El IPV tiene una morosidad del 57%

El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) padece una morosidad del 57%, lo cual ya es un problema en sí mismo. Pero no es lo peor. En este porcentaje, equivalente a más de $6.690 millones, el 41% de los deudores pagaría- si lo hiciera- una cuota promedio de $100 y otro 22%, entre $101 y $500. El resto del paquete de créditos impagos representa cuotas de entre 501 y 5000 pesos. O visto de otro modo, de un total de 32.218 créditos activos, más de la mitad son de operatorias muy viejas que establecieron cuotas fijas e intereses bajísimos y aún así no pueden cobrarse .

Con lo cual, encarar una política de vivienda autofinanciada con el recupero de los créditos otorgados y lograr construir 10 mil viviendas durante una gestión (como alguna vez expresó el gobernador Alfredo Cornejo) es inviable en las actuales condiciones del organismo, y por supuesto, de la economía provincial.

Por esto mismo, esta semana fue altamente promocionada una intimación que le cursaron a unos 1596 deudores que cuentan dos automóviles, según datos cruzados con Administración Tributaria Mendoza (ATM) a modo de llamar la atención sobre la falta de "cultura" de pago respecto a las viviendas; pero también para empezar a cobrar todo ese capital e intereses porque es época de escasez de recursos, más aún con la retirada del gobierno nacional de toda política de vivienda para las personas que no pueden recurrir al crédito privado. Al menos, es así por ahora.

En ese sentido, es que el gobernador les pidió a los responsables del área, por un lado, intensificar el recupero de los créditos y por otro, gestionar la culminación de los que estaban ya iniciados. Se trata de barrios ubicados en 5 comunas, por alrededor de $2.500.000 que Nación se ha comprometido a enviar fondos.

En este tren de cosas, es que el titular del IPV, Gustavo Cantero aclaró que siempre se hacen gestiones de cobro, a la par de que el proceso para desadjudicar una vivienda es largo. A la vez defendió el objetivo principal del IPV, es decir, que las personas de sectores vulnerables y clase media puedan acceder a la vivienda. Por esto, explicó que "queremos que todos paguen dentro de las posibilidades de los ingresos del grupo familiar, o sea, hasta el 15% de los ingresos- y ese es el objetivo- hacer tomar conciencia de que la única forma de que esto continúe en el tiempo es que todos colaboremos".

Pero no todo son créditos licuados por el tiempo y la inflación, sino que los créditos acordados desde el 2016 en adelante, alrededor de 5400, fueron calculados bajo una fórmula de actualización salarial y la mayoría tiene cuotas promedios de $99.000. En este caso, la morosidad es del 26% frente a un cumplimiento del 74%.

Así es el proceso para desadjudicar una vivienda del IPV:

De todos modos, Cantero adelantó que presentarán en la Legislatura un cambio en la Ley 9378 que es de regularización nominal y de cancelaciones donde "vamos a dar la posibilidad de cancelar esos créditos viejos, llamar al que está en mora y limpiar esa cartera antigua y quedarnos con los nuevos créditos de cuotas actualizadas a través del coeficiente de variación salarial y ahí sí, a largo plazo, vamos a tener un sistema de autofinanciación de viviendas, pero a largo plazo", concluyó.