción de la vivienda afectan al 18,7% de niños/as y adolescentes y el hacinamiento a un 18,7% y 18,4%, respectivamente.

5. Derecho a la subsistencia

En 2023, el 62,9% de los niños/as y adolescentes vive en situación de pobreza y el 16,2% vive en situación de indigencia. Esta es la cifra más alta desde el 2010. Desde el 2020, las transferencias de ingresos no contributivas, entre la que se encuentra la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzaron a más del 44% de los niños/as y adolescentes.

6. Derecho en los espacios de los procesos de crianza y socialización

La EDSA ofrece una serie de indicadores relacionados a los estilos de disciplinamiento, opciones de formación y socialización secundaria no escolar para niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años y oportunidades de estimulación emocionales e intelectuales en niños/as entre 0 y 8 años.

En el marco de la postpandemia y de la reapertura de los establecimientos educativos, la violencia de los adultos de referencia hacia los niños/as y adolescentes había disminuido fuertemente. Esta tendencia se acentuó en 2023, con indicadores que incluso llegaron a los valores más bajos de toda la serie 2010-2023. A pesar de ello, aún persisten disparidades sociales regresivas para los niños/as más vulnerables.

En el grupo de niños/as entre 0 y 8 años, se destaca que el déficit de estimulación verbal en esta población asciende al 28%, el déficit de interacción a través del dibujo entre 1 y 8 años al 16,4%, a través de las canciones al 11,5% y mediante el juego al 5,6%. Estos déficits en estas estrategias de estimulación se relevan estructurales y poco permeables a la situación socioeconómica del país.

El 52,4% de la población entre 5 y 17 años no realiza deporte fuera de la escuela. Por otra parte, el 80,8% de este grupo etario no concurre a actividades culturales. Es decir, la mayoría de los niños/as y adolescentes de estas edades están excluidos de estos espacios alternativos al escolar.

Por otro lado, el comportamiento sedentario frente a pantallas, que hace alusión a la exposición excesiva y frecuente a pantallas, afecta a 7 de cada 10 niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años. En 2020 aumentó considerablemente con respecto al anterior y desde entonces se sostuvo en esos niveles.

7. Derecho a la información

Dentro de los que tienen entre 5 y 17 años, el 17,8% no accede a Internet, el 24,4% no lo usa, el 51,1% no tiene celular y el 54,7% vive en hogares sin computadora. Todos estos déficits han mejorado desde el 2010 hasta hoy. El que menos mejoró a lo largo del periodo fue el déficit en el acceso a una computadora doméstica, probablemente porque este recurso sigue siendo económicamente inaccesible para muchos hogares. En tal sentido, las diferencias por estrato socioeconómico son relevantes.

A inicios del periodo había 3 de cada 4 niños/as y adolescentes que no tenían acceso, en 2023 solo hay uno. La popularización de este recurso fue trasversal al nivel socioeconómico.

Por otro lado, el déficit en lectura de textos impresos y en tener una biblioteca en el hogar alcanzan al 60,1% y al 68,4% de los niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años, respectivamente. Más de la mitad de los niños/as y adolescentes mayores a 5 años no presenta el hábito de lectura en 2023. Estos porcentajes son mayores a los del inicio del periodo en 2010, lo que denota una evolución opuesta a la del grupo de indicadores vinculados a las carencias de recursos tecnológicos.

8. Derecho a la educación

El 23% de los niños/as de 3 a 5 años se encuentran no escolarizados. la inasistencia a establecimientos de educación inicial es siempre más alta que la no concurrencia a la escuela primaria y secundaria. Sin embargo, desde 2010 se advierte una tendencia positiva en la asistencia a centros educativos en los más pequeños y que tiene la característica de ser común a todos los estratos sociales.

Por otro lado, el 82,6% de los niños/as y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a una escuela de gestión estatal. En 2023, no parecen existir diferencias importantes en la cobertura de la educación primaria en comparación a la secundaria. Donde sí se observan divergencias es entre estratos sociales. A medida que desciende el nivel socioeconómico, el desafío de cobertura por parte del Estado es mayor.

El déficit educativo es un indicador compuesto por aquellos que no asisten a establecimientos educativos o asisten, pero con sobreedad. En el estrato socioeconómico más bajo, su incidencia se ubica por encima del promedio general y es notablemente elevada en el universo de niños/as y adolescentes en edad de ir a la secundaria (53,9%). En casi todos los años de la serie temporal, se destaca también que es más alta en varones que en mujeres y en quienes viven con un solo adulto de referencia con respecto a quienes viven con dos.

En cuanto a las carencias en el dictado de algunas materias para niños/as y adolescentes que pueden concurrir a la escuela y en la extensión de la jornada. Para 2023, se estima que al 59,1% de la población escolarizada en la educación primaria no le enseñan computación. Por su parte, al 22,3% no le dictan asignaturas como música, plástica y/o educación física y el 44,9% no cursa una materia ligada al aprendizaje de un idioma extranjero.

En los tres indicadores existen grandes diferencias entre educación de gestión privada y estatal. Si se compara la incidencia de estas privaciones entre aglomerados, el déficit en materias de tipo programáticas se releva muy alto en el Conurbano Bonaerense al tiempo que las privaciones en computación e idioma extranjero se profundizan en el Resto urbano del Interior.

Por último, hay que subrayar que muy pocos en edad de cursar primaria (apenas el 9,9%) son los que asisten a doble jornada. No obstante, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esta proporción asciende al 46,4% y toma una distancia considerable de los otros aglomerados del país.

9. Derecho a la protección social contra el trabajo infantil

La Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA) contiene información del trabajo infantil en actividades domésticas intensivas y en el mercado. Si se tienen en consideración estas dos medidas, la estadística señala que el 13,7% realizó al menos una de las dos en 2023. De forma separada, el 5,2% participó de tareas domésticas y 9,5% en actividades económicas.

El indicador que mide propensión a realizar actividades domésticas intensivas en niños/as y adolescentes entre 5 y 17 años incide más en las mujeres que en los hombres mientras que el que mide propensión al trabajo en actividades económicas en niños/as y adolescentes entre las mismas edades tiene más incidencia en hombres. Además, ambos tienen más frecuencia entre adolescentes que en niños/as en edad de cursar el preescolar o el colegio primario.

Acceder al documento: Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023.